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En manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quedaron nueve bienes del exsenador Mario Castaño, quien está investigado por liderar una red de corrupción. El CTI de la Fiscalía se encargó de realizar las diligencias y ocupar los inmuebles en Manizales, Caldas. Están avaluados en más de $12 mil millones.
Las propiedades afectadas son un inmueble urbano, un establecimiento de comercio y siete vehículos. De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, el excongresista compró los bienes y los puso a nombre de una sociedad transportadora para, presuntamente, intentar evadir el control de las autoridades.
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De acuerdo con Liliana Patricia Donado, directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía, este resultado corresponde a una segunda fase investigativa dirigida a detectar el patrimonio constituido por el exsenador. En la primera fase, llevada a cabo en junio pasado, fueron ocupados 28 inmuebles urbanos, siete vehículos, dos sociedades y un establecimiento de comercio, avaluados en $13.717 millones.
En esa oportunidad, los procedimientos se realizaron en Pereira (Risaralda), Manizales (Caldas), Quibdó (Chocó), Cartagena (Bolívar) y Medellín (Antioquia). Actualmente, los bienes ocupados están a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
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La lupa de las autoridades están sobre el exsenador Mario Castaño porque es señalado de liderar una red de corrupción en la que, al parecer, direccionó ilícitamente algunas contrataciones en varias regiones del país. Aunque el político dijo que era inocente de lo que se le acusaba, recientemente, en una audiencia en la Corte Suprema de Justicia reconoció su responsabilidad.
Lo hizo ante el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez. El político llegó al alto tribunal esposado y en compañía de dos guardias del Inpec. En una diligencia no duró un poco más de dos horas, Castaño aceptó responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos peculado por apropiación, estafa y concusión.
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El excongresista aceptó su responsabilidad por ser la cabeza de una red criminal integrada por servidores públicos y por particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal en los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima.
En este momento, el expediente de Castaño se encuentra en manos de la Sala de Primera Instancia que será la que imponga la pena y considere si tendrá algunos beneficios por haber aceptado responsabilidad en los hechos. En medio del proceso judicial, el político pidió perdón y dijo que reintegraría el dinero del que se apropió indebidamente.
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El expediente contra Castaño aterrizó en la Corte Suprema por cuenta de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía en marzo pasado, días antes de las elecciones legislativas. En ese momento, el ente investigador capturó e imputó a 10 personas señaladas de integrar la red de corrupción a servicio del exsenador caldense.
Según interceptaciones telefónicas, información contractual y otras pruebas, la supuesta organización criminal se hizo a más de $43.000 millones de dinero público entre contratos de “Sacúdete”, una estrategia del gobierno Duque, de licores y de reparación de vías en departamentos como Caldas y Chocó.
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Aunque las investigaciones contra Castaño iniciaron en el primer semestre del año, la Fiscalía sigue adelantando judicializaciones contra funcionarios públicos inmersos en esa red. Por ejemplo, hace un par de semanas, las autoridades también realizaron otro operativo en el que fueron capturados más de cinco alcaldes.
Se trata de los mandatarios de Suárez (Cauca), Ronal Villegas, La Merced (Caldas), Jhonattan Vásquez, Aguadas (Caldas), Diego Fernando González, Villamaría (Caldas), Andrés Felipe Aristizábal, Medardo Ortega, Armero-Guayabal (Tolima), Víctor Hugo Franco Muñoz, Piedamó (Cauca) y Alcalá (Valle) Gloria Stella Raigoza.
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