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La directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Martha Lucía Zamora, fue llamada a juicio por posibles actos de corrupción de varios funcionarios para favorecer a exintegrantes de las desmovilizadas Farc. La Fiscalía General investiga a la exfiscal por los delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales.
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También fueron llamados a juicio los contratistas de la JEP July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez. Henríquez es investigado por falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Y Caicedo Ramírez por los cargos de falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública. Todos se declararon inocentes.
La Fiscalía cuenta con dos audios que comprobarían el actuar ilegal de Zamora sobre supuestas asesorías ilegales y extralimitación de funciones que, a juicio del fiscal, no estaban permitidas. Si bien las autoridades indagaban la salida del país de varios exguerrilleros, la Fiscalía, en el curso de esta investigación, citó los casos de José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape, y de Israel Alberto Zuñiga, conocido como Benkos, a quienes se les autorizó la salida del país por orden, según la Fiscalía, de Henríquez Sampayo.
Zamora habría gestionado las autorizaciones a pesar de que sabía que no estaba permitido. “(Zamora) inicia contactos con uno de los magistrados (de la Sala de Amnistía e Indulto) para que se procediera a autorizar esa salida del país (…), pero sorpresivamente la señora Yuli Andrea Henríquez de forma autónoma, inconsulta e independiente, autoriza la salida del país de estas dos personas”, comentó el fiscal delegado en la audiencia de imputación de cargos.
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Para la Fiscalía, Caicedo Ramírez y Henríquez Sampayo tenían como función la suscripción de actas de excombatientes, “nada más ni nada menos que el mecanismo de entrada a la JEP (…)". “Adicionalmente desarrollan otro tipo de actividades con funciones públicas: intervienen claramente en el diligenciamiento y en la verificación de autorizaciones de salida del país que no es su decisión porque, justamente, esa decisión está asignada al secretario ejecutivo de la JEP”, explicó al Fiscalía.