Martha Lucía Zamora renunció a la JEP

Este viernes la directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, Martha Lucía Zamora, presentó renuncia a su cargo. La justicia especial acepto la dimisión, por lo que Zamora trabajará hasta el próximo lunes 11 de marzo. La renuncia está relacionada con el avance del proceso judicial que le lleva la Fiscalía General por supuestos actos de corrupción en ese organismo.

De hecho, el pasado 20 de febrero, la Fiscalía llamó a juicio a Zamora por supuestamente favorecer a exintegrantes de las desmovilizadas Farc. La entidad linvestiga a la exfiscal por los delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. En la carta de renuncia, conocida por El Espectador, Zamora señala que "por encima de demostrar mi inocencia, está mi respeto por todos los funcionarios y funcionarias de la JEP y por su incansable tarea de cumplirles a las víctimas y a la comunidad internacional".

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"Lamentablemente la Fiscalía tomó una decisión que me obliga a enfocar todos mis esfuerzos en la defensa de una acusación injusta, porque tengo la plena convicción que jamás he cometido un delito", agrega la carta de Zamora. En la misiva, la exfiscal asegura que le tiene cariño a la JEP y que, por eso, "no me perdonaría jamás que, por mí, continúen los ataques mediáticos".

Junto con ella, comparecerán  los contratistas de la JEP July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez. Henríquez es investigado por falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Y Caicedo Ramírez por los cargos de falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública. Todos se declararon inocentes.

La Fiscalía cuenta con dos audios que comprobarían el actuar ilegal de Zamora sobre supuestas asesorías ilegales y extralimitación de funciones que, a juicio del fiscal, no estaban permitidas. Si bien las autoridades indagaban la salida del país de varios exguerrilleros, la Fiscalía, en el curso de esta investigación, citó los casos de José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape, y de Israel Alberto Zuñiga, conocido como Benkos, a quienes se les autorizó la salida del país por orden, según la Fiscalía, de Henríquez Sampayo.

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Zamora habría gestionado las autorizaciones a pesar de que sabía que no estaba permitido. “(Zamora) inicia contactos con uno de los magistrados (de la Sala de Amnistía e Indulto) para que se procediera a autorizar esa salida del país (…), pero sorpresivamente la señora Yuli Andrea Henríquez de forma autónoma, inconsulta e independiente, autoriza la salida del país de estas dos personas”, comentó el fiscal delegado en la audiencia de imputación de cargos.

Para la Fiscalía, Caicedo Ramírez y Henríquez Sampayo tenían como función la suscripción de actas de excombatientes, “nada más ni nada menos que el mecanismo de entrada a la JEP (…)". “Adicionalmente desarrollan otro tipo de actividades con funciones públicas: intervienen claramente en el diligenciamiento y en la verificación de autorizaciones de salida del país que no es su decisión porque, justamente, esa decisión está asignada al secretario ejecutivo de la JEP”, explicó al Fiscalía.

Lea también: Las pruebas de la Fiscalía contra Martha Lucia Zamora)

Este viernes la directora de Asuntos Jurídicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, Martha Lucía Zamora, presentó renuncia a su cargo. La justicia especial acepto la dimisión, por lo que Zamora trabajará hasta el próximo lunes 11 de marzo. La renuncia está relacionada con el avance del proceso judicial que le lleva la Fiscalía General por supuestos actos de corrupción en ese organismo.

De hecho, el pasado 20 de febrero, la Fiscalía llamó a juicio a Zamora por supuestamente favorecer a exintegrantes de las desmovilizadas Farc. La entidad linvestiga a la exfiscal por los delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. En la carta de renuncia, conocida por El Espectador, Zamora señala que "por encima de demostrar mi inocencia, está mi respeto por todos los funcionarios y funcionarias de la JEP y por su incansable tarea de cumplirles a las víctimas y a la comunidad internacional".

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"Lamentablemente la Fiscalía tomó una decisión que me obliga a enfocar todos mis esfuerzos en la defensa de una acusación injusta, porque tengo la plena convicción que jamás he cometido un delito", agrega la carta de Zamora. En la misiva, la exfiscal asegura que le tiene cariño a la JEP y que, por eso, "no me perdonaría jamás que, por mí, continúen los ataques mediáticos".

Junto con ella, comparecerán  los contratistas de la JEP July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo Ramírez. Henríquez es investigado por falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, perturbación de actos oficiales, y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Y Caicedo Ramírez por los cargos de falsedad ideológica en documento público y abuso de función pública. Todos se declararon inocentes.

La Fiscalía cuenta con dos audios que comprobarían el actuar ilegal de Zamora sobre supuestas asesorías ilegales y extralimitación de funciones que, a juicio del fiscal, no estaban permitidas. Si bien las autoridades indagaban la salida del país de varios exguerrilleros, la Fiscalía, en el curso de esta investigación, citó los casos de José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape, y de Israel Alberto Zuñiga, conocido como Benkos, a quienes se les autorizó la salida del país por orden, según la Fiscalía, de Henríquez Sampayo.

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Zamora habría gestionado las autorizaciones a pesar de que sabía que no estaba permitido. “(Zamora) inicia contactos con uno de los magistrados (de la Sala de Amnistía e Indulto) para que se procediera a autorizar esa salida del país (…), pero sorpresivamente la señora Yuli Andrea Henríquez de forma autónoma, inconsulta e independiente, autoriza la salida del país de estas dos personas”, comentó el fiscal delegado en la audiencia de imputación de cargos.

Para la Fiscalía, Caicedo Ramírez y Henríquez Sampayo tenían como función la suscripción de actas de excombatientes, “nada más ni nada menos que el mecanismo de entrada a la JEP (…)". “Adicionalmente desarrollan otro tipo de actividades con funciones públicas: intervienen claramente en el diligenciamiento y en la verificación de autorizaciones de salida del país que no es su decisión porque, justamente, esa decisión está asignada al secretario ejecutivo de la JEP”, explicó al Fiscalía.

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