Más de 375 líderes sociales y firmantes han sido asesinados en Cauca en dos años
La Defensoría del Pueblo asegura que desde la firma del Acuerdo de Paz, el departamento ha sido testigo de la violencia y conflicto interno del país. Estas son las cifras.
La Defensoría del Pueblo presentó cifras que mostrarían el incremento de homicidios, atentados, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamientos forzados en Cauca. Los números dan cuenta de que hubo 480 casos del 2022 y 560 en el 2023, lo que deja expone un aumento de más del 15% en los dos últimos años.
“Los episodios de violencia en el Cauca han generado impactos de consideración a distintos grupos poblacionales, pues han sufrido la vulneración de sus derechos, particularmente los sujetos de especial protección internacional, como las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes y campesinas”, manifestaron representantes del ente de control.
Agregaron que su registro de hechos da cuenta de que los crímenes se cometieron “a causa del conflicto armado, siendo las y los líderes sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz en el segundo semestre del 2016 hasta la fecha, los más afectados en el departamento, con 302 personas asesinadas. Les siguen los excombatientes de las Farc, con 73 homicidios”, expusieron desde la Defensoría.
Durante el evento se conoció que el conflicto ha permitido que niños, niñas y adolescentes sean utilizados por grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc y el ELN. Asimismo, que delitos como asesinatos, atentados, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento sean el eje central de la violencia en la población.
La Defensoría hizo un llamado al gobierno para que la población civil sea protegida, y que se incluyan a los excombatientes de las Farc que firmaron y estuvieron de acuerdo con el Proceso de Paz al renunciar a las armas e integrarse a la comunidad, así mismo, las lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
En lo que va de 2024, la Defensoría ha emitido 27 alertas tempranas estructurales, para los municipios de Piamonte, Caldono, Argelia, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, donde el conflicto representa la amenaza de la seguridad y el mayor riesgo para las comunidades que habitan en la zona y poder controlar el orden público que afecta al departamento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Defensoría del Pueblo presentó cifras que mostrarían el incremento de homicidios, atentados, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamientos forzados en Cauca. Los números dan cuenta de que hubo 480 casos del 2022 y 560 en el 2023, lo que deja expone un aumento de más del 15% en los dos últimos años.
“Los episodios de violencia en el Cauca han generado impactos de consideración a distintos grupos poblacionales, pues han sufrido la vulneración de sus derechos, particularmente los sujetos de especial protección internacional, como las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes y campesinas”, manifestaron representantes del ente de control.
Agregaron que su registro de hechos da cuenta de que los crímenes se cometieron “a causa del conflicto armado, siendo las y los líderes sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz en el segundo semestre del 2016 hasta la fecha, los más afectados en el departamento, con 302 personas asesinadas. Les siguen los excombatientes de las Farc, con 73 homicidios”, expusieron desde la Defensoría.
Durante el evento se conoció que el conflicto ha permitido que niños, niñas y adolescentes sean utilizados por grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc y el ELN. Asimismo, que delitos como asesinatos, atentados, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamiento sean el eje central de la violencia en la población.
La Defensoría hizo un llamado al gobierno para que la población civil sea protegida, y que se incluyan a los excombatientes de las Farc que firmaron y estuvieron de acuerdo con el Proceso de Paz al renunciar a las armas e integrarse a la comunidad, así mismo, las lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
En lo que va de 2024, la Defensoría ha emitido 27 alertas tempranas estructurales, para los municipios de Piamonte, Caldono, Argelia, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez, donde el conflicto representa la amenaza de la seguridad y el mayor riesgo para las comunidades que habitan en la zona y poder controlar el orden público que afecta al departamento.
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