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La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, entregó un balance sobre la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las demoras que este ha presentado, luego de dos meses de haber iniciado el calendario escolar. Según el informe, más de 74.000 niños y niñas se encuentran sin atención por incumplimientos en el programa.
La situación se ha tornado preocupante, incluso para la titular de la entidad, quien se pronunció este jueves acerca de los incumplimientos. “Varios departamentos y municipios se rajan al no haber echado a rodar la operación, mientras que otros andan a media marcha”, señaló la funcionaria.
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De acuerdo con el informe del ente de control, municipios como Girardot, Cundinamarca, y Sincelejo, capital del departamento de Sucre, hasta ahora se encuentran en proceso contractual para garantizar el programa, afectando el derecho a la alimentación de 54.724 niños y niñas de 43 instituciones educativas.
El panorama también es complejo, por ejemplo, en Antioquia, pues las poblaciones de Abejorral, Amagá, Ciudad Bolívar, Fredonia, Heliconia, Jericó, Puerto Berrio, San Pedro de Urabá, Titiribí, Urrao y Venecia presentan varios obstáculos para avanzar en el PAE, dejando a más de 20.000 beneficiarios afectados. Atlántico, Bolívar, Meta y Sucre se suman a los departamentos con problemas en la implementación del PAE.
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Por todos estos motivos, el Ministerio Público aseguró que va a intensificar sus labores de vigilancia y monitoreo sobre el cumplimiento del programa. Además, ya solicitó información sobre los avances de los procesos de contratación y las razones operativas, técnicas y jurídicas por las cuales se están presentando retrasos en la operación. “El bienestar de la niñez y su nutrición deben ser prioridad de los entes territoriales”, sentenció Cabello.
Cabe recordar que la implementación del PAE durante años ha traído consigo varios casos de corrupción por temas contractuales. El pasado 21 de marzo, por ejemplo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años de prisión al exgobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por haber direccionado un contrato de alimentación a una empresa que no cumplía con los requisitos legales en 2015. Por esa acción, según el alto tribunal, terceros se quedaron con más de $3.000 millones.
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