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El pasado 8 de junio, los presidentes de las altas cortes anunciaron el inicio de un nuevo concurso de méritos para encontrar al reemplazo del cuestionado registrador Alexánder Vega. Los magistrados Diana Fajardo, de la Corte Constitucional; Fernando Castillo, de la Corte Suprema de Justicia, y Jaime Rodríguez, del Consejo de Estado, tienen la oportunidad de demostrarle al país que esta vez no se cometerán los mismos errores del pasado y que elegirán a una persona, ojalá mujer, más idónea, proba e independiente. La democracia colombiana lo necesita.
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La reforma política de 2003 cambió el mecanismo para elegir al registrador nacional e introdujo un concurso de méritos que, en teoría, permitiría garantizar la idoneidad e independencia de los candidatos ganadores. Con el fin de determinar si estos objetivos se han cumplido, este artículo estudia de forma sistemática los cuatro concursos de mérito que se han impulsado para elegir a los registradores en Colombia.
En breve, se observa que el concurso de méritos envejeció mal, pues su capacidad para promover que ganen los mejores y los más independientes ha disminuido de forma considerable. Este artículo fue elaborado por el semillero de investigación Política y Derecho(s) de la Universidad del Rosario con base en las respuestas oportunas que recibimos a nuestros derechos de petición y una revisión de prensa de los procesos de elección.
La edad de oro del concurso de méritos
El mecanismo que introdujo la reforma política de 2003 implicó un cambio radical. Con el fin de promover la independencia y la calidad de la Registraduría, el Congreso determinó que los presidentes de las tres altas cortes (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado) elegirían al registrador con base en un concurso público de méritos.
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Este fue un cambio radical porque, en aquella época, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encargaba de elegir al registrador. Ese mecanismo permitía que los partidos, representados en el CNE, influyeran en la elección del registrador, lo cual no solo minaba su independencia y calidad, sino que sirvió para impulsar procesos de elección poco públicos y transparentes.
El concurso de méritos se puso en marcha por primera vez cuatro años después de la aprobación de la reforma política y en sus inicios los resultados fueron relativamente satisfactorios.
Los presidentes de las altas cortes reglamentaron el nuevo proceso en 2007 y decidieron que se tendría en cuenta tanto la entrevista como la hoja de vida de los candidatos: la entrevista pesó el 30 % y la hoja de vida el 70 %. A su vez, el porcentaje de la hoja de vida consideró la experiencia profesional (50 %), la formación profesional avanzada (10 %), la experiencia docente (5 %) y la autoría de obras (5 %).
Estas reglas de juego gobernaron los concursos de méritos que se llevaron a cabo en 2007, 2011 y 2015. En términos generales, se observa que los dos primeros procesos de elección promovieron la elección de un registrador idóneo e independiente.
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Los presidentes de las altas cortes eligieron a Carlos Ariel Sánchez en 2007 y lo reeligieron en 2011. Sánchez no solo obtuvo el primer lugar en la hoja de vida (con especial ventaja en la formación profesional), sino que su entrevista superó ampliamente el promedio (24 puntos de 30 en 2007 y 25 de 30 en 2011). No es sorprendente encontrar entonces que la puntuación total de Sánchez fuera casi perfecta en 2007 (94 de 100) y perfecta en 2011 (100 de 100).
En este sentido, en los dos primeros concursos de méritos, los presidentes de las altas cortes eligieron y reeligieron a un candidato que garantizaba la idoneidad e independencia de la Registraduría. Esto fue posible porque en los dos procesos primó la calificación de la hoja de vida en lugar de la entrevista.
La edad oscura del concurso de méritos
Lo opuesto ha ocurrido en los últimos dos concursos. La capacidad de concurso de méritos para promover la elección de un registrador idóneo e independiente ha disminuido de forma dramática.
Sin cambiar las reglas de juego que sirvieron para elegir a Carlos Ariel Sánchez en 2007 y 2011, los presidentes de las altas cortes eligieron en 2015 a Juan Carlos Galindo en un cuestionado proceso, pues resultó elegido a pesar de tener una hoja de vida promedio.
Él ganó gracias a que su entrevista fue muy bien calificada. Candidatos con mejores hojas de vida que Galindo obtuvieron puntajes sospechosamente bajos en la entrevista. Las críticas no se hicieron esperar, pues al parecer la evaluación de las entrevistas les permitió a los presidentes de las altas cortes reordenar la lista basada en los puntajes de las hojas de vida.
Para enfrentar estas críticas, los presidentes de las altas cortes cambiaron las reglas de juego en 2019. Según Álvaro Fernando García, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, las nuevas reglas promoverían un proceso justo y objetivo. Sin embargo, estas reglas poco respondieron a las críticas que la elección de Galindo había dejado en evidencia: no solo mantuvieron las entrevistas y su peso, sino que no introdujeron mecanismos claros para su calificación.
En su lugar y sin una clara justificación, los presidentes de las cortes decidieron reestructurar por completo el 70 % restante. Introdujeron dos exámenes, uno de conocimientos y otro de competencias, y disminuyeron el peso de la hoja de vida a un mísero 20 %.
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Estas fueron las reglas que gobernaron la elección del registrador Alexánder Vega en 2019: la elección de registrador más polémica y cuestionada de la historia reciente. Vega ganó porque obtuvo el mejor puesto en la prueba de conocimiento y el segundo puesto en la entrevista. Le ayudaron las nuevas reglas porque su hoja de vida fue la peor. Con las reglas anteriores, Vega nunca habría sido elegido registrador (recordar que antes la hoja de vida pesaba el 70 %).
La elección del candidato con la peor hoja de vida no pasó desapercibida. Muchos criticaron no solo la calidad de los exámenes, sino también el papel protagónico, opaco y subjetivo de la entrevista. Algunos demandaron la elección de Vega ante el Consejo de Estado, que no la anuló, pero recomendó enfáticamente a los presidentes de las altas cortes dejar un registro documental de las entrevistas y usar parámetros claros para evaluar este componente.
Entonces, en los últimos dos procesos de elección, los presidentes de las altas cortes eligieron a los candidatos que obtuvieron los mejores resultados en la entrevista (Galindo) o en un examen y la entrevista (Vega). La idoneidad e independencia de los dos últimos registradores ha quedado en entredicho por el creciente peso de criterios distintos a la hoja de vida.
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La vitalidad de la democracia colombiana depende de la elección de un registrador serio, capaz e independiente, ojalá mujer, cuyo nombramiento logre revertir la tendencia decadente de los últimos concursos de méritos.
Sin embargo, preocupa encontrar que los criterios de “mérito” que regirán el concurso de este año son prácticamente los mismos que se usaron en 2019, pues los cambios del Acuerdo 01 de 2023 son menores. Por ejemplo, se volverá a considerar la experiencia docente en el 20 % que pesa la hoja de vida y se dejará un registro documental de las entrevistas que, infortunadamente, serán reservadas.
Estas reglas poco ayudan a resolver la preocupación principal de los últimos concursos: el decreciente peso de la hoja de vida a favor de unas entrevistas que se evalúan de forma poco transparente y reservada. “En el tema de la entrevista, dijo José Gregorio Hernández en 2019, hay un gran agujero por el que se puede filtrar el bicho de la política”.
Honorables magistrados: Colombia necesita un mejor registrador. Está en sus manos.