Masacre Alto Remanso: Fiscalía imputa y pedirá cárcel para 24 militares
Ante el juzgado promiscuo municipal de Puerto Leguízamo, Putumayo, la Fiscalía adelanta una audiencia de imputación de cargos tras la cual, además, pedirá privación de libertad para los 24 militares señalados de participar en la masacre de Alto Remanso.
La Fiscalía General de la Nación adelanta audiencia de imputación de cargos en contra de los 24 militares señalados de participar en la masacre de 11 personas en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022. La audiencia corresponde al inicio del proceso penal contra los militares involucrados en las muertes de comuneros en el marco de una supuesta persecución de disidentes de las FARC en la frontera sur del país.
El Espectador habló con una de las víctimas, que le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se haga justicia.
“Mi petición es que dejen de negarse y sacar excusas en la audiencia. Nos vinieron a matar gente campesina a nuestra vereda. Yo me críe aquí en la vereda del Alto Remanso, me amenazaron con una pistola en la cabeza, me sacaron de mi cuarto confundiéndome con una de las muchachas que trabajaron esos 3 días en la caseta y ahora resulta que un militar está más traumatizado que yo, que fui víctima, que nos tocó sufrir cuando pasaban las balas por los lados a centímetros y que vimos muertos a nuestros amigos y vecinos...Lo único que pido es que se haga justicia y que paguen todos los militares los sufrimientos que nos hicieron pasar a nosotros”, afirmó una víctima del caso.
Lea: Multinacional china interpone demanda contra Colombia: culpa al Clan del Golfo
Homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio contra persona protegida y perfidia (utilizar el engaño para obtener una ventaja sobre un enemigo) son los cargos a los que se enfrentarán en el proceso penal un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército. El Espectador conoció que la Fiscalía, una vez impute a los militares, pedirá privación de libertad para cada uno de los señalados de participar en la masacre.
Como lo ha develado este diario, la Fiscalía tiene clara su hipótesis con respecto a una operación militar con dicientes irregularidades y considerada una grave violación de derechos humanos de una zona abandonada por el Estado. En este caso, como ha sido de público conocimiento, gracias a la visita periodística de El Espectador, Voragine y Cambio, y a la denuncia de autoridades comunitarias, los militares entraron a disparar abiertamente a un bazar. Ante los medios, justificaron la operación por la búsqueda de un líder disidente de los Comandos de la Frontera.
Le puede interesar: Dos abogados de Olmedo López renunciaron tras filtración y temen ser asesinados
En realidad, el Ejército nunca dio con su objetivo militar y, en cambio, irrumpieron a sangre y fuego en la comunidad, llevándose la vida de 11 personas civiles que departían en un evento regional. Durante la ejecución de la operación militar, un joven de nombre Carlos, de 16 años, falleció en circunstancias pendientes por esclarecer y la joven Juliana, de 17 años, resultó herida por disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la habitación de su casa, donde le tocó resguardarse de la “balacera”, como le contó al equipo periodístico. Ella fue trasladada en helicóptero a la clínica por personal militar y auxiliar de enfermería. En la consulta médica informó que estaba embarazada.
Las evidencias encontradas por la alianza periodística y que podrían ser hechos cruciales a lo largo del expediente judicial dan cuenta de que la escena del crimen fue alterada. En su momento, el comandante general del Ejército, el general (r) Eduardo Zapateiro y el ministro de Defensa, Diego Molano, dieron legitimidad a la operación militar. Lo cual desató una oleada de críticas al gobierno de Iván Duque, que hasta ahora tiene un avance en la justicia con esta imputación, momento en el cual los involucrados podrían aceptar responsabilidad a cambio de beneficios judiciales. El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional le entregó el expediente a la Fiscalía por encima de la Justicia Penal Militar.
Lea también: La pelea para no cerrar el caso contra Pacho Santos por creación del Bloque Capital
Los imputados son el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza. Así como los cabos primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango; Wilson Andrés Santamaría Ramos; Cristian Pérez Galindo; Dairo José Arboleda Toro; Jhon Félix Badel Correa; Edinson Javier Esteban Aguiar; José Efraín Lectamo Yalanda; Santander Licona Ramos; Wilmer Mosquera Poscué; Luis Ángel Núñez Peña; Danilo Quintero Urrea; José Alexánder Villa Ciro; Fenancio Noé Anama Escobar; Maycol Mauricio Abril Hernández; Yeizon David Becerra Gutiérrez; Róbinson Beleño Herrera; Franky Fabián Hoyos Pérez; Jhon Freddy Hoyos Quiñónez; Carlos Alberto Perdomo Romero; Jeisson Rico Soto; y Yeison Andrade Rivera Holguín.
(*) Nota del Editor. En la publicación inicial de este artículo, se había incluido erradamente como persona imputada por los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022 en la vereda El Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo Putumayo, a la persona con iniciales HCO. El Espectador rectifica esta información, aclarando que dicha persona no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en la vereda El Alto Remanso, siendo sí el abogado defensor de 5 de las personas imputadas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fiscalía General de la Nación adelanta audiencia de imputación de cargos en contra de los 24 militares señalados de participar en la masacre de 11 personas en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022. La audiencia corresponde al inicio del proceso penal contra los militares involucrados en las muertes de comuneros en el marco de una supuesta persecución de disidentes de las FARC en la frontera sur del país.
El Espectador habló con una de las víctimas, que le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se haga justicia.
“Mi petición es que dejen de negarse y sacar excusas en la audiencia. Nos vinieron a matar gente campesina a nuestra vereda. Yo me críe aquí en la vereda del Alto Remanso, me amenazaron con una pistola en la cabeza, me sacaron de mi cuarto confundiéndome con una de las muchachas que trabajaron esos 3 días en la caseta y ahora resulta que un militar está más traumatizado que yo, que fui víctima, que nos tocó sufrir cuando pasaban las balas por los lados a centímetros y que vimos muertos a nuestros amigos y vecinos...Lo único que pido es que se haga justicia y que paguen todos los militares los sufrimientos que nos hicieron pasar a nosotros”, afirmó una víctima del caso.
Lea: Multinacional china interpone demanda contra Colombia: culpa al Clan del Golfo
Homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio contra persona protegida y perfidia (utilizar el engaño para obtener una ventaja sobre un enemigo) son los cargos a los que se enfrentarán en el proceso penal un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército. El Espectador conoció que la Fiscalía, una vez impute a los militares, pedirá privación de libertad para cada uno de los señalados de participar en la masacre.
Como lo ha develado este diario, la Fiscalía tiene clara su hipótesis con respecto a una operación militar con dicientes irregularidades y considerada una grave violación de derechos humanos de una zona abandonada por el Estado. En este caso, como ha sido de público conocimiento, gracias a la visita periodística de El Espectador, Voragine y Cambio, y a la denuncia de autoridades comunitarias, los militares entraron a disparar abiertamente a un bazar. Ante los medios, justificaron la operación por la búsqueda de un líder disidente de los Comandos de la Frontera.
Le puede interesar: Dos abogados de Olmedo López renunciaron tras filtración y temen ser asesinados
En realidad, el Ejército nunca dio con su objetivo militar y, en cambio, irrumpieron a sangre y fuego en la comunidad, llevándose la vida de 11 personas civiles que departían en un evento regional. Durante la ejecución de la operación militar, un joven de nombre Carlos, de 16 años, falleció en circunstancias pendientes por esclarecer y la joven Juliana, de 17 años, resultó herida por disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la habitación de su casa, donde le tocó resguardarse de la “balacera”, como le contó al equipo periodístico. Ella fue trasladada en helicóptero a la clínica por personal militar y auxiliar de enfermería. En la consulta médica informó que estaba embarazada.
Las evidencias encontradas por la alianza periodística y que podrían ser hechos cruciales a lo largo del expediente judicial dan cuenta de que la escena del crimen fue alterada. En su momento, el comandante general del Ejército, el general (r) Eduardo Zapateiro y el ministro de Defensa, Diego Molano, dieron legitimidad a la operación militar. Lo cual desató una oleada de críticas al gobierno de Iván Duque, que hasta ahora tiene un avance en la justicia con esta imputación, momento en el cual los involucrados podrían aceptar responsabilidad a cambio de beneficios judiciales. El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional le entregó el expediente a la Fiscalía por encima de la Justicia Penal Militar.
Lea también: La pelea para no cerrar el caso contra Pacho Santos por creación del Bloque Capital
Los imputados son el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza. Así como los cabos primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango; Wilson Andrés Santamaría Ramos; Cristian Pérez Galindo; Dairo José Arboleda Toro; Jhon Félix Badel Correa; Edinson Javier Esteban Aguiar; José Efraín Lectamo Yalanda; Santander Licona Ramos; Wilmer Mosquera Poscué; Luis Ángel Núñez Peña; Danilo Quintero Urrea; José Alexánder Villa Ciro; Fenancio Noé Anama Escobar; Maycol Mauricio Abril Hernández; Yeizon David Becerra Gutiérrez; Róbinson Beleño Herrera; Franky Fabián Hoyos Pérez; Jhon Freddy Hoyos Quiñónez; Carlos Alberto Perdomo Romero; Jeisson Rico Soto; y Yeison Andrade Rivera Holguín.
(*) Nota del Editor. En la publicación inicial de este artículo, se había incluido erradamente como persona imputada por los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2022 en la vereda El Alto Remanso del municipio de Puerto Leguizamo Putumayo, a la persona con iniciales HCO. El Espectador rectifica esta información, aclarando que dicha persona no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en la vereda El Alto Remanso, siendo sí el abogado defensor de 5 de las personas imputadas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.