Masacre de Alto Remanso: próximo 25 de junio imputarán cargos contra 25 militares
La operación militar del Ejército ocurrió en marzo de 2022 en Puerto Leguízamo, Putumayo. En el hecho murieron 11 personas, entre ellos una autoridad indígena y un menor de edad.
Más de dos años después de la masacre en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguizamo (Putumayo), en la que militares quedaron expuestos por la muerte de 11 personas civiles, la Fiscalía vinculará formalmente a una investigación penal a los presuntos responsables. Se trata de 25 militares quienes serán imputados por homicidio, por lo que se ha considerado una operación militar con dicientes irregularidades y una grave violación de derechos humanos de una zona abandonada por el Estado.
Lea: Estos son los 25 militares que serán imputados por masacre en Puerto Leguízamo
La audiencia de imputación se desarrollará el próximo 25 de junio y será una oportunidad para que los militares involucrados acepten responsabilidad, a cambio de beneficios penales. Ese día, la Fiscalía les dará a conocer a los 25 indiciados los hechos por los cuales podrían enfrentar un juicio en el futuro. En este caso, como ha sido de público conocimiento, gracias a la visita periodística de El Espectador, Voragine y Cambio, y a la denuncia de autoridades comunitarias, los militares entraron a disparar abiertamente a un bazar. Ante los medios, justificaron la operación por la búsqueda de un líder disidente de los Comandos de la Frontera.
En realidad, el Ejército nunca dio con su objetivo militar y, en cambio, irrumpieron a sangre y fuego en la comunidad, llevandose la vida de 11 personas civiles. Durante la ejecución de la operación militar, un joven de nombre Carlos, de 16 años, falleció en circunstancias pendientes por esclarecer y la joven Juliana, de 17 años, resultó herida por disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la habitación de su casa, donde le tocó resguardarse de la “balacera”. Ella fue trasladada en helicóptero a la clínica por personal militar y auxiliar de enfermería. En la consulta médica informó que estaba embarazada.
Y no solo eso. Las evidencias encontradas por la alianza periodística y que podrían ser hechos cruciales a lo largo del expediente judicial dan cuenta de que la escena del crimen fue alterada. En su momento, el comandante general del Ejército, el general (r) Eduardo Zapateiro y el ministro de Defensa, Diego Molano, dieron legitimidad a la operación militar. Lo cual desató una oleada de críticas al gobierno de Iván Duque, que hasta ahora tiene un avance en la justicia con este llamado a imputación. El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional le entregó el expediente a la Fiscalía por encima de la Justicia Penal Militar.
En contexto: Justicia Penal Militar no investigará a los militares de la masacre en Alto Remanso
“La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad penal, es competente para conocer de las investigaciones penales contra miembros de la Fuerza Pública, cuando hay duda de que los delitos investigados tengan una relación directa, próxima y evidente con el servicio. Y/o cuando se trata de casos de posibles graves violaciones de derechos humanos. En estos eventos se desvirtúa el elemento funcional como requisito necesario para activar el fuero penal militar”, señaló la Corte Constitucional, en el fallo.
Según conoció El Espectador, además de imputar a los uniformados por el delito de homicidio en persona protegida, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra ellos. Es decir, si la argumentación del ente investigador es lo suficientemente sólida como para demostrar que son un peligro para la sociedad o que pueden escapar al proceso, podrían ir presos desde junio próximo. Los militares investigados, por ahora, son un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales. Se trata del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza.
Así como los cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Cristian Pérez Galindo, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Hernando Cucunuba Olmos, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santander Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexánder Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Róbinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, Jhon Freddy Hoyos Quiñónez, Carlos Alberto Perdomo Romero, Jeisson Rico Soto y Yeison Andrade Rivera Holguín.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Más de dos años después de la masacre en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguizamo (Putumayo), en la que militares quedaron expuestos por la muerte de 11 personas civiles, la Fiscalía vinculará formalmente a una investigación penal a los presuntos responsables. Se trata de 25 militares quienes serán imputados por homicidio, por lo que se ha considerado una operación militar con dicientes irregularidades y una grave violación de derechos humanos de una zona abandonada por el Estado.
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La audiencia de imputación se desarrollará el próximo 25 de junio y será una oportunidad para que los militares involucrados acepten responsabilidad, a cambio de beneficios penales. Ese día, la Fiscalía les dará a conocer a los 25 indiciados los hechos por los cuales podrían enfrentar un juicio en el futuro. En este caso, como ha sido de público conocimiento, gracias a la visita periodística de El Espectador, Voragine y Cambio, y a la denuncia de autoridades comunitarias, los militares entraron a disparar abiertamente a un bazar. Ante los medios, justificaron la operación por la búsqueda de un líder disidente de los Comandos de la Frontera.
En realidad, el Ejército nunca dio con su objetivo militar y, en cambio, irrumpieron a sangre y fuego en la comunidad, llevandose la vida de 11 personas civiles. Durante la ejecución de la operación militar, un joven de nombre Carlos, de 16 años, falleció en circunstancias pendientes por esclarecer y la joven Juliana, de 17 años, resultó herida por disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la habitación de su casa, donde le tocó resguardarse de la “balacera”. Ella fue trasladada en helicóptero a la clínica por personal militar y auxiliar de enfermería. En la consulta médica informó que estaba embarazada.
Y no solo eso. Las evidencias encontradas por la alianza periodística y que podrían ser hechos cruciales a lo largo del expediente judicial dan cuenta de que la escena del crimen fue alterada. En su momento, el comandante general del Ejército, el general (r) Eduardo Zapateiro y el ministro de Defensa, Diego Molano, dieron legitimidad a la operación militar. Lo cual desató una oleada de críticas al gobierno de Iván Duque, que hasta ahora tiene un avance en la justicia con este llamado a imputación. El pasado 16 de abril, la Corte Constitucional le entregó el expediente a la Fiscalía por encima de la Justicia Penal Militar.
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“La Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad penal, es competente para conocer de las investigaciones penales contra miembros de la Fuerza Pública, cuando hay duda de que los delitos investigados tengan una relación directa, próxima y evidente con el servicio. Y/o cuando se trata de casos de posibles graves violaciones de derechos humanos. En estos eventos se desvirtúa el elemento funcional como requisito necesario para activar el fuero penal militar”, señaló la Corte Constitucional, en el fallo.
Según conoció El Espectador, además de imputar a los uniformados por el delito de homicidio en persona protegida, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra ellos. Es decir, si la argumentación del ente investigador es lo suficientemente sólida como para demostrar que son un peligro para la sociedad o que pueden escapar al proceso, podrían ir presos desde junio próximo. Los militares investigados, por ahora, son un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales. Se trata del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza.
Así como los cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Cristian Pérez Galindo, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Hernando Cucunuba Olmos, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santander Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexánder Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Róbinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, Jhon Freddy Hoyos Quiñónez, Carlos Alberto Perdomo Romero, Jeisson Rico Soto y Yeison Andrade Rivera Holguín.
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