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Este jueves se cumplen 35 años de la masacre de La Rochela, en el Magdalena Medio. En el hecho ocurrido el 18 de enero de 1989, donde fueron asesinados 12 de los 15 funcionarios judiciales que investigaban los asesinatos contra miembros de la Unión Patriótica en la región, así como líderes sindicales, por parte de grupos paramilitares. Aunque la justicia determinó que el hecho ocurrió por una alianza criminal entre “paras” y agentes del Estado, las víctimas siguen pidiendo que las investigaciones por la masacre permitan dar como responsables de mayor rango.
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Hace 35 años, en Simacota, Santander, en medio de la investigación de 25 expedientes de asesinatos y desapariciones en la región del Magdalena Medio, incluyendo la desaparición en octubre de 1987 de 19 comerciantes, fueron asesinados Mariela Morales Caro, Pablo Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Castillo Zapata, Luis Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Vesga Fonseca, Benhur Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez.
La orden de abrir fuego contra estos funcionarios judiciales la dio Alonso de Jesús Baquero, alias el negro Vladímir, quien comandaba un grupo que se hacía pasar por miembros de las FARC. Además, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad entregado en 2022, “la masacre fue un hecho traumático no solo para sus familiares, sino para todo el sector justicia. En el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado por estos hechos en 2007, se señaló que ningún miembro del Ejército ni de la Policía llegó a auxiliar al único sobreviviente después de la masacre, a pesar de que los batallones militares se encontraban a veinte y cuarenta minutos del lugar de esta”.
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Asimismo, el documento que recopila la historia del conflicto armado en la historia del país, resalta que durante el proceso ante el sistema interamericano de justicia “fueron asesinados tres testigos y un investigador. Además, los familiares de las víctimas que rindieron testimonio fueron amenazados”. Dentro de los efectos que tuvo este crimen, la Comisión señaló que “el efecto de impunidad de este caso se expandió a los procesos judiciales llevados a cabo en la zona por masacres anteriores al caso de los 19 comerciantes, cuyos expedientes desaparecieron supuestamente porque se habían perdido en los hechos de la masacre contra la comisión judicial. En realidad, los jueces no tenían todos los expedientes consigo”.
En mayo de 2007, el Estado colombiano fue condenado por el caso, ya que la CIDH encontró culpable por la violación a la vida, integridad y libertad de las personas víctimas de esta masacre. Sin embargo, 17 años después, las víctimas sostienen que a pesar de que la Corte Interamericana ordenó al Estado medidas de reparación y protección a las víctimas, siguen habiendo incumplimientos estatales.
Por el caso, ayer, 17 de enero, fue acusado formalmente el excongresista liberal Tiberio Villarreal por su presunta participación en estos hechos. De acuerdo con la Fiscalía, el político habría apoyado a los grupos paramilitares que participaron en la masacre de La Rochela en Santander. Con la acusación del ente investigador, el excongresista irá a juicio por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado.
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