Masacre de Llano Verde (Cali): un año sin justicia y sin verdad

El 11 de agosto de 2020, en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, un lugar donde habitan familias que, en su mayoría, han sido desplazadas por la violencia, ocurrió un crimen. Cinco adolescentes afrodescendientes entre los 14 y 16 años fueron torturados y asesinados. Aunque hoy haya algunos detenidos por este hecho, no ha existido reparación para las familias de las víctimas.

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Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, fueron asesinados ese martes, al parecer, por Gabriel Alejandro Bejarano con la ayuda de Yefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza. Según las investigaciones, los tres hombres, actualmente detenidos, trabajaban como personal de seguridad en el cañaduzal.

Tras conocerse el crimen, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que, “el día de los hechos, al parecer, los tres adultos que trabajaban como vigilantes a los alrededores del cañaduzal habrían observado a los cinco menores de edad y, sin medir palabra, posiblemente con la intención de evitar la presencia de los jóvenes, habrían asesinado con armas de fuego a cuatro y arma blanca a otro”.

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Cuando se capturó a Gabriel Bejarano, quien sería el autor material del hecho, parecía que la impunidad de este crimen llegaba a su fin. “Bejarano habría sido la persona que disparó contra las víctimas con un arma de fuego, al parecer un revólver calibre 38”, dijo el ente investigador recién se supo de la detención de este hombre, conocido también como el Mono. Sin embargo, lejos de ser un cierre, la captura de este hombre despertó muchas más incógnitas.

“Yo hacía patrullajes en la zona cuando se vieron unos jóvenes con machetes y cuchillos venir hacia mí (...) estaban allí, cerca de los hechos, Loaiza y Jefferson”, dijo Bejarano en un interrogatorio ante la Fiscalía. Esta versión es opuesta a lo que manifiestan las familias de las víctimas y confusa frente a otra declaración de él mismo en la que asegura que personas tenían amenazada a su familia y le mostraron fotos de los muchachos para que los asesinara.

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Hace dos semanas, el 28 de julio de este año, se conoció que la Fiscalía había llegado a un acuerdo con Bejarano para reducir su condena. En el trato, que todavía no recibe el visto bueno de un juez, se contemplaba que, al declarase culpable, se le haría una reducción en la pena, en la cual pagaría 38 años de prisión. Según la defensa de las víctimas, este preacuerdo es un premio al hombre y un irrespeto a ellas.

Elmer José Montaña, abogado de algunas de las víctimas, aseguró este miércoles que en la investigación hay sesgos: “un sesgo clasista y, en segundo lugar, racismo, porque estoy absolutamente convencido que (...) hubieran sido pertenecientes a las familias de bien del sur de Cali, esta investigación la estaría llevando personalmente el fiscal general y ya la Fiscalía habría establecido quien estaba detrás de estos homicidios”.

El 11 de agosto de 2020, en el barrio Llano Verde de la ciudad de Cali, un lugar donde habitan familias que, en su mayoría, han sido desplazadas por la violencia, ocurrió un crimen. Cinco adolescentes afrodescendientes entre los 14 y 16 años fueron torturados y asesinados. Aunque hoy haya algunos detenidos por este hecho, no ha existido reparación para las familias de las víctimas.

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Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, fueron asesinados ese martes, al parecer, por Gabriel Alejandro Bejarano con la ayuda de Yefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza. Según las investigaciones, los tres hombres, actualmente detenidos, trabajaban como personal de seguridad en el cañaduzal.

Tras conocerse el crimen, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló que, “el día de los hechos, al parecer, los tres adultos que trabajaban como vigilantes a los alrededores del cañaduzal habrían observado a los cinco menores de edad y, sin medir palabra, posiblemente con la intención de evitar la presencia de los jóvenes, habrían asesinado con armas de fuego a cuatro y arma blanca a otro”.

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Cuando se capturó a Gabriel Bejarano, quien sería el autor material del hecho, parecía que la impunidad de este crimen llegaba a su fin. “Bejarano habría sido la persona que disparó contra las víctimas con un arma de fuego, al parecer un revólver calibre 38”, dijo el ente investigador recién se supo de la detención de este hombre, conocido también como el Mono. Sin embargo, lejos de ser un cierre, la captura de este hombre despertó muchas más incógnitas.

“Yo hacía patrullajes en la zona cuando se vieron unos jóvenes con machetes y cuchillos venir hacia mí (...) estaban allí, cerca de los hechos, Loaiza y Jefferson”, dijo Bejarano en un interrogatorio ante la Fiscalía. Esta versión es opuesta a lo que manifiestan las familias de las víctimas y confusa frente a otra declaración de él mismo en la que asegura que personas tenían amenazada a su familia y le mostraron fotos de los muchachos para que los asesinara.

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Hace dos semanas, el 28 de julio de este año, se conoció que la Fiscalía había llegado a un acuerdo con Bejarano para reducir su condena. En el trato, que todavía no recibe el visto bueno de un juez, se contemplaba que, al declarase culpable, se le haría una reducción en la pena, en la cual pagaría 38 años de prisión. Según la defensa de las víctimas, este preacuerdo es un premio al hombre y un irrespeto a ellas.

Elmer José Montaña, abogado de algunas de las víctimas, aseguró este miércoles que en la investigación hay sesgos: “un sesgo clasista y, en segundo lugar, racismo, porque estoy absolutamente convencido que (...) hubieran sido pertenecientes a las familias de bien del sur de Cali, esta investigación la estaría llevando personalmente el fiscal general y ya la Fiscalía habría establecido quien estaba detrás de estos homicidios”.