Masacres y secuestros aumentaron en el país en los últimos seis meses: Defensoría
Un informe de la Defensoría del Pueblo revela que en los primeros seis meses de 2023 la violencia contra la población civil no se ha detenido y en algunos casos ha empeorado a pesar de la voluntad de paz del Gobierno con algunos grupos armados.
La violencia en el país continúa y en algunos casos se ha recrudecido. A esta conclusión llega el último informe del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo, que retrata la situación de seguridad que enfrentan los colombianos, en especial aquellos que viven en zonas rurales.
Lea además: Los llamados de los líderes sociales para que dejen de perseguirlos y asesinarlos
Según este informe, entre enero y junio de este año 32 personas fueron secuestradas, una cifra superior a la registrada en el mimo periodo del año anterior, donde se registraron 23 casos. Los departamentos más afectados siguen siendo Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
“Además del aumento considerable en las cifras de secuestros, nos preocupa que esta conducta siga ocurriendo en los mismos departamentos que el año pasado. Dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Lea: Las voces indígenas que solucionan los conflictos de su comunidad en el Cauca
Las masacres también aumentaron en el país durante este periodo de tiempo. Las cifras de la Defensoría revelan que a lo largo de este año se han presentado 52 homicidios colectivos frente a 48 que se presentaron el año anterior.
En este sentido, el informe indica que a lo largo de estos seis meses se han presentado 147 casos de reclutamiento forzado en el país. El 70% de estos casos se concentró en el departamento del Cauca, con 104 casos, seguidos de Nariño, con 10; Putumayo, con ocho; Caquetá con seis, y Chocó, Arauca y Amazonas, con cuatro casos cada uno.
“Es motivo de alerta que el 67% de los casos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales correspondió a la población indígena, y en la mayoría de los casos los presuntos grupos armados responsables fueron las disidencias de las Farc, que concentra el 64% de los casos denunciados”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Lea además: Buenaventura: de la guerrilla y los ‘paras’ a la hecatombe criminal de las bandas
Frente al asesinato de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, la Defensoría reveló que presentó una mejoría a comparación con el año anterior. Las cifras revelan que durante el primer semestre del año se han registrado 92 asesinatos en contra de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Los más afectados fueron los líderes comunales, con 22 homicidios; líderes comunitarios, con 20, y líderes indígenas, con 16. Estas cifras son menores al año anterior, cuando se presentaron 114 casos.
Los hechos ocurrieron en 26 departamentos del país, y en siete de ellos se concentra el 53% de los casos. Cauca es el más afectado, con un total de 17 asesinatos, le siguen Nariño y Antioquia, con siete casos; Valle del Cauca y Córdoba, con seis, y Bolívar y Cesar, con cinco.
“Nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales, los cuales se han venido expandiendo en el territorio nacional por cuenta de la inacción de la fuerza pública en el desarrollo de los ceses del fuego. Por esta razón, toda la institucionalidad debe seguir trabajando en conjunto”, concluyó el Defensor del Pueblo
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La violencia en el país continúa y en algunos casos se ha recrudecido. A esta conclusión llega el último informe del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Defensoría del Pueblo, que retrata la situación de seguridad que enfrentan los colombianos, en especial aquellos que viven en zonas rurales.
Lea además: Los llamados de los líderes sociales para que dejen de perseguirlos y asesinarlos
Según este informe, entre enero y junio de este año 32 personas fueron secuestradas, una cifra superior a la registrada en el mimo periodo del año anterior, donde se registraron 23 casos. Los departamentos más afectados siguen siendo Arauca, Antioquia y Norte de Santander.
“Además del aumento considerable en las cifras de secuestros, nos preocupa que esta conducta siga ocurriendo en los mismos departamentos que el año pasado. Dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Lea: Las voces indígenas que solucionan los conflictos de su comunidad en el Cauca
Las masacres también aumentaron en el país durante este periodo de tiempo. Las cifras de la Defensoría revelan que a lo largo de este año se han presentado 52 homicidios colectivos frente a 48 que se presentaron el año anterior.
En este sentido, el informe indica que a lo largo de estos seis meses se han presentado 147 casos de reclutamiento forzado en el país. El 70% de estos casos se concentró en el departamento del Cauca, con 104 casos, seguidos de Nariño, con 10; Putumayo, con ocho; Caquetá con seis, y Chocó, Arauca y Amazonas, con cuatro casos cada uno.
“Es motivo de alerta que el 67% de los casos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales correspondió a la población indígena, y en la mayoría de los casos los presuntos grupos armados responsables fueron las disidencias de las Farc, que concentra el 64% de los casos denunciados”, afirmó el Defensor del Pueblo.
Lea además: Buenaventura: de la guerrilla y los ‘paras’ a la hecatombe criminal de las bandas
Frente al asesinato de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, la Defensoría reveló que presentó una mejoría a comparación con el año anterior. Las cifras revelan que durante el primer semestre del año se han registrado 92 asesinatos en contra de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Los más afectados fueron los líderes comunales, con 22 homicidios; líderes comunitarios, con 20, y líderes indígenas, con 16. Estas cifras son menores al año anterior, cuando se presentaron 114 casos.
Los hechos ocurrieron en 26 departamentos del país, y en siete de ellos se concentra el 53% de los casos. Cauca es el más afectado, con un total de 17 asesinatos, le siguen Nariño y Antioquia, con siete casos; Valle del Cauca y Córdoba, con seis, y Bolívar y Cesar, con cinco.
“Nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales, los cuales se han venido expandiendo en el territorio nacional por cuenta de la inacción de la fuerza pública en el desarrollo de los ceses del fuego. Por esta razón, toda la institucionalidad debe seguir trabajando en conjunto”, concluyó el Defensor del Pueblo
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.