Maternidad tras las rejas: las migrantes que son madres en cárceles colombianas

Maternidad en las cárceles para las migrantes venezolanas.

Foto: Vito

En la calle uno se encuentra al vendedor de vidrios templados, a la mujer que lleva el perrito adoptado, al señor de las empanadas, al que vende palitos de queso, a una mujer en la esquina esperando el bus junto con su hijo, a las dos señoras que llevan un paraguas y al pelado que se escapó de la casa cuando tenía 12 años. Seguro que uno se cruza con ladrones, viudos, monjas, esposas, futbolistas, artistas, albañiles y, por qué no, uno que otro fantasma y poeta. Con cualquiera nos podemos cruzar en la esquina menos con unos.

(Lea aquí la primera entrega: Vivir entre ausencias y barrotes: los migrantes en las cárceles colombianas)

La información sobre las penitenciarías y sobre las gentes que viven en ellas no está afuera. Sus vidas y sus historias se encuentran –como sus cuerpos– internados. Y peor, la narración amplia de sus experiencias está resguardada y protegida por la institución. Generar confianzas con los internos puede llevar años y, además, hay que armarse de paciencia por la espera: que los permisos, que mi general dijo, que mi subdirector no autorizó, que solo se puede entrar con la cédula, que no puede llevarle fresas a la interna…

(Lea aquí la segunda entrega: Venezolanos en cárceles colombianas, más allá de las cifras)

Este texto periodístico pretende problematizar y narrar la vida en prisión de mujeres que son madres y que, además, son migrantes venezolanas –una triple condición de vulnerabilidad.

—Solo puede ingresar lo que está autorizado.

—¿Y qué está autorizado?

—La cámara, la grabadora… Y su cédula.

—Traje unas fresas para Daniela…

Los guardianes se ríen.

—No, no puede entrarlas. Solo lo que está autorizado… ¿Alguna otra pregunta?

¿Cómo están las mujeres de Colombia?

Están mal. En 1991 había 1500 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios; treinta años después esta cifra aumentó más de un 400 %, es decir, hoy en día hay más de 6000 mujeres.

Este aumento ha sido más acelerado que el de la población masculina interna y se debe, uno, a un cambio de paradigma de las estructuras criminales e institucionales, donde la mujer tiene aparentemente un papel más activo; dos, al afianzamiento de una política de criminalización y lucha contra el narcotráfico por parte del Estado; y, tres, al encarecimiento del bienestar de las personas, en general, pero en particular, de los pobres, y más particular, de las mujeres, pues según la CEPAL, con cifras de 2018, son un 17 % más vulnerables a la pobreza que los hombres; es decir, por cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en Colombia, hay 118,4 mujeres.

En el estudio Mujeres y Prisión en Colombia, desarrollado por la Pontificia Universidad Javeriana, la Cruz Roja y el Centro de Investigación y Docencia Económica, de México, se caracterizó a la población de mujeres privadas de la libertad.

Las investigadoras encontraron que la gran mayoría son solteras, cabezas de familia –con la responsabilidad exclusiva de su hogar–, y de estratos socioeconómicos bajos. Los ingresos promedio de los hogares de estas mujeres antes de su detención eran inferiores a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Y había necesidades y los niños tenían hambre. Por eso, ante estas carencias, la mayoría de ellas que terminó en prisión había empezado a tranzar drogas en las calles. La Defensoría del Pueblo, en el informe Mujeres gestantes, madres y niños(as) que viven con ellas en prisión, de 2020, encontró que el 43 % del total de mujeres internas fueron condenadas y sindicadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; sus funciones eran de venta y distribución minorista.

«Ellas hacen parte de los eslabones más débiles», dice Liliana Sánchez, vicerrectora de investigación de la Javeriana e investigadora principal del estudio Mujeres y Prisión en Colombia. «Por estos trabajos recibían menos de un millón de pesos».

El tráfico y el hurto son crímenes, en general, de supervivencia, relacionados con contextos de violencia e ingresos económicos bajos; en ese sentido, «la mayoría de crímenes cometidos por las mujeres privadas de la libertad –y eso lo tenemos muy presente– fueron a raíz de sus condiciones de pobreza», dice Esmeralda Echeverry, directora de la organización Cárceles al Desnudo.

¿Cómo están las mujeres en las cárceles de Colombia?

Están mal. La Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otras instituciones y organizaciones, han insistido en las fallas de la prestación de servicios esenciales para las mujeres internas: falta de personal especialista en ginecología u obstetricia; acceso limitado a toallas higiénicas o tampones o métodos anticonceptivos; uso limitado del agua por racionamientos, aunque se tenga el periodo menstrual; actividades laborales enmarcadas en “lo femenino” –coser, hacer artesanías, trabajos de aseo y cocina–, dejando de lado los trabajos técnicos –dizque masculinos; procesos internos de educación bajos en comparación con los hombres, donde el 94 % desarrolla actividades de educación, mientras el 37,6 % de las mujeres lo hace –según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec–.

Adicional, la mayoría de las cárceles donde están las mujeres fueron diseñadas para los hombres, y sus espacios, en general, no tienen en cuenta las particularidades de ellas: los baños, la altura de los objetos, los usos de las zonas comunes, los espacios de visitas entre parejas y, claro, los espacios para compartir junto con los niños.

¿Cómo están las mujeres que son madres en las cárceles de Colombia?

Están mal. Hablar de mujeres en contextos de prisión es hablar de mujeres pobres que, además, son madres, y que, además, son madres cabeza de familia y que, además, son señaladas por no ser “un ejemplo” y no cumplir su rol establecido: ser buenas.

“Las mujeres siempre estamos sometidas. Si estamos afuera somos nosotras quienes llevamos la comida y la plata, y, además, quienes cuidamos a los hijos; si estamos adentro –en la cárcel– somos nosotras quienes también lo hacemos», dice Claudia Cárdenas, directora de Mujeres Libres, que se define como una “organización de mujeres que sufrimos la prisión por haber estado en ella o tener familiares allí”.

El estudio Mujeres y Prisión en Colombia estableció que cerca del 85 % de las mujeres que están en cárceles son madres; en promedio tienen 2,7 hijos y más de la mitad–el 56,6 %– son solteras. El estudio establece, también, que cuando son internas, el cuidado de los niños y niñas queda, principalmente, en manos de la abuela (47 %) y en un 21 % en manos del padre.

Estas cifras son distintas cuando el interno es hombre: son las madres, en su inmensa mayoría, quienes se encargan del cuidado de todos los hijos (el 74%).

Por esa razón, varias investigadoras, entre ellas las autoras de Políticas, Drogas y Encarcelamiento, de Dejusticia, insisten que la sanción penal contra las mujeres “no es un castigo contra los individuos, sino contra las familias”.

“Como muchas de las mujeres son las principales cuidadoras y la principal fuente de ingresos económicos del hogar, la prisionalización de ellas puede generar efectos negativos en los hijos menores de 18 años”, dice Liliana Sánchez. Alguno de esos efectos son un rendimiento bajo en los colegios, o que alguno de los hijos deje el estudio para trabajar, o para cuidar a sus hermanos, o que alguno empiece a consumir alcohol, o drogas.

¿Cómo están las mujeres y migrantes venezolanas que son madres y que están en las cárceles de Colombia?

—Acá, para qué, me ha ido bien, gracias a Dios. Sí, es duro porque… ¿Quién quiere estar encerrada? Pero la vida se la da una. Lo único difícil es que tengo a mis hijos lejos.

Dice Daniela.

La condenaron por hurto agravado. La capturaron en diciembre de 2020; estuvo nueve meses en una estación y desde finales de 2021 está en la penitenciaría.

Desde entonces no ha recibido ninguna visita de algún familiar o amigo.

Ya no habla con su prima ni con los pocos amigos que viven en la ciudad; además, el que fuera su noviecito se fue a vivir a Bogotá -ella está en Medellín-. Su familia vive en Venezuela, en Valencia: ni sus tres hijos ni su mamá ni su abuela ni sus hermanas pueden visitarla –y eso no que no han faltado las ganas.

Daniela tiene cinco tatuajes: cinco nombres: el de la abuela, la mamá y los tres hijos. Todos se los hizo en Colombia, después de migrar desde Valencia, y moverse, durante varias semanas, hacia San Antonio –en la frontera–, y pasar por trochas y bañarse en ríos y caminar entre charcos, hacia este país: primero Cúcuta, luego Bucaramanga, Bogotá, Medellín… y así.

—Quise tirarme a la aventura.

Dice. Vuelve sonreír. Espera que le responda. Complementa:

—Una aventura demasiado extrema.

A sus abuelos y a su mamá y a sus hijos les dijo que volvería en un año. No es que necesitaran plata, pero algunos amigos le dijeron que la cosa en Colombia estaba bien, que podía venir por un tiempo.

En Bogotá se quedó siete meses. Consiguió un trabajo como mesera en un restaurante en el barrio Santa Fe y ahí estuvo repartiendo comida hasta que no aguantó la discriminación: le decían que en la mala para los venezolanos y una vez una señora le tumbó la bandeja de comidas: “La mala para los venezolanos”.

Su prima ya llevaba algunos meses en Medellín y le dijo que allí los cosas estaban muy bien, que se viniera. Eso hizo, pero adaptarse no fue tan fácil: no conseguía trabajo. Tuvo que vender bolsas negras en la calle, vender chicha en un carrito y hasta pedir plata en un semáforo.

A los cuatro meses una señora del barrio Santa Cruz le propuso ser empleada de servicio de su casa; allí estuvo durante ocho meses y en ese tiempo la señora le prestaba el computador para ver a sus hijos por videollamadas, les explicaba dónde estaba, les mostraba el lugar; ellos hablaban del colegio, de la abuela, los amigos… También le preguntaban que cuándo volvía.

En junio de 2019 regresó a Valencia; se fue en bus. Los hijos estaban muy bien, pero la ciudad no tanto: había filas para comprar harina, la luz se iba por las noches, había poca comida en los supermercados. Le dijo a la abuela que se iba a devolver a Colombia por los niños, para mandarles plata y vivir bien; ella le decía que no, que no se fuera: que aquí nos acostumbramos.

—Y aquí me tiene.

Dice: en la cárcel.

Hasta marzo de 2022 había 2859 internos extranjeros; de ellos 2389 eran venezolanos y venezolanas (el 84 %): 332 eran mujeres, el 14 % de la población total. La mayoría de ellas, al igual que las colombianas, fueron condenadas por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, o por hurtos.

—El 16 de diciembre de 2020 me capturaron; ese día nos paró la policía.

El 7 de julio la condenaron. Daniela pidió prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia, pero el juez la negó porque los hijos no vivían en Colombia –eso dijo. También pidió la extradición hacia Venezuela dos veces y en las dos se la negaron –eso dijo. Y ya en la cárcel mandó solicitudes para poder tener visitas virtuales y ver a sus hijos a través de videollamadas desde los computadores de la institución, pero no han respondido.

La única opción, por ahora, es llamar. Su mamá o su anterior pareja –el que vive ahora en Bogotá– o una «compañerita» de la cárcel le colaboran: consignan plata a una cuenta de ahorros de la penitenciaría y con esta recarga el teléfono. El minuto hacia Venezuela cuesta 600 pesos –«uno de los precios más caros del mercado», dice Claudia Cárdenas. Daniela habla una vez a la semana con los tres niños; ella les dice que la mamá está bien, que no se preocupen; ellos le dicen que se porte juiciosa para salir pronto.

“Las mujeres extranjeras en cárceles son mucho más excluidas. No tienen cerca a sus familias; dependen de otras familias que, de alguna u otra forma, las adoptan; sus gobiernos las abandonan y no reciben ayudas de ellos –ni asesorías legales ni kits higiénicos con toallas menstruales ni acompañamiento psicológico ni visitas para comprobar que no sean torturadas, por ejemplo. Y lo complicado, después, es cuando salen de prisión con la libertad condicional –que es el caso de la mayoría: tienen el pasaporte vencido, no tienen permiso de trabajo y, además, tienen la marca de ser pospenadas. Tienen que rebuscarse el dinero para el pasaporte y para enviarle a los hijos y a quienes los cuidan, y para el tiquete de avión o bus para volver y, claro, para ellas vivir mientras están a paz y salvo con el país e irse”, dice Claudia Cárdenas:

«La mayoría de mujeres venezolanas que migran hacia Colombia lo hacen huyendo de contextos de violencia, pero, aquí, terminan encontrando más violencia»

Y si hay algo violento es cuando las mujeres pueden tener a sus hijos en las cárceles y tienen que separarse de ellos cuando cumplen tres años.

En el artículo 153 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) se establece que los hijos de las internas pueden estar con ellas en el establecimiento de reclusión hasta la edad de tres años: “por ello el Inpec debe prestarles atención especial y, además, tiene que dispensar para cada uno el servicio de guardería”.

Actualmente hay ocho establecimientos de reclusión que tienen guardería, entre ellos El Buen Pastor (en Bogotá), Pedregal (en Medellín) y el Complejo Carcelario de Jamundí (en Valle del Cauca).

“Lo cierto es que las mujeres gestantes y lactantes de los centros penitenciaros –y sus hijos–, en general, tienen acceso a salud –con el pediatra y los cuidados prenatales y el ginecólogo–, en algunos casos tienen alimentación diferenciada, y también acceso a espacios de guardería, donde los niños pasan buena parte del tiempo. Sin embargo, aún hay ciertos niveles de limitación, como el acceso a pañales o a toallas higiénicas, o el uso de los espacios y su infraestructura: el niño, aunque no sea un interno, no deja de estar en una cárcel.», dice Liliana Sánchez: «Esos son retos importantes para el sistema penitenciario. Sin embargo, uno de los problemas más dramáticos es la separación de las madres de sus hijos cuando cumplen tres años… Las mujeres alegan que no reciben apoyo psicológico adecuado para manejar esta situación”.

La culpa es un lugar común. El policía de captura acusa a la mujer por no ser un “buen ejemplo para sus hijos”; el juez señala a la mujer por no actuar en pro de su familia, por no pensar en ellos y no hacerles daño; los guardianes les dicen que por qué hicieron eso, que si no pensaron en las consecuencias para sus hijos:

«La culpa la siento porque estoy lejos de mis hijos y porque mi abuela está sufriendo junto con ellos», dice Daniela.

La pregunta es: ¿los hombres también sienten esa culpa?

Algunos expertos en migración forzada hablan del continuum de violencia de las personas que sufren esta condición –los venezolanos o los haitianos que vienen a Colombia, por ejemplo–, y dicen que se debe entender el desarraigo como una sensación fundante que inicia cuando las personas dejan su país, y no después, cuando llegan a territorios ajenos.

En el caso de las mujeres, en general, y de las mujeres internas, en particular, esta “raíz” debería pensarse –tal vez– desde antes, desde el mismo nacimiento: desde el momento en que la obstetra dice: “Felicitaciones, es una mujer”.

*Te invitamos a ver el trabajo completo en este enlace: Migrantes y prisioneros del abandono

**Pesquisa Javeriana, El Espectador, Tuu Putchika, la Fundación Acción Interna, el Semillero de Derecho Penitenciario y la Maestría en Periodismo Científico de la Pontificia Universidad Javeriana nos unimos para presentar una radiografía sobre los migrantes, especialmente venezolanos, en las cárceles colombianas. Las paradojas de estos espacios no se limitan al hacinamiento; ser foráneos les plantea dificultades para acceder a la justicia o la salud y a comunicarse con sus familias.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.