Máxima condena contra exdirectores del Gaula por caso de hombre mutilado y calcinado
La teniente Martha Gañán y el mayor Dillan Carrillo fueron condenados a 50 años de prisión por un expediente siniestro. Participaron en el asesinato de un hombre inocente, que fue torturado con electrochoques, mutilado y quemado con vida en Caldas.
La teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, respectivamente, recibieron la máxima condena posible en Colombia por orden de un juez de Manizales. Fueron sentenciados a medio siglo en prisión, es decir, 50 años, por ser cómplices de un expediente apenas descriptible. Además, el exjefe de logística del Gaula en Risaralda, Jorge Iván Ladino, fue castigado con 49 años de cárcel.
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Según la investigación, en la mañana del 8 de enero de 2011, el exdirector Cáceres, en compañía de una uniformada, se trasladó en un vehículo oficial desde Pereira hasta un restaurante en Manizales, fuera de su jurisdicción. Sin contar con una orden judicial, retuvo a un hombre que departía con sus amigos. La víctima de este caso. En el camino, este hombre retenido, cuyo nombre omitió la Fiscalía, fue golpeado sistemáticamente, inmovilizado con un taser y trasladado en diferentes carros.
“Finalmente, fue subida (la víctima) a un automotor que conducía el entonces subintendente Ladino Montoya, el cual fue incendiado y abandonado en la noche, en la vereda Las Palomas, entre Chinchiná y Palestina (Caldas)”, agregó la Fiscalía. Las autoridades que atendieron el incendio encontraron a la víctima muerta en el baúl del vehículo, con videntes signos de tortura, varias partes del cuerpo mutiladas y rastros de haber recibido, al menos, 26 choques eléctricos.
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Como quedó demostrado en el juicio, horas después del secuestro, la coronel (r) Martha Emilia Gañán, actuando como comandante del Gaula de Caldas, se dirigió al lugar de los hechos en un vehículo oficial asignado a su unidad. Como la placa de su vehículo se diferenciaba solo en un número con la del vehículo incinerado, ordenó cambiar ambas identificaciones en plena escena del crimen.
“También se acreditó que la oficial no ejerció sus competencias legales y constitucionales para evitar o esclarecer lo ocurrido, por el contrario, dificultó el normal desarrollo de las investigaciones. Asimismo, se conoció que sostuvo reuniones con el entonces capitán Carrillo Cáceres, antes y después del crimen. En su momento, los familiares del hombre secuestrado y asesinado denunciaron que recibieron llamadas en la que les exigieron 80 millones de pesos por la supuesta liberación de su ser querido”, agregó la Fiscalía.
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Por estos hechos, los exdirectores del Gaula, Gañán y Carrillo, así como el exjefe de logística, Ladino, fueron condenados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. Todos recibieron multas que oscilan entre los 18.000 y los 19.000 salarios mínimos, así como inhabilidad para ejercer cargos públicos por décadas. Al ser considerados un peligro para la sociedad, fueron enviados a prisión para que cumplan la máxima condena con la cual se puede condenar a un criminal en Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Gaula en Caldas y Risaralda, respectivamente, recibieron la máxima condena posible en Colombia por orden de un juez de Manizales. Fueron sentenciados a medio siglo en prisión, es decir, 50 años, por ser cómplices de un expediente apenas descriptible. Además, el exjefe de logística del Gaula en Risaralda, Jorge Iván Ladino, fue castigado con 49 años de cárcel.
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“Finalmente, fue subida (la víctima) a un automotor que conducía el entonces subintendente Ladino Montoya, el cual fue incendiado y abandonado en la noche, en la vereda Las Palomas, entre Chinchiná y Palestina (Caldas)”, agregó la Fiscalía. Las autoridades que atendieron el incendio encontraron a la víctima muerta en el baúl del vehículo, con videntes signos de tortura, varias partes del cuerpo mutiladas y rastros de haber recibido, al menos, 26 choques eléctricos.
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“También se acreditó que la oficial no ejerció sus competencias legales y constitucionales para evitar o esclarecer lo ocurrido, por el contrario, dificultó el normal desarrollo de las investigaciones. Asimismo, se conoció que sostuvo reuniones con el entonces capitán Carrillo Cáceres, antes y después del crimen. En su momento, los familiares del hombre secuestrado y asesinado denunciaron que recibieron llamadas en la que les exigieron 80 millones de pesos por la supuesta liberación de su ser querido”, agregó la Fiscalía.
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