“Me libero de esta farsa jurídica”: Iván Moreno a la Corte Suprema de Justicia

“A partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas no ejerceré ningún recurso ni alegaré de forma alguna”, fue lo que expuso el exsenador Iván Moreno Rojas en una carta de seis páginas emitida a la Corte Suprema de Justicia en la que pone de presente su intención de guardar silencio ante el alto tribunal, a su juicio, por la falta de garantías procesales en el marco de las investigaciones que se surten en su contra.

Moreno Rojas está preso en la cárcel La Picota de Bogotá desde 2011 y solo ha sido condenado por irregularidades en contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). En 2014, la Corte Suprema lo halló responsable de los delitos de concusión (hacer uso de su cargo público para pedir dinero), tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Según la sentencia, el exsenador solicitó coimas a un grupo de empresarios con el fin de asegurarles negocios con la Alcaldía de Bogotá en 2009.

La más reciente investigación en su contra data de irregularidades por su conducta en el contrato del servicio de ambulancias en Bogotá que se llevó a cabo mientras su hermano Samuel Moreno fungía como alcalde de la capital. En la investigación reposa que el exsenador habría influido decisivamente en la selección de la Unión de Transporte Ambulatorio de la ciudad a la que se le adjudicó el contrato, así como en la distribución de pagos indebidos a servidores públicos del distrito y a particulares por valor superior a los $6.000 millones.

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Por estos hechos, en marzo pasado, la Sala de Instrucción de la Corte lo acusó por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Previo a ello el exsenador había solicitado al alto tribunal la acumulación de todos los procesos adelantados en su contra con el fin de afrontar un solo juicio debido a que guardan relación con los hechos sucedidos en la administración de su hermano en la alcaldía.

“No es mas lógico realizar un solo juicio en vez de tres simultáneamente? Hoy estoy convencido que es con el fin de mantenerme detenido arbitrariamente e indefinidamente. Es increíble que se niegue la posibilidad de defenderme en libertad o una medida sustitutiva cuando ya he cumplido mas del 90% de la pena”, expuso en el documento en el que también dejó de presente que se libera de “esa farsa jurídica” a la que ha estado sometido desde que empezaron los procesos judiciales en su contra.

El exsenador aseguró que desde este momento revoca los poderes que le ha otorgado a sus abogados en los procesos judiciales que se adelantan a su nombre. Del mismo modo dijo que rechaza la designación de un abogado defensor público esto a modo de protesta. Aseguró que lleva más de 10 años separado de su familia aún cuando en mayo de 2020 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió el beneficio de casa por cárcel.

En ese entonces, el juez accedió a dejarle purgar el resto de su pena en el lugar de residencia, con la condición de que el excongresista pagara una caución de cinco salarios mínimos legales vigente y suscribiera un acta de compromiso. Sin embargo, esta iniciativa se vio empañada por la investigación de que vincula las ambulancias.

Lea también: Exsenador Iván Moreno irá a juicio por saqueo a un contrato de ambulancias

“Mi salud física y mental se ha deteriorado de manera considerable al ver que se vulneran todos mis derechos y garantías judiciales siendo sometido por la Corte Suprema de Justicia a una cadena perpetua. Sin embargo me mantengo vivo gracias a Dios y a la esperanza de que pueda volver a estar con mi familia, con mis hijos algún día”, dijo en su misiva y añadió que se suma a los más de 20 millones de colombianos que consideran que en en el país no existe la justicia. “Mi única esperanza está en la justicia internacional, en el Sistema Interamericano de Justicia y como ciudadano americano, en la Intervención del Gobierno de los Estados Unidos a lo cual me dedicaré”.

Moreno aseguró que agotó todos los recursos, las posibilidades y los derechos en la justicia colombiana. “Cuando te cansas, te cansas de verdad, no amenazas más. No avisas, no ruegas, no esperas, no corres, no persigues, no miras, no te interesas más, y te detienes, cierras el libro, apagas la luz, bajas el telón, y punto final”, dijo el político y añadió que fue investigado, juzgado y condenado por magistrados vinculados en el denominado ‘Cartel de la Toga’, ese entramado de corrupción que se suscitó en el interior de la Corte Suprema que a cambio de favores judiciales para los aforados, los magistrados recibían cuantiosas sumas de dinero.

El exsenador confirmó que pese a lo anterior sigue siendo juzgado “por sus discípulos sin rubor alguno. Estoy cansado del permanente Bullying Jurídico al que he venido siendo sometido por mas de 10 años. Si la justicia existe tiene que ser para todos igual, de lo contrario ya no es justicia”, aseveró y dejó de presente que junto con su hermano, durante 2008 a 2011, fueron víctimas de “una agresiva guerra política y judicial” por ser parte de la oposición como militantes de Polo Democrático.

En materia judicial añadió que “las decisiones tomadas de manera permanente por la Corte Suprema de Justicia han sido desproporcionadas, arbitrarias e ilegales desconociendo la convencionalidad y la jurisprudencia pacifica. Este tipo de actuaciones prueban que las garantías judiciales fueron otorgadas solo de manera formal, porque en la realidad han sido totalmente inexistentes en las diferentes etapas procesales”, argumentó en la misiva y adujo que con el fin de mantenerlo privado de la libertad de manera indefinida el alto tribunal ha desconocido los tiempos mínimos para ser investigado y juzgado de acuerdo a la ley 600 de 2000.

Lea aquí: Iván Moreno seguirá en prisión por carrusel de la contratación

El político explicó que el plazo máximo para la etapa de una investigación previa adelantada por la Corte es de seis meses. Para la etapa de investigación formal es de 18 meses, para obtener la libertad cuando no se ha iniciado el juicio es de seis meses vencidos, los cuales se dictará resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria o para iniciar el juicio con la audiencia es de cinco días. Sin embargo, reprochó que en su caso han pasado alrededor de 10 años sin que se muevan sus procesos incumpliendo la ley.

“Todas estas demoras de los tiempos han sido única y exclusivamente responsabilidad de la Corte Suprema. Aun mas grave la Corte aplica una medida restrictiva a la libertad de manera diferida, arbitraria, desproporcionada e ilegal en contra de la Jurisprudencia de Sistema Interamericano de Justicia, de la Constitución y la ley”, añadió.

“A partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas no ejerceré ningún recurso ni alegaré de forma alguna”, fue lo que expuso el exsenador Iván Moreno Rojas en una carta de seis páginas emitida a la Corte Suprema de Justicia en la que pone de presente su intención de guardar silencio ante el alto tribunal, a su juicio, por la falta de garantías procesales en el marco de las investigaciones que se surten en su contra.

Moreno Rojas está preso en la cárcel La Picota de Bogotá desde 2011 y solo ha sido condenado por irregularidades en contratos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). En 2014, la Corte Suprema lo halló responsable de los delitos de concusión (hacer uso de su cargo público para pedir dinero), tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Según la sentencia, el exsenador solicitó coimas a un grupo de empresarios con el fin de asegurarles negocios con la Alcaldía de Bogotá en 2009.

La más reciente investigación en su contra data de irregularidades por su conducta en el contrato del servicio de ambulancias en Bogotá que se llevó a cabo mientras su hermano Samuel Moreno fungía como alcalde de la capital. En la investigación reposa que el exsenador habría influido decisivamente en la selección de la Unión de Transporte Ambulatorio de la ciudad a la que se le adjudicó el contrato, así como en la distribución de pagos indebidos a servidores públicos del distrito y a particulares por valor superior a los $6.000 millones.

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Por estos hechos, en marzo pasado, la Sala de Instrucción de la Corte lo acusó por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Previo a ello el exsenador había solicitado al alto tribunal la acumulación de todos los procesos adelantados en su contra con el fin de afrontar un solo juicio debido a que guardan relación con los hechos sucedidos en la administración de su hermano en la alcaldía.

“No es mas lógico realizar un solo juicio en vez de tres simultáneamente? Hoy estoy convencido que es con el fin de mantenerme detenido arbitrariamente e indefinidamente. Es increíble que se niegue la posibilidad de defenderme en libertad o una medida sustitutiva cuando ya he cumplido mas del 90% de la pena”, expuso en el documento en el que también dejó de presente que se libera de “esa farsa jurídica” a la que ha estado sometido desde que empezaron los procesos judiciales en su contra.

El exsenador aseguró que desde este momento revoca los poderes que le ha otorgado a sus abogados en los procesos judiciales que se adelantan a su nombre. Del mismo modo dijo que rechaza la designación de un abogado defensor público esto a modo de protesta. Aseguró que lleva más de 10 años separado de su familia aún cuando en mayo de 2020 el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá le concedió el beneficio de casa por cárcel.

En ese entonces, el juez accedió a dejarle purgar el resto de su pena en el lugar de residencia, con la condición de que el excongresista pagara una caución de cinco salarios mínimos legales vigente y suscribiera un acta de compromiso. Sin embargo, esta iniciativa se vio empañada por la investigación de que vincula las ambulancias.

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“Mi salud física y mental se ha deteriorado de manera considerable al ver que se vulneran todos mis derechos y garantías judiciales siendo sometido por la Corte Suprema de Justicia a una cadena perpetua. Sin embargo me mantengo vivo gracias a Dios y a la esperanza de que pueda volver a estar con mi familia, con mis hijos algún día”, dijo en su misiva y añadió que se suma a los más de 20 millones de colombianos que consideran que en en el país no existe la justicia. “Mi única esperanza está en la justicia internacional, en el Sistema Interamericano de Justicia y como ciudadano americano, en la Intervención del Gobierno de los Estados Unidos a lo cual me dedicaré”.

Moreno aseguró que agotó todos los recursos, las posibilidades y los derechos en la justicia colombiana. “Cuando te cansas, te cansas de verdad, no amenazas más. No avisas, no ruegas, no esperas, no corres, no persigues, no miras, no te interesas más, y te detienes, cierras el libro, apagas la luz, bajas el telón, y punto final”, dijo el político y añadió que fue investigado, juzgado y condenado por magistrados vinculados en el denominado ‘Cartel de la Toga’, ese entramado de corrupción que se suscitó en el interior de la Corte Suprema que a cambio de favores judiciales para los aforados, los magistrados recibían cuantiosas sumas de dinero.

El exsenador confirmó que pese a lo anterior sigue siendo juzgado “por sus discípulos sin rubor alguno. Estoy cansado del permanente Bullying Jurídico al que he venido siendo sometido por mas de 10 años. Si la justicia existe tiene que ser para todos igual, de lo contrario ya no es justicia”, aseveró y dejó de presente que junto con su hermano, durante 2008 a 2011, fueron víctimas de “una agresiva guerra política y judicial” por ser parte de la oposición como militantes de Polo Democrático.

En materia judicial añadió que “las decisiones tomadas de manera permanente por la Corte Suprema de Justicia han sido desproporcionadas, arbitrarias e ilegales desconociendo la convencionalidad y la jurisprudencia pacifica. Este tipo de actuaciones prueban que las garantías judiciales fueron otorgadas solo de manera formal, porque en la realidad han sido totalmente inexistentes en las diferentes etapas procesales”, argumentó en la misiva y adujo que con el fin de mantenerlo privado de la libertad de manera indefinida el alto tribunal ha desconocido los tiempos mínimos para ser investigado y juzgado de acuerdo a la ley 600 de 2000.

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El político explicó que el plazo máximo para la etapa de una investigación previa adelantada por la Corte es de seis meses. Para la etapa de investigación formal es de 18 meses, para obtener la libertad cuando no se ha iniciado el juicio es de seis meses vencidos, los cuales se dictará resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria o para iniciar el juicio con la audiencia es de cinco días. Sin embargo, reprochó que en su caso han pasado alrededor de 10 años sin que se muevan sus procesos incumpliendo la ley.

“Todas estas demoras de los tiempos han sido única y exclusivamente responsabilidad de la Corte Suprema. Aun mas grave la Corte aplica una medida restrictiva a la libertad de manera diferida, arbitraria, desproporcionada e ilegal en contra de la Jurisprudencia de Sistema Interamericano de Justicia, de la Constitución y la ley”, añadió.