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La pandemia del nuevo coronavirus tiene en cuarentena a buena parte del mundo, y así, con los contagios de COVID-19 también han aumentado drásticamente las cifras de violencia intrafamiliar y de género. Por eso, Women’s Link Worldwide, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Planificación de la Familia lanzaron una guía de recomendaciones en políticas públicas para que "las respuestas de los Estados de las Américas frente a la pandemia tomen en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y niñas en la región en la crisis actual".
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El documento traza unos puntos clave sobre las obligaciones en derechos humanos que tienen estados como Colombia "por haber ratificado diferentes tratados de internacionales, específicamente en relación con la protección de los derechos de mujeres y niñas, durante la pandemia". Selene Soto, abogada de Women’s Link Worldwide, habló con El Espectador sobre esta herramienta y cómo las medidas restrictivas que se han implementado para combatir el nuevo coronavirus afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas.
¿En qué consiste esta guía para la protección de mujeres y niñas en la pandemia?
Es una hoja de ruta sobre cuáles son las medidas que, como mínimo, se deben adoptar para garantizar los derechos de mujeres y niñas en el marco de la pandemia, un poco sumándonos a los llamados que han hecho también varios organismos internacionales de que todos los planes de respuesta frente a la emergencia deben garantizar los derechos humanos. En este caso, nos enfocamos en que estas medidas deben tener en cuenta el impacto diferenciado que está teniendo la emergencia generada por la pandemia en mujeres y niñas. Vemos este documento como una lista de indicadores mínimos que puede ayudar a las organizaciones de la sociedad civil para medir la respuesta de los estados y entender cómo garantizan los derechos de mujeres y niñas.
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¿Por qué ven necesario lanzar esta guía?
Partiendo de la identificación de cuáles son esos principales impactos de la pandemia en las violencias y discriminaciones basadas en género que sufren mujeres y niñas, que encontramos cuatro: el derecho a vivir libres de violencia, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia y la situación de mujeres en condición de movilidad. Nuestro diagnóstico nace de cómo impacta a las mujeres la cuarentena, los cierres de frontera, los cierres en oficinas de administración de justicia, que, además, son los focos históricos de discriminación de género para mujeres y niñas. Hablamos de que la violencia contra las mujeres es una de las más extendidas en la región, entonces el llamado es a que se entienda que la violencia doméstica, por ejemplo, o la violencia sexual, se pueden presentar durante la pandemia, pero también se pueden identificar e incidir sobre ellas.
¿Por qué las mujeres migrantes corren mayores riesgos?
Porque una de las principales medidas adoptadas fue el cierre de las fronteras y, teniendo en cuenta el contexto de la situación venezolana, las fronteras cerradas aumentan la vulnerabilidad de las mujeres porque las lleva a cruzar por pasos irregulares donde pueden ser objeto de explotación, violencia sexual o trata. Todas las medidas que se tomen con un enfoque diferencial deben también contemplar a las mujeres migrantes.
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Ya hay alertas incluso del mismo Gobierno del aumento de la violencia de género en la cuarentena, ¿qué acciones concretas se pueden tomar?
Eso parte de que las medidas de aislamiento están pensadas para disminuir los riesgos del contagio, pero esto en el caso de mujeres y niñas puede convertirse en mayor vulenrabilidad. Un enfoque principal sobre las medidas que tiene la guía es lo que tiene que ver con mecanismos de protección. Nos parece importante que en este ámbito se garantice lo que tiene que ver con las líneas o rutas de atención para que las mujeres puedan denunciar cuando sean víctimas de violencia, que también se adopten medidas para la activación de protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas. Otra cosa importante es que las medidas de protección de mujeres víctimas de violencia de género tienen fechas de caducidad. En países como Uruguay, por ejemplo, se prorrogaron de oficio. Asimismo, con medidas tan restrictivas y con la Fuerza Pública en las calles haciéndolas cumplir, es necesario que las autoridades tengan en cuenta antes de sancionar a una mujer por violar la cuarentena, que ella puede estar huyendo de su agresor.
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¿Y cómo garantizar, por ejemplo, el acceso a derechos sexuales en medio de la cuarentena?
Lo primero, que tiene que entenderse que son servicios que deben ser considerados esenciales durante la emergencia y que bajo ninguna circunstancia pueden ser suspendidos. La guía propone, por ejemplo, que las mujeres gestantes y lactantes estén dentro de los grupos priorizados, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud; que se garantice la aplicación de protocolos para las víctimas de violencia sexual. También mostramos que este contexto puede ser una oportunidad para reforzar el cubrimiento de abortos farmacológicos, a través de la implementación de líneas de atención. Entre otras cosas, consideramos importante incluir salvoconductos en la cuarentena para la red privada de salud, agencias humanitarias y demás, que brindan los servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres.