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Esta mañana de este 9 de julio, una mujer aseguró ser la esposa del militar en retiro Francisco Eladio Uribe, uno de los antiguos miembros del Ejército que, según información oficial de Haití, habría participado en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, hace dos días. En W Radio aseguró que llevan casados 18 años y que pudo haber sido engañado por una jugosa “oportunidad laboral”. La mujer, quien decidió proteger su nombre, le confirmó a El Espectador que está angustiada y no tiene información sobre su pareja, un hombre quien fue militar hasta 2019.
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Este diario pudo constatar que Francisco Eladio Uribe ingresó a servicio militar en el Ejército, para luego ser incorporado como soldado voluntario el 20 de noviembre de 2.000, actividad que desarrolló hasta la noche de brujas del 2003. Luego, el 1 de noviembre de ese año, fue incorporado como soldado profesional. Las autoridades haitianas aseguran que dos colombianos murieron durante las acciones contra los “mercenarios”, sin embargo, Uribe es uno de los quince detenidos que están en la isla. Ocho nacionales se fugaron, según el director general de la Policía, Leon Charles.
El Espectador conoció que la Fiscalía le siguió la pista durante los últimos años de su carrera, por un episodio de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Su esposa asegura que “salió inocente de todo”. De acuerdo con información oficial de la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Uribe sería coautor del homicidio del ciudadano Luis Carlos Cárdenas, a principios de 2008 -en pleno auge del siniestro fenómeno-. Ese día, el entonces sargento segundo César Alberto Tafur suscribió una supuesta orden de operaciones “Ferrari”.
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Se trataba de una acción militar, dentro de una gran operación denominada “Escipión”, en contra de grupos armados y bandas criminales en el área rural y urbana de Yarumal (Antioquia). Tafur explicó que en el sector “La S” estaban siendo citados comerciales de ese municipio y Campamento, para el pago de extorsiones. A las 9:00 p.m., supuestamente fueron atacados por un “número indeterminado de sujetos”. Los militares, entre los que estaría Uribe, habrían respondido disparando, tras lo cual quedó tendido el cuerpo de un sujeto -Cárdenas-, a quien se le incautó un revolver calibre 38.
Un testigo, cuyo nombre omite este diario para su protección, aseguró que un reclutador de “falsos positivos” se les acercó a él y a Luis Carlos Cárdenas, explicándoles que había una oferta de trabajo en las bananeras de Antioquia. No obstante, el testigo no aceptó porque era menor de edad entonces. La víctima habría salido en bus desde Barbosa (Santander) con destino a Yarumal, donde lo habrían asesinado. “(…) se trató de una empresa criminal en la cual los miembros del Ejército Nacional, lo daban de baja para presentarlo como persona fallecida en combate”, explicó la Fiscalía en su acusación, el 9 de noviembre de 2018.
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La justicia ordinaria tenía en juicio a Tafur y a Uribe por los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público. No obstante, durante la fase final del proceso la Fiscalía y Procuraduría solicitaron que el expediente llegara la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual recibió el expediente el 21 de octubre de 2019. “Emerge clara la calidad de miembros de la fuerza pública de los señores César Alberto Tafur Robles y Francisco Eladio Uribe Ochoa, habilitando entonces la idoneidad de esta Jurisdicción para conocer del asunto adelantado en su contra”, respondió el organismo.
La JEP lo acogió en el organismo transicional el 21 de diciembre de 2020, siempre y cuando aporte su verdad sobre el conflicto armado. Su esposa asegura que se había alejado de las fuerzas militares y que estaba buscando trabajo. Explicó que resultó en Haití por que una empresa de iniciales “CTU” estaba buscando personal de seguridad en diferentes países. La oferta era tan llamativa, según ella, que le ofrecieron US$ 2.700 mensuales. Por otro lado, Francisco Eladio Uribe había tenido un pleito con el Estado por su sueldo, del cual salió victorioso el 14 de marzo de 2019.
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En concreto, 243 soldados profesionales presentaron a mediados de la década pasada una demanda contra el Ministerio de Defensa, pues durante años el Estado no les había reajustado el 20% adicional al sueldo básico, modificación que sí recibieron la mayoría de militares. Por orden del Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Tunja, a Uribe se le reconoció cada uno de los montos que dejó de recibir entre el 1° de mayo de 2003 y el 31 de mayo de 2017. Su esposa insiste, por el caso del magnicidio, en que Uribe desconocía a donde lo iban a llevar y que la empresa “CTU”, incluso, llevaba personal de seguridad a Dubái (Emiratos Árabes Unidos).