Miembros de las antiguas FARC reconocen su participación en caso de secuestros

Un total de 10 excombatientes de las FARC reconocen su participación en los secuestros en Tolima, norte del Huila y Quindío.

Foto: Cortesía JEP

Ibagué será hoy el escenario de un nuevo capítulo en la construcción de paz y búsqueda de la verdad sobre el conflicto. Allí, a 220 kilómetros de Planadas, el municipio que vio nacer a las hoy extintas FARC, diez exmiembros y mandos medios del Comando Conjunto Central de esa guerrilla reconocerán su responsabilidad en más de 150 secuestros ocurridos en Tolima, norte del Huila y Quindío. Lo harán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), instituciones y, lo más importante, delante de las víctimas, en una audiencia de reconocimiento de verdad, la primera en el ámbito regional en el caso 01 que investiga toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.

Sin embargo, las dudas respecto al desarrollo de la audiencia se hicieron más fuertes en las últimas horas por cuenta de la situación de inseguridad que se vive en el departamento. A través de un comunicado, los exmiembros del Comando Conjunto Central manifestaron ser objeto de amenazas cada vez más intensas por parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, que tienen en sus filas más de 3.200 hombres. La situación es tan crítica que los propios comparecientes pidieron aplazar la diligencia hasta que no se les garanticen condiciones de seguridad.

Luis Eduardo Rayo, Enoc Capella Trujillo, John Jairo Oliveros Grisales, Nelson Antonio Jiménez, Édgar Ramírez Medina, Víctor Hugo Silva, Álvaro López, Gustavo Bocanegra, Wilson Ramírez Guzmán y Raúl Agudelo Medina son los nombres de los firmantes que hablarán sobre hechos particulares de los plagios que realizó esa estructura de las FARC, la cual, si bien cometió pocos secuestros, según los registros de la JEP, su músculo financiero estuvo desligado del narcotráfico y otras fuentes ilegales de ingreso, y se concentró, únicamente, en pedir dinero a los familiares de los secuestrados.

Durante un poco más de 13 años, desde 1998 hasta 2011, Nelson Antonio Jiménez, alias Gonzalo, hizo parte del grupo de insurgentes que cumplió con las órdenes orientadas a secuestrar civiles para financiar a la organización armada.

“En estos momentos uno siente, de corazón, el dolor, todo lo que sufrieron en las montañas: las caminatas y demás (...) Para darle respuesta al señor Héctor, a mí me dieron una orientación y me fui con una unidad al municipio de Prado, exactamente al lago, con seis unidades. Acepto que ahí estuve yo”, reconoció alias Gonzalo frente Cajicá. Y agregó: “Les pido un perdón público, a usted y a su familia y a todas las víctimas aquí presentes, a todas las de Colombia”.

El 17 de abril de 2003, Héctor Cajicá se encontraba en “La Cabaña”, su finca, ubicada en la Represa de Prado (Tolima). Cinco guerrilleros del Frente 25 de las FARC entraron y lo secuestraron en su propia lancha. Estuvo en cautiverio por dos años y ocho meses y fue liberado el 7 de diciembre de 2005, luego de que su hijo pagara una suma de $200 millones.

Héctor Cajicá ha mencionado en repetidas ocasiones que alias Nelson Antonio Jiménez, alias Gonzalo, estuvo presente el día de su secuestro en su finca y que eso no se lo podría negar. ““Es la primera mentira que usted puede decir. Negar que estuvo. Yo hablé con usted”, precisó Cajicá.

“No se sabe si salir después de tanto tiempo es mejor o peor. Mejor porque fui liberado, pero peor porque empieza uno a a conocer, a vivir las cosas que pasaron en el tiempo en que uno no estuvo”, agregó Cajicá, quien también le pidió a alias Gonzalo que explique cómo fue la inteligencia que realizaron para su secuestro y cómo se planteó la estrategia del plagio.

“Yo, personalmente, asumo la responsabilidad de su secuestro. Ustedes han sido víctimas, no solo por el hecho de haber secuestrado a don Ramiro y doña María Fernanda, sino por el hecho de secuestrar a su abuelo, don Ernesto Durán Cordobés, quien era un destacado dirigente, periodista y político, y tenía mucha influencia en el Huila; era un referente dentro de la clase política del Partido Liberal”, reconoció alias El Chivo.

Y agregó: “Si yo supiera los responsables de dar información sobre el señor Ramiro, la diría, no tengo temor ni miedo, ni tampoco estoy interesado en proteger gente”. Luego de ello, Ramiro Charry Gutiérrez (padre) interrumpió a Silva y le exigió decir toda la verdad “o perdería todos los beneficios”.

La magistrada Lemaitre preguntó al compareciente Silva por su cargo al interior de las FARC al momento del plagio de Ramiro Charry Gutiérrez (30 de octubre de 2001), a lo que Silva respondió: “Yo era encargado dela comisión Manuelita Sáenz, la encargada de capturar y secuestras al doctor Ramiro Charry (...) bajo esa comisión secuestramos más de 30 personas”, apuntó Silva. Además, el compareciente precisó que la orden de secuestrar a la pareja fue dictada por Jerónimo Galeano.

Acto seguido, Charry Durán pidió respeto a los firmantes de paz que han cuestionado a la JEP y su funcionamiento. “Ellos deben someterse y respetar la JEP y los acuerdos. Deben respetar las condiciones a las cuales se acogieron”. Así mismo, aseguró que están reconociendo a los victimarios y su esfuerzo, pero, señaló que es inaceptable “escuchar pronunciamientos de quienes hoy son los legisladores de nuestro país que llegaron al Congreso y gobiernan en democracia, porque son del partido de gobierno, pero llegaron a esos espacios a punta de secuestros, extorsiones y matanzas, y mil actos de lesa humanidad. No quiero ver que el día de mañana sean quienes portan esas togas y nosotros sigamos siendo las víctimas”.

El 30 de octubre de 2001, Ramiro Charry Gutiérrez y María Fernanda Durán, saliendo de su finca, fueron interceptados por hombres armados y encapuchados y llevados ante Víctor Hugo Silva, alias El Chivo, quien les confirmó que se trataba de un secuestro extorsivo. Durante el cautiverio y en las extensas caminatas, María Fernanda Durán se fracturó la tibia y el peroné, por lo que su esposo fue el responsable de ponerle inyecciones y les tocó conseguir una hamaca para transportarla.

Ramiro Charry fue liberado el día 30 de abril del 2002. A lo largo del cautiverio, sus hijos, aún adolescentes, debieron asumir las negociaciones para la liberación de los dos padres, así como la responsabilidad por su propia subsistencia. “Desde que tengo uso de razón he sido víctima de las FARC”, expresó Ramiro Charry Durán, hijo de la pareja secuestrada. “Quiero agradecer a mi madre y a mi hermana que, pese a su exilio, está aquí enfrentando a sus victimarios”, añadió.

Charry Durán aportó unas fotografías de la finca de su familia y de su abuelo, quien también habría sido secuestrado por las FARC. Según Charry Durán, el plagio de su abuelo habría sido también ordenado por alias El Chivo, cuando tenía tan solo 22 años y ya pertenecía a la guerrilla. De igual manera, Charry Durán le pidió a Víctor Hugo Silva relatar cómo fue el plagio de su abuelo y también que dé a conocer quienes eran los terceros civiles que ayudaron al Comando Conjunto Central en el desarrollo de estos delitos.

Enoc Capera, más conocido como alias Giovanni Castro, respondió sobre el caso de Omar Benítez: “Tuvo que ser secuestrado en momentos, entre otras cosas, donde la guerra arreciaba contra nosotros. Uno entiende que tuvo que pasar momentos difíciles en la captura, el traslado y el cuido, a pesar de que había normas de tratar bien a los secuestrados (...) no siempre las hacíamos cumplir”.

Y añadió: “Escuchar a don Omar causa muchas cosas: lo quebramos económicamente y dañamos sus sueños (...) Hasta donde tengo conocimiento, a don Omar lo secuestraron luego de hacerle inteligencia hombres de civil que se mueven dentro del pueblo (Chaparral) y reitero que no hubo participación de terceros en el plagio. Nos queda decirle a don Omar que estamos dando la cara por lo que nuestra organización, las FARC-EP, hizo. Aquí estamos escuchándolo y estamos para responder desde el punto de vista jurídico”.

Capera reconoció, además, que uno de los comandantes del frente (alias Walter, asesinado en 2005) utilizó unas joyas que le fueron arrebatadas a Benítez, quien, en una pasada audiencia, señaló que vio a algunos miembros de la guerrilla usar sus pertenencias. “No sabemos que hizo Walter con las joyas”, dijo.

Omar Benítez, comerciante y empresario, quien tenía negocios de máquinas y bingo electrónico, fue secuestrado el 7 de septiembre de 2005, luego de jugar un partido de fútbol en el cancha central de Chaparral (Tolima). Según narra, hombres “fuertemente armados” lo abordaron por la carretera y le pidieron acompañarlos. Fue obligado a pagar una jugosa suma de dinero para su liberación y comprometerse a pagar, en cuatro meses, otra suma. Tanto él como su familia recibieron amenazas en caso de no cumplir, más precisamente de Luis Eduardo Rayo, alias Marlon.

Cuenta que, para pagar la extorsión, tuvo que vender activos de su empresa y solicitar créditos con amigos y familiares, motivo por el cual hoy está en quiebra y tuvo que salir del municipio por miedo a las represalias del Comando Conjunto Central por no poder pagar las cuotas de la “vacuna”.

“Hoy, señores, tienen a oportunidad grande de hacer historia, contándole al país y al mundo, certificando mi caso, certificándome si hubo un tercero que estuvo involucrado en ese secuestro. Recuerden, señores, ustedes son de pueblo como lo soy yo, campesino como lo soy yo. Honren la palabra del campesino. Cuando los miré a los ojos encontré unas personas de pueblo y de vereda como lo soy yo”, dijo.

“Quiero la verdad absoluta y reparación a mi persona, empresa, daño psicológico y detrimento patrimonial que fueron causados por su accionar”, añadió Benítez.

Jhon Jairo Oliveros, conocido al interior de la guerrilla como alias Armando Delgado, aseguró haber sido uno de los encargados de las finanzas del Frente 21 durante el 2006 y responsable de hacer los cobros, vía telefónica, para pedir dinero a cambio de la liberación de secuestrados. “Tuve que hacer esa llamada humillante”, precisó.

“Asumo mi responsabilidad por ser ejecutor de esas políticas. Cuando estábamos en el monte pensamos que lo estábamos haciendo bien, pero hoy en día, cuando uno se encuentra con las víctimas y les ve el sufrimiento y la impotencia, porque los dejamos en la ruina, todo es diferente. En el Frente 21 se cometieron secuestros a menores de edad, personas adultas mayores. Hay personas que murieron en cautiverio; son cosas muy dolorosas para sus seres queridos”, agregó.

También reconoció que a los comerciantes que no pagaban las denominadas “vacunas”, les ponían bombas en sus establecimientos y, algunos de ellos, fueron desplazados a la fuerza. También se refirió a Omar Benítez, victima acreditada ante la JEP, quien se encuentra reportado ante la DIAN por no pagar sus obligaciones financieras, debido a los cobros ilegales que tuvo que consignar al Frente 21 de las FARC. “Los dejamos en la ruina y arruinamos sus emprendimientos”, reconoció Oliveros.

Víctor Hugo Silva, conocido en la guerrilla como alias El Chivo o Erick, reconoció su responsabilidad en los actos de secuestro del Comando Conjunto Central: “Me declaro culpable de los delitos como el secuestro y todo lo que conllevó al sufrimiento de las víctimas. Culpable por lo que tuvieron que padecer y las torturas en medio del cautiverio. Acepto mi rol en el secuestro. La magistratura se encargará de determinar mi responsabilidad en este crimen en contra de la sociedad y contra cada uno de ustedes (las víctimas presentes), así lo voy a aceptar de manera individual y colectiva”.

Rayo reconoció, además, que fueron los coordinadores quienes ordenaron directamente ejecutar los secuestros con fines de financiación. En su relato, Rayo reconoció que fueron cuatro coordinadores quienes tuvieron a cargo esa responsabilidad. Junto a él estuvieron William Manjarrés (alias Adán Izquierdo), Abel Tavera (alias Pedro Nel) y Arquímedes Muñoz (alias Jerónimo Galeano).

“Luego de la muerte en combate de Galeano, que fue el que más duró, Alfonso Cano me nombró coordinador en 2011. Fuimos los coordinadores quienes transmitimos las ordenes de secuestrar. Esas ordenes eran las que llegaban a los frentes y unidades para que aplicaran ese delito tan atroz”, añadió.

A renglón seguido, Rayo señaló que ha sido víctima de amenazas por parte del Estado Mayor Central y que, según ha conocido, esa disidencia quiere capturarlo. “Temo que me toque pasar por esa situación que les tocó a ustedes. Solo de imaginarlo pienso que es supremamente duro”, le dijo a las víctimas.

Luis Eduardo Rayo explicó ante las víctimas y la jurisdicción de paz el funcionamiento de leyes internas al interior del Comando Conjunto Central, bajo las cuales se pedía utilizar el secuestro como mecanismo de financiación para planes y estrategias.

“El dinero que pedíamos iba para la financiación de los planes de las distintas unidades columnas o frentes del comando había que financiar. Eso implicaba que se necesitaba bastante dinero porque los planes eran para medicamentos, intendencias, ropa y comida. Pero lo que quiero decir es que por esa ordenes que se nos dieron de la aplicación de la ley, eso no llevó a caer en la práctica de causar tremendos daños con el secuestro”, precisó alias Marlon.

Luis Eduardo Rayo, más conocido en la guerra como alias Marlon, reconoció su participación en los delitos de secuestros.

“Reconozco mi responsabilidad por los delitos graves no amnistiables. Durante los años 1999 hasta el 2011, que participe en la toma de decisiones de realizar secuestros financieros por el Frente 21. En esta última etapa, del 2011 al 2014, cuando fui coordinador, en el comando estábamos en una situación muy difícil. Llegamos a ser 1.200 integrantes entre hombres y mujeres y, para esta época, eramos apenas 200. Esto debido a las operaciones militares que se desarrollaban sobre nosotros”.

Acto seguido, la magistrada Marcela Giraldo, le solicitó a Rayo dirigirse a las víctimas, pese a tener un texto de apoyo en el que lee su discurso.

Julieta Lemaitre, magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP y relatora del caso, habló del tema de inseguridad que rodea a la audiencia de reconocimiento por cuenta de las amenazas del Estado Mayor Central (EMC) en contra de los 10 comparecientes. “Esta diligencia estaba planeada para ser realizada en el auditorio de la Universidad del Tolima (...) sin embargo por razones de seguridad no se hizo en ese lugar”.

Además, la jurista habló de un “recomenzar de la extorsión” en el norte del Huila, principalmente en contra de las víctimas que hoy se hacen presentes en la audiencia. La magistrada Lemaitre celebró el acompañamiento de la Corte Constitucional, la cual ordenó en 2022 un estado de cosas inconstitucional respecto a la grave situación en contra de los firmantes de paz y, además, mencionó el reciente auto del 19 de abril del alto tribunal, en el cual ordena a la Unidad Nacional de Protección garantizar la seguridad de los excomabatientes del Comando Conjunto Central. “Nos rodean unas fuerzas que quieren retornar a la violencia y al sufrimiento (...) las últimas semanas han sido muy intensas y preocupantes en este sentido. El despacho ha tomado todas las medidas de protección”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) arrancó la audiencia en Ibagué en medio de un fuerte mecanismo de seguridad.

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