“Nuestra espera es que el señor Maza recapacite”: víctimas de la UP ante la JEP
El exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán, no asistió a la anunciada audiencia en la JEP por el caso del genocidio a la Unión Patriótica. El Inpec aseguró que fue culpa de la Policía. La defensa del general (r) dijo que tiene sus razones.
No hay frases para registrar del general (r) Miguel Maza Márquez durante este 23 de noviembre. No asistió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su presunta responsabilidad y conocimiento sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Se trataba del partido político surgido tras acuerdos de paz con las extintas Farc, que entre 1984 y 2002, según sus denuncias, vieron masacrados alrededor de 6.000 miembros. “Nuestra espera es que el señor Maza recapacite”, respondió la representación de víctimas ante la ausencia de Maza.
En contexto: Miguel Maza Márquez será juzgado por la JEP en el caso de la Unión Patriótica
Aunque después de varios intentos el general (r) Márquez logró entra a la JEP, por el caso 06 conocido como “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”, está mañana tanto el Inpec como la Policía fueron requeridos para asegurar su comparecencia. Desde noviembre la JEP había confirmado su cita con la verdad, no obstante, ante la negativa del exdirector del DAS, la justicia transicional ordenó su traslado desde una escuela de Policía en Bogotá, donde cumple una condena a 30 años por participar en el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. La orden judicial no se cumplió.
A eso de las 11:00 a.m., luego de que las víctimas esperaran por dos horas la presencia de Maza, el magistrado de la Sala de Reconocimiento Gustavo Salazar recibió una comunicación del Inpec. El instituto penitenciario aseguró que muy tempano los conductores de la entidad estuvieron en la escuela de Policía, pero un patrullero les negó el paso ante la verificación del área jurídica. Como lo relató Salazar, el Inpec informó que la abogada de Maza llamó y aseguró que su defendido no se iba a presentar ni hoy, ni el próximo jueves cuando estaba programada otra diligencia. Anunció un comunicado público por parte del adulto mayor.
Lea: Fiscalía pide mantener condena contra Maza Márquez por magnicidio de Galán
El magistrado Salazar recordó que el general en retiro, como antiguo miembro de la Fuerza Pública, estaba obligado a asistir. Aseguró que contra Maza Márquez puede desarrollarse una acción de incumplimiento, tras negarse a consumar sus acuerdos en la justicia transicional. Además, que la Policía y el Inpec estaban obligados a cumplir lo determinado por la autoridad judicial, cuya negativa podría terminar en responsabilidades disciplinarias y penales.
Martha Murillo, representante de víctimas, lamentó la ausencia de Maza Márquez. “Las víctimas estamos preparados para recibir esa anhelada verdad que por más de 30 años hemos clamado. Se guardaba una expectativa muy grande sobre lo que podría ocurrir en esta diligencia. Estaba obligado a comparecer ante el llamado que le hace la JEP y que se le hizo un llamado con mucha antelación. Se le allegaron los informes de las corporaciones, sobre los hechos que presuntamente pueden conocer. Nuestro compromiso y nuestra espera es que el señor Maza recapacite.”, dijo.
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Y dio pistas sobre el panorama del conflicto armado que el condenado podría desenredar. “En ese plan de contribución se espera del señor Maza Márquez ofrecer información relativa a esa deficiencia que había de la estructura del DAS y la posible infiltración por organizaciones criminales. La referida relación de ese estamento militar con grupos del paramilitarismo”, concluyó. Ahora, resta saber si el compareciente se presentará a la diligencia programada para el próximo jueves 25 de noviembre.
Maza Márquez y la UP, la historia que puede contarse
Miguel Maza Márquez fue director del desarticulado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985 y 1991. Está condenado por participar en el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Julio César Peñalosa, concejal de Soacha, y Santiago Cuervo Jiménez, escolta. Está privado de su libertad desde 2013, pagando por asociarse con el Cartel de Medellín y las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio para los crímenes perpetrados en Soacha, en 1989. Debilitó el esquema de seguridad de Galán.
Lea también: Colombia admite responsabilidad solo sobre 219 víctimas del exterminio de la UP
Para aceptar su sometimiento, la JEP dejó claro que en la sentencia de la Corte Suprema se describe la relación de Márquez con Henrey de Jesús Pérez Durán, comandante de las Autodefensas Unidas de Magdalena Medio. “Es importante tener en cuenta que, como ha sido probado en la justicia ordinaria, los grupos paramilitares del Magdalena Medio fueron responsables de múltiples asesinatos y masacres en contra de miembros de la Unión Patriótica”, explicó el órgano de justicia transicional.
Según ha registrado el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el libro “Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la UP 1984-2002″, la victimización a miembros de la UP se presentó en su mayoría en el Urabá, el Magdalena Medio y el Ariari-Guayabero. El 34% de las víctimas, 1 de cada 3. Paramilitares han señalado en sus versiones que la persecución al partido procedía de una estrategia público-privada, enfocada en la idea de atacar al “enemigo comunista”.
Lea: Exterminio de la UP: Así va el caso en la JEP y Comisión de la Verdad
“En el caso de la victimización de la UP, muchos recursos salieron del narcotráfico. En principio el dinero de Gonzalo Rodríguez Gacha pagó tanto el equipamiento como la formación de varios comandos paramilitares por parte de mercenarios ingleses e israelíes. De allí salieron los grupos de Fidel Castaño, Víctor Carranza, el propio Rodríguez Gacha y las Autodefensas del Magdalena Medio. A esta última estructura perteneció Alonso de Jesús Baquero, alias el Negro Vladimir, autor material de asesinatos selectivos y masacres contra militantes y simpatizantes de la UP, como en el caso de la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988 que dejó 46 víctimas fatales”, señala el Centro.
La JEP abrió el caso 06 tras recibir informes de la Fiscalía General, entre ellos “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. También un grueso documento de la representación de víctimas, Corporación Reiniciar, de nombre “¡Venga esa mano!, país Memoria viva de una vergüenza nacional”. Reiniciar da cuenta de 6.613 víctimas reconocidas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, 6.201. La Fiscalía solo tiene entre sus cifras a 1.620 víctimas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
No hay frases para registrar del general (r) Miguel Maza Márquez durante este 23 de noviembre. No asistió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su presunta responsabilidad y conocimiento sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Se trataba del partido político surgido tras acuerdos de paz con las extintas Farc, que entre 1984 y 2002, según sus denuncias, vieron masacrados alrededor de 6.000 miembros. “Nuestra espera es que el señor Maza recapacite”, respondió la representación de víctimas ante la ausencia de Maza.
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Aunque después de varios intentos el general (r) Márquez logró entra a la JEP, por el caso 06 conocido como “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”, está mañana tanto el Inpec como la Policía fueron requeridos para asegurar su comparecencia. Desde noviembre la JEP había confirmado su cita con la verdad, no obstante, ante la negativa del exdirector del DAS, la justicia transicional ordenó su traslado desde una escuela de Policía en Bogotá, donde cumple una condena a 30 años por participar en el magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989. La orden judicial no se cumplió.
A eso de las 11:00 a.m., luego de que las víctimas esperaran por dos horas la presencia de Maza, el magistrado de la Sala de Reconocimiento Gustavo Salazar recibió una comunicación del Inpec. El instituto penitenciario aseguró que muy tempano los conductores de la entidad estuvieron en la escuela de Policía, pero un patrullero les negó el paso ante la verificación del área jurídica. Como lo relató Salazar, el Inpec informó que la abogada de Maza llamó y aseguró que su defendido no se iba a presentar ni hoy, ni el próximo jueves cuando estaba programada otra diligencia. Anunció un comunicado público por parte del adulto mayor.
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El magistrado Salazar recordó que el general en retiro, como antiguo miembro de la Fuerza Pública, estaba obligado a asistir. Aseguró que contra Maza Márquez puede desarrollarse una acción de incumplimiento, tras negarse a consumar sus acuerdos en la justicia transicional. Además, que la Policía y el Inpec estaban obligados a cumplir lo determinado por la autoridad judicial, cuya negativa podría terminar en responsabilidades disciplinarias y penales.
Martha Murillo, representante de víctimas, lamentó la ausencia de Maza Márquez. “Las víctimas estamos preparados para recibir esa anhelada verdad que por más de 30 años hemos clamado. Se guardaba una expectativa muy grande sobre lo que podría ocurrir en esta diligencia. Estaba obligado a comparecer ante el llamado que le hace la JEP y que se le hizo un llamado con mucha antelación. Se le allegaron los informes de las corporaciones, sobre los hechos que presuntamente pueden conocer. Nuestro compromiso y nuestra espera es que el señor Maza recapacite.”, dijo.
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Y dio pistas sobre el panorama del conflicto armado que el condenado podría desenredar. “En ese plan de contribución se espera del señor Maza Márquez ofrecer información relativa a esa deficiencia que había de la estructura del DAS y la posible infiltración por organizaciones criminales. La referida relación de ese estamento militar con grupos del paramilitarismo”, concluyó. Ahora, resta saber si el compareciente se presentará a la diligencia programada para el próximo jueves 25 de noviembre.
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Miguel Maza Márquez fue director del desarticulado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985 y 1991. Está condenado por participar en el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Julio César Peñalosa, concejal de Soacha, y Santiago Cuervo Jiménez, escolta. Está privado de su libertad desde 2013, pagando por asociarse con el Cartel de Medellín y las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio para los crímenes perpetrados en Soacha, en 1989. Debilitó el esquema de seguridad de Galán.
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Para aceptar su sometimiento, la JEP dejó claro que en la sentencia de la Corte Suprema se describe la relación de Márquez con Henrey de Jesús Pérez Durán, comandante de las Autodefensas Unidas de Magdalena Medio. “Es importante tener en cuenta que, como ha sido probado en la justicia ordinaria, los grupos paramilitares del Magdalena Medio fueron responsables de múltiples asesinatos y masacres en contra de miembros de la Unión Patriótica”, explicó el órgano de justicia transicional.
Según ha registrado el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el libro “Todo pasó frente a nuestros ojos: el genocidio de la UP 1984-2002″, la victimización a miembros de la UP se presentó en su mayoría en el Urabá, el Magdalena Medio y el Ariari-Guayabero. El 34% de las víctimas, 1 de cada 3. Paramilitares han señalado en sus versiones que la persecución al partido procedía de una estrategia público-privada, enfocada en la idea de atacar al “enemigo comunista”.
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“En el caso de la victimización de la UP, muchos recursos salieron del narcotráfico. En principio el dinero de Gonzalo Rodríguez Gacha pagó tanto el equipamiento como la formación de varios comandos paramilitares por parte de mercenarios ingleses e israelíes. De allí salieron los grupos de Fidel Castaño, Víctor Carranza, el propio Rodríguez Gacha y las Autodefensas del Magdalena Medio. A esta última estructura perteneció Alonso de Jesús Baquero, alias el Negro Vladimir, autor material de asesinatos selectivos y masacres contra militantes y simpatizantes de la UP, como en el caso de la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988 que dejó 46 víctimas fatales”, señala el Centro.
La JEP abrió el caso 06 tras recibir informes de la Fiscalía General, entre ellos “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”. También un grueso documento de la representación de víctimas, Corporación Reiniciar, de nombre “¡Venga esa mano!, país Memoria viva de una vergüenza nacional”. Reiniciar da cuenta de 6.613 víctimas reconocidas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, 6.201. La Fiscalía solo tiene entre sus cifras a 1.620 víctimas.
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