Militares confiesan ante la JEP asesinato de vendedor ambulante como falso positivo
Siete militares, entre los que hay soldados activos y retirados, aceptaron su responsabilidad por la muerte de Álvaro David Terán, un vendedor ambulante que viajaba por pueblos ofreciendo comida rápida y algodón de azúcar.
En audiencia reservada, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, siete militares comparecientes aceptaron culpa por el asesinato de Álvaro David Terán, en la modalidad de falsos positivos. El crimen ocurrió el 12 de abril de 2008, en el municipio de Burcasia, en Norte de Santander, lo que representa el primer avance judicial del expediente.
Los militares, entre los que hay soldados activos y otros retirados, cuyos nombres fueron omitidos por la JEP, no fueron sancionados por la justicia ordinaria y, de hecho, algunos de los procesados ni siquiera habían sido mencionados en investigaciones disciplinarias o penales. Todos eran miembros del Batallón de Infantería N. 15 Francisco de Paula Santander.
Desde 2021, la Jurisdicción tiene en imputación a 10 militares por las andanzas criminales de ese batallón y la Brigada Móvil 15. Hay documentación que soporta que, entre 2007 y 2008, integrantes de ambas estructuras ejecutaron extrajudicialmente a más de 120 personas. Entre los oficiales vinculados está el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 de Santander.
En el caso del expediente de Álvaro David Terán, ahora, aceptaron su responsabilidad un subteniente activo, dos sargentos viceprimeros (uno activo y otro en retiro), dos cabos segundos (uno activo y otro en retiro) y dos soldados profesionales retirados. Según la JEP, a su favor se implementó la ruta “no sancionatoria” del sistema de Justicia Transicional.
“La magistratura encontró que los comparecientes realizaron aportes significativos a la verdad de manera completa, detallada y exhaustiva, lo que permite la contrastación y profundización sobre el nivel de participación en esos hechos. A su vez, permite dar plenas garantías de participación a las víctimas y a la sociedad, a través del Ministerio Público, bajo el enfoque propio de la Justicia Transicional Restaurativa que permita esclarecer lo ocurrido”, explicó la JEP.
La JEP tiene en su documentación un radicado abierto de la Fiscalía en la que se detalla el caso de la víctima Terán. La investigación da cuenta de que el comerciante fue asesinado en la vereda La Mocarca y fue reportado como baja en enfrentamiento armado, por la contraguerrilla Ayacucho 2 del Batallón Francisco de Paula Santander, al mando del sargento Néstor Jaime Mosquera.
“Su estado civil era soltero, no tenía hijos, tenía secundaria incompleta, no prestó servicio militar, no registraba antecedentes o anotaciones judiciales. Se desempeñaba como vendedor ambulante que viajaba por los pueblos para ofrecer comidas rápidas, frituras en general y algodón de azúcar. Con base a la información aportada por personas allegadas, se tiene que este era una persona tranquila, de pocos amigos”, se lee en el expediente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En audiencia reservada, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, siete militares comparecientes aceptaron culpa por el asesinato de Álvaro David Terán, en la modalidad de falsos positivos. El crimen ocurrió el 12 de abril de 2008, en el municipio de Burcasia, en Norte de Santander, lo que representa el primer avance judicial del expediente.
Los militares, entre los que hay soldados activos y otros retirados, cuyos nombres fueron omitidos por la JEP, no fueron sancionados por la justicia ordinaria y, de hecho, algunos de los procesados ni siquiera habían sido mencionados en investigaciones disciplinarias o penales. Todos eran miembros del Batallón de Infantería N. 15 Francisco de Paula Santander.
Desde 2021, la Jurisdicción tiene en imputación a 10 militares por las andanzas criminales de ese batallón y la Brigada Móvil 15. Hay documentación que soporta que, entre 2007 y 2008, integrantes de ambas estructuras ejecutaron extrajudicialmente a más de 120 personas. Entre los oficiales vinculados está el general (r) Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 de Santander.
En el caso del expediente de Álvaro David Terán, ahora, aceptaron su responsabilidad un subteniente activo, dos sargentos viceprimeros (uno activo y otro en retiro), dos cabos segundos (uno activo y otro en retiro) y dos soldados profesionales retirados. Según la JEP, a su favor se implementó la ruta “no sancionatoria” del sistema de Justicia Transicional.
“La magistratura encontró que los comparecientes realizaron aportes significativos a la verdad de manera completa, detallada y exhaustiva, lo que permite la contrastación y profundización sobre el nivel de participación en esos hechos. A su vez, permite dar plenas garantías de participación a las víctimas y a la sociedad, a través del Ministerio Público, bajo el enfoque propio de la Justicia Transicional Restaurativa que permita esclarecer lo ocurrido”, explicó la JEP.
La JEP tiene en su documentación un radicado abierto de la Fiscalía en la que se detalla el caso de la víctima Terán. La investigación da cuenta de que el comerciante fue asesinado en la vereda La Mocarca y fue reportado como baja en enfrentamiento armado, por la contraguerrilla Ayacucho 2 del Batallón Francisco de Paula Santander, al mando del sargento Néstor Jaime Mosquera.
“Su estado civil era soltero, no tenía hijos, tenía secundaria incompleta, no prestó servicio militar, no registraba antecedentes o anotaciones judiciales. Se desempeñaba como vendedor ambulante que viajaba por los pueblos para ofrecer comidas rápidas, frituras en general y algodón de azúcar. Con base a la información aportada por personas allegadas, se tiene que este era una persona tranquila, de pocos amigos”, se lee en el expediente.
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