¿Quién dio la orden?: víctimas de falsos positivos insisten en reclamo ante la JEP

Audiencia pública de la JEP de reconocimiento por ejecuciones extraoficiales en Valledupar.

Foto: EFE/Jurisdicción Especial para la Paz - Jurisdicción Especial para la Paz

A través de alianzas con paramilitares o perfilando a personas vulnerables, miembros del Ejército pertenecientes al batallón La Popa cometieron 127 falsos positivos entre 2002 y 2005, según determinó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una docena de militares aceptaron haber cometido esas prácticas criminales y esta semana encaran en Valledupar a los familiares de sus víctimas y les piden perdón.

(Reviva el primer día de audiencias: JEP: militares reconocieron alianzas con Auc para cometer falsos positivos)

El magistrado Óscar Parra les dio a los comparecientes un tiempo adicional para que expresaran una reflexión final a sus víctimas. El subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos, por ejemplo, les dijo: “Le pido a las víctimas que sigan con valentía, esfuerzo y dedicación. Desarrollando la búsqueda de la verdad. Desde lo más profundo de mi corazón, aunque no lo merezco, les pido perdón. Un perdón que solo Dios me lo puede dar”.

El teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales le entregó un telar a una de sus víctimas como símbolo de perdón. “Sigan adelante con su lucha, que estamos aquí para contar la verdad”, les dijo Manuel Valentín Padilla a las víctimas. El soldado Alex Mercado, por su parte, reiteró un llamado a los medios de comunicación para que se limpien los nombres de sus víctimas, que hace años fueron presentados como bajas en combate en periódicos, por afirmaciones del Ejército.

Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo wiwa, inició su segunda intervención en estas audiencias abriendo una bandera con el mural ¿Quién dio la orden? Se trata de una intervención artística con los rostros de los comandantes señalados de un mayor número de falsos positivos. Loperena ubicó la tela frente a los doce militares que aceptaron estos crímenes en La Popa.

Finamente, les dijo: “¿Quiénes fueron los autores económicos, los autores intelectuales, los autores políticos? De eso poco se escuchó. Ustedes no son una rueda suelta, pertenecen a una institución que deshonró el honor de todo un país. Pertenecieron al Ministerio de Defensa, Brigada X, Batallón La Popa. Por acción u omisión, el Estado es culpable”.

Sibelis Villazón, mayora del pueblo kankuamo, coordina los temas de mujer y familia. Fue la primera autoridad indígena en referirse a los daños que les dejaron a sus comunidades los crímenes cometidos por miembros del Batallón La Popa. “Hicieron un rompimiento al tejido social”, dijo, refiriéndose a los 12 militares, y recalcando cómo la mayoría de las víctimas que hablaron en la audiencia fueron mujeres, a quienes les mataron sus hermanos, primos, padres.

“Ustedes llegaron a muchos sitios sagrados, movieron piedras que para nosotros tienen vida. Llegaron a un territorio sagrado, que al tocar cualquier elemento, desarmonizaba el cuerpo, desarmonizaba nuestro territorio, porque eso somos”, les reprochó Villazón a los doce militares. La mayora explicó que, en su cosmovisión, su cuerpo es el de la Sierra Nevada y los exmiembros del Ejército lo violentaron una y otra vez.

“La forma, las estrategias de enamoramiento que tenían hacia las niñas, también queremos escucharlas de ustedes. Las autoridades de ese momento fueron amenazadas por decirles a su institución que estaban tocando a nuestras niñas”, aseguró Villazón, refiriéndose a una forma de violencia que no ha sido abordada aún por la JEP.

La mayora aseguró que hoy en su comunidad hay muchas enfermedades y problemas de salud que pudieron tener su origen en ese momento. “Ustedes sembraron el odio, sembraron el dolor, la tristeza, la agonía de la juventud”, añadió la lideresa kankuamo. Y dijo que por ahí debería empezar un camino para reparar a su pueblo: por restaurar ese tipo de daños.

Sibelis Villazón también explicó que esta serie de asesinatos afectaron sus roles de familia, porque en su comunidad, “hablar de la mujer es hablar de la familia”. Pero los militares, aseguró, no pensaron en “esos hijos que dejaron sin padre y que el rol de padre le tocó a la madre, pero no fue igual. El padre enseñaba a cultivar, a raspar la hoja, a traer la comida en la casa”.

El cabo tercero Elkin Rojas reclutó a personas inocentes “engañándolas con falsas promesas de trabajo para luego asesinarlas y hacerlas pasar como bajas en combate”, como reconoció él mismo. “Reconozco y acepto mi responsabilidad a título de coautor por haber ejecutado, coordinado y planeado la muerte de civiles inocentes mientras hice parte del batallón (La Popa)”, añadió el militar retirado, quien al acudir a la JEP se refirió a sí mismo como un “reclutador”.

“Siento vergüenza, pena”, dijo ante las víctimas. “En ese momento no pensaba el daño que causaba. Era un hombre cruel, inhumano”, añadió. Rojas estaba en el pelotón Dinamarca, un grupo designado para patrullar, comandado por Elkin Leonardo Burgos, que terminó cometiendo una decena de falsos positivos. “Dejé madres y padres sin hijos, hermanas sin hermanos, acabé con proyectos de vida”, añadió, y explicó que fue un miembro de la comunidad kankuamo quien le explicó qué era un proyecto de vida para hoy poder reconocer que sus acciones llevaron a esa consecuencia.

Elkin Rojas detalló algunos episodios en los que estuvo involucrado, como el asesinato de Alberto Meza Viana y David Rubio, en 2004, reclutados en Valledupar y asesinados por militares. Rojas confesó que no hubo un combate y sus compañeros de la fuerza simularon que estos hombres inocentes habían muerto en una emboscada al Ejército. A los cinco días, salieron de nuevo a la capital del Cesar y reclutaron a una nueva víctima, Martín Villazón. Luego de estos dos asesinatos, a Rojas y sus hombres los premiaron: “fue ahí que nos dieron el permiso y la felicitación”.

Rojas contó que en los patrullajes llegaban a poblaciones como Atanquez con información de personas a quienes señalaban falsamente de pertenecer a la guerrilla. Los detenían y luego los asesinaban. “Todo el pelotón se ponía de acuerdo. Que unos tenían participación a mayor escala y otros no, eso era decisión de cada uno. Éramos 27 soldados y tres comandantes de pelotón. Si alguien no estaba de acuerdo, no se hacía nada”, detalló Rojas.

El subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos comandaba la batería Dinamarca del Batallón La Popa, un pelotón que debía patrullar zonas dominadas por la guerrilla. En su lugar, se dedicaron a matar a civiles y presentarlos como bajas en combate. “Las órdenes emitidas fueron por presiones de los comandantes de batallón. Tuve la oportunidad de estar con los dos comandantes, el coronel Hernán Mejía y el coronel Juan Carlos Figueroa, y hoy vengo a reconocer ante ustedes que, cuando fui comandante de pelotón, di la orden de asesinar a personas inocentes. Fueron seis víctimas”.

Burgos instaló con sus hombres un retén en vía pública. Ahí detuvo a personas como Joaquín Felipe Contreras. “En su rostro se veía que era una persona humilde e inocente”, reconoció Burgos en la audiencia. Para darle apariencia de legalidad al crimen, ordenó a sus hombres simular un combate, informó a sus superiores que estaba en enfrentamientos, y al final reportó que se había dado de baja a un subversivo. “No era cierto”, añadió. Y remató: “Reconozco que hice informes de patrullaje falsos para justificar de alguna forma un resultado operacional”.

Antes de que Burgos continuara, la hermana de Contreras alzó la voz desde su silla en el auditorio y le exigió que aclarara que sus hombres no asesinaron a un subversivo. El militar retirado accedió y dijo: “Que lo sepa todo el mundo que su hermano no era ningún guerrillero, era un campesino, era una persona de bien, era un ser querido para ustedes que fue vilmente asesinado. Quiero se dignifique, que se honre el nombre de su hermano”. Posteriormente, Burgos interpeló a los familiares de víctimas presentes, les pidió perdón y ratificó que sus hermanos e hijos no eran delincuentes.

“Reconozco la estigmatización y la persecución que se le hizo a su hermano”, le dijo, a su vez, a Sol Maestre. Según contó Burgos, de la propia comunidad de Atanquez le habían dicho que Víctor Hugo Maestre era guerrillero y él nunca se molestó en corroborar esa información, que hoy sabe que era falsa. Asimismo, Burgos reconoció que falsificó informes, les dio órdenes a sus hombres para que buscaran armas y simularan combates. “Todo por mostrar un resultado operacional”, recalcó, al tiempo que recordó los principales incentivos que les daban por bajas en el Ejército: viajes al Sinaí, medallas, permisos.

Finalmente, Burgos reconoció dos aspectos centrales de la imputación. “Di instrucciones a mis subalternos para que cuando fueran a rendir indagatoria los preparé de qué era lo que tenían que decir, cómo tenían que decirlo, haciéndolos justificar que estas muertes habían sido resultados operacionales. Todo fue una mentira”, dijo primero. Y, en segundo lugar, que impartió órdenes de control territorial al pueblo indígena kankuamo asentado en Atanquez con toques de queda, control sobre los alimentos y otras órdenes indebidas.

Al hermano de Sol Maestre lo asesinaron en 2004 un día antes de una audiencia de seguimiento de las medidas cautelares que la CIDH había concedido a los pueblos indígena kankuamo y wiwa. “Este es mi hermano, Víctor Hugo Maestre, a quien miembros del Batallón La Popa me lo arrebataron hace casi 18 años”, dijo la mujer en la audiencia de reconocimiento, de cara a los militares que ordenaron ese asesinato, para hacerlo pasar como una baja en combate.

“Nunca me imaginé que llegaría este momento”, les dijo Sol Maestre a los doce militares sentados, “pero el tiempo de Dios es perfecto y el momento era ayer y era hoy”. Luego pasó a contarles a sus victimarios quién era su hermano y cómo les afectó su asesinato: era el menor de diez hermanos, cuya partida cambió para siempre sus vidas. Sin embargo, dijo que después de ese crimen en concreto, no asesinaron a un miembro más del pueblo kankuamo.

“Fuimos un territorio estigmatizado por el simple hecho de ser indígenas”, les dijo y subrayó cómo en el conflicto las personas más humildes y marginadas pusieron los muertos. “En nuestro territorio han tenido que pasar 18 años para que pudiéramos lograr esto”, les dijo Maestre a las víctimas del país que aún esperan que sus casos sean resueltos.

Marcial Contreras es hermano de Joaquín Felipe Contreras, asesinado en 2004, por uno de los grupos especiales del Batallón La Popa. A la salida de Pueblo Bello, Cesar, el subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos tenía un retén con sus hombres de la batería Dinamarca y allí fue retenido y asesinado Contreras. “Fue la presa más fácil que le pasó a usted. Se valió porque él no llevaba su cédula”, les recriminó el hermano de la víctima, “con verlo caminar, verlo vestir, usted tenía que distinguir si era paramilitar, si era guerrillero”.

Mirando a Burgos, Meza le recordó lo que hizo con su hermano: “Le puso un poco de porquerías, un poco de ropa y armas podridas y dijo que era un guerrillero”. La víctima le insistió al militar retirado que tiene que limpiar el nombre de su familia y le pidió que le diga al país “que Joaquín Contreras era una persona muy noble, de buenos sentimientos”.

“De todo lo que han relatado, hay algo que nos hace falta. A esta persona que está frente a ustedes no lo están convenciendo”, les dijo a los militares sentados al otro lado del escenario. Meza señalaba a los doce comparecientes y los miraba a la cara, mientras les decía que les tenía lástima: “Ustedes me dan pena, me dan lástima porque ustedes perdieron el alma con todas esas masacres que hicieron, matando puros jóvenes”.

Alberto Meza Viana vivía en Valledupar en 2004, cuando fue engañado con promesas de que conseguiría trabajo, pero terminó asesinado por hombres del Batallón La Popa. Fue el primer caso de esta modalidad que documentó la JEP. Su hermano, Luis Carlos Meza Viana también había estado en el Ejército y contó en las audiencias de Valledupar que era un soldado “piloso” en el B2 (inteligencia) y que, incluso, alcanzó a estar bajo órdenes de Publio Hernán Mejía. Según contó, Mejía le ordenó una vez capturar a un soldado desertor, “vivo o muerto”. “Eso va para ustedes”, dijo, señalando a sus victimarios, “no maté a ese muchacho porque no fui al Ejército para cometer fechorías”.

Meza aseguró que, con la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe, “comenzó la desgracia para nosotros los humildes”. Tras el asesinato de su hermano bajo esta práctica de engaño, hubo decenas de casos más, que hoy aceptan haber cometido los militares.

“No estoy aquí obligado, ni por la JEP, estoy por ustedes. Por esas madres que llevan años con un dolor causado por mí”, declaró en la audiencia el soldado Alex José Mercado, quien durante su paso por el batallón La Popa tuvo la tarea de reclutar víctimas. “En ese tiempo, tenía 19 años. Era una persona, como lo dijo el magistrado, que por el ego de llegar a un grupo especial, que a uno lo mandaran al extranjero, nos llevaron a la ignorancia”, contó el militar retirado.

Mercado añadió: “Yo sabía para qué los íbamos a buscar. No le puedo negar al pueblo, no puedo decir que lo hacía porque no sabía. Por un premio, por un arroz chino, por un permiso de un mes, por el ego de llegar al batallón y darle gusto a un coronel”. Y, uno a uno, fue interpelando a sus víctimas en el auditorio, como la joven Laura Piña, hija de Álvaro Piña, a quien le dijo estar dispuesto a contarle cómo fue que planearon y ejecutaron su homicidio, para hacerlo pasar como un guerrillero muerto en combate.

Mercado dijo que él mismo “muchas veces no estaba de acuerdo y el soldado que no estaba de acuerdo, lo sacaban de ese pelotón y lo trasladaban”. Fue así como él terminó en Arauca, porque no estuvo de acuerdo con crímenes que vio en la unidad, según aseguró. A su vez, señaló que en esos años (2002-2005) no era fácil denunciar: “Un soldado que hablara, un soldado que no volvía de un permiso”.

Finalmente, Mercado enlistó a todas sus víctimas para que “sus nombres sean limpiados en todos los medios”: Álvaro Piña, Carlos Carmona, un joven sin documentos, Uriel Evangelista Arias, José Blanquicet, entre otros.

La trabajadora social Laura Piña es hija de Álvaro Piña, asesinado por el Ejército, como dijo ella, porque “una bala pagada con nuestros impuestos le arrebató la vida”. La joven llegó a la audiencia con una serie de solicitudes a los magistrados a la JEP: A la JEP: “Creemos que, en un marco de justicia restaurativa, es importante hacer todos los esfuerzos para conocer el rostro de Juan Carlos Figueroa”, pues el antiguo comandante de La Popa nunca ha comparecido ni les ha dado la cara a las víctimas.

Vestida con una camisa a cuadros negros y verdes que pertenecía a su padre, les dijo a los magistrados: “también es relevante conocer el rol que jugaron los medios de comunicación e instituciones como la justicia penal militar, Ministerio Público, Fiscalía, entre otros”. Asimismo, solicitó “que se haga un seguimiento estricto del régimen de condicionalidad de las doce personas y los demás que no fueron determinados máximos responsables”, y anunció que hará más peticiones, que hará llegar con sus abogados.

El magistrado Óscar Parra contestó las interpelaciones de Laura Piña y le dijo que el coronel Juan Carlos Figueroa “dará la cara”, pues el oficial ya le ha manifestado a la JEP que sí asistirá al juicio adversarial que enfrentará próximamente. Además, el magistrado relató cómo la Sala de Reconocimiento interrogó a jueces militares, pero reconoció que hay un capítulo pendiente en los falsos positivos: la posible responsabilidad de otras autoridades, afuera del Ejército.

Después de 2003 ocurrieron dos cosas que cambiaron la modalidad de los falsos positivos en Cesar: Hernán Mejía salió de la comandancia de La Popa y llegó Juan Carlos Figueroa, y los paramilitares iniciaron conversaciones con el Gobierno de Álvaro Uribe para desmovilizarse. Esto llevó a que los militares tuvieran que asumir actividades que antes hacían las Autodefensas para mantener sus resultados operacionales. Por ejemplo, ellos mismos tuvieron que seleccionar a las víctimas.

Víctor Hugo Maestre fue una de las víctimas de esta práctica. Su hermano, Lauro Maestre, contó cómo a varios miembros de su familia, asentada en Atanquez, los persiguieron durante años los paramilitares. “En vista de que mi hermano se encontraba señalado, lo presentaron (a La Popa)”, contó Lauro Maestre, pues pensaron que a su hermano lo iban a judicializar. Pero luego de que estuviera preso durante algunos meses, terminaron asesinándolo. “Entró supuestamente un grupo al margen de la ley y se lo llevó”, añadió el hermano.

Lauro Maestre dijo que sabía que su hermano fue víctima de algo más grande, de una organización criminal que había en el Ejército, como ha determinado la JEP. “Sabemos que ese plan criminal se constituyó no porque nació aquí en el Cesar, sino porque venía de más arriba. Eso es lo que necesitamos saber”, señaló.

Eduart Gustavo Álvarez renunció al Ejército para no verse más comprometido en falsos positivos, luego de haber participado en siete de estos crímenes. “En esta contraguerrilla”, a la que él perteneció, “teníamos un kit de legalización”, recordó Álvarez sobre su paso por el Batallón La Popa, donde comandó el pelotón Zarpazo, uno de los grupos especiales señalados de buena parte de los falsos positivos atribuidos a la unidad militar.

Álvarez reconoció que le entregaron armamento y uniformes a paramilitares que los guiaban hasta sus víctimas. Mientras hablaba y relataba todo su prontuario, mencionó el caso de Enrique Lainez Arias, ante lo cual la viuda de la víctima levantó la voz y le exigió que le contara al país si había matado a un guerrillero o a alguien inocente. “Yo ordené asesinar a una persona indefensa que no estaba armado ni estaba cometiendo ningún ilícito”, reconoció Álvarez.

“Yo como comandante del grupo Zarpazo no asesiné a sus familiares, pero soy el responsable de haberlos hecho pasar a ellos como si fueran guerrilleros”, les dijo el militar retirado a la familia de Albeiro Flórez Hernández, quien fue asesinado luego de que lo engañaran con promesas de que iba a trabajar en una finca recogiendo café. La hermana del joven Flórez, Yecenia Flórez, se levantó y le exigió a Álvarez y a los demás militares que les digan dónde está su familiar, que lleva más de 15 años desaparecido.

El magistrado Óscar Parra intervino y les dijo a las víctimas: “Hay muchos pasos posteriores que tenemos que desarrollar”. Cuando Álvarez retomó la palabra, relató la última operación ilegítima en la que participó, donde las Autodefensas le entregaron a un paramilitar que había muerto por un accidente con su fusil. Según contó, le dijeron que era un regalo del comandante paramilitar 39 para el coronel Hernán Mejía y que solo era cuestión de cambiarle el brazalete del uniforme del joven muerto, en el que se leía “Auc”, por uno que dijera “Eln”. Así lo hizo.

El mayor (RA) Guillermo Gutiérrez Riveros comandó la batería Contera y comandó de manera transitoria las operaciones del Batallón La Popa. Cuando llegó “eso funcionaba como un reloj”, aseguró, refiriéndose a las muertes ilegítimamente presentadas como bajas. “Todos estos asesinatos, obviamente, se les daba la cara de legalidad”, dijo, y luego procedió a explicar que, tras las muertes, se informaba a sus superiores de la existencia del supuesto combate.

Gutiérrez sostuvo que los pelotones Trueno y Zarpazo, que también estuvieron a su cargo, “se volvieron una máquina de guerra, una máquina de muerte”. Según Gutiérrez, cuando Hernán Mejía salió de la comandancia y llegó a reemplazarlo el coronel retirado Juan Carlos Figueroa, nada cambió. “Cuando nosotros pensábamos que esa disciplina en la que veníamos con el coronel Mejía iba a cambiar, no cambió. En lugar de bajar, se incrementó el accionar”, añadió el militar.

“La presión era a todos los niveles y con la presión que ejercimos a los pelotones especiales, a los soldados, para presentar resultados operacionales, indujimos a que se dieran estos hechos”, añadió Gutiérrez. El militar retirado reconoció su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad que le imputó la JEP y dijo que su rol consistió en “alentar, presionar”. “¿En qué consistían los premios? En permisos que iban desde 15 días hasta un mes, y obviamente plata en efectivo”, añadió.

El magistrado Óscar Parra le preguntó quiénes los presionaban. El mayor retirado Gutiérrez mencionó a una serie de altos oficiales: el comandante del comando operativo VII, Juan Pablo Rodríguez Barragán; “de la brigada era mi general Díaz y el ya fallecido general Martín Orlando Carreño”. Según el militar retirado, su competencia principal era con el Gaula Militar de esa época.

“Yo planeaba y organizaba a las tropas que participarían en dichas operaciones que, posteriormente se convertirían en ejecuciones extrajudiciales”, dijo Gutiérrez. El antiguo oficial de operaciones también hizo un recuento de los hechos concretos de los que participó o tuvo conocimiento.

El pelotón especial Trueno, creado supuestamente para combatir la guerrilla, es responsable del 17% de los falsos positivos atribuidos al batallón La Popa. Su comandante, el teniente (r) Carlos Andrés Lora, dijo que pertenecer a ese pelotón era motivo de orgullo, pero ahora reconoce que “el pelotón fue creado para asesinar personas”. Pertenecer a ese grupo especial les garantizaba mejores condiciones.

La primera operación ilegal de la que participó Lora fue en 2003. Sus superiores le ordenaron ir a una finca donde, supuestamente, había paramilitares. Al llegar al lugar, otros superiores le ordenaron rodear la casa y disparar. “Los soldados y yo nos dimos cuenta de que no hubo combate”, recordó. En el Batallón La Popa lo recibieron con un asado y un “agasajo”, añadió. Ahí le ordenaron firmar una orden de patrullaje en la que mintió y de ahí: “comenzó mi carrera de asesinatos”.

El teniente (r) Lora luego procedió a enlistar su prontuario. “Este proceso de la JEP me ha servido para conocer el daño que le ocasioné a una comunidad”, les dijo a las víctimas. “Es un alivio para mí, de cierta manera, poder soltar todo esto. La guerra nos impuso situaciones muy complejas y a muy corta edad”, aseguró Lora, quien tenía 25 años cuando se volvió comandante de pelotón. Además, reveló que su madre incineró su uniforme mientras él estuvo detenido en La Picota. “Ahí enterré cualquier honor militar”, añadió.

Los magistrados Óscar Parra y Alejandro Ramelli le preguntaron de frente qué le hizo cambiar de opinión, pues en el pasado Lora había negado su participación en estos hechos. Conteniendo el llanto, dijo que tuvo mucho que ver la muerte de su madre, así como sus hijos, a quienes no pudo ver crecer por estar privado de la libertad. También reconoció que encontrarse con las víctimas lo hizo cambiar de actitud.

Neila Arias, hija de Enrique Lainez Arias, asesinado en junio de 2004, sentenció: “Aún no sabemos quiénes asesinaron a mi papá”. Mirando a los doce militares sentados al otro lado del escenario, les dijo: “Con la muerte de mi papá, nos dejaron huérfanos. A raíz de eso, nos tocó desplazarnos de nuestra tierra, Atanquez, porque teníamos el apellido Arias y no era un secreto que éramos perseguidos”. Ya en intervenciones anteriores, militares reconocieron que sí hubo una persecución contra personas que tenían unos apellidos.

“Lo viví, porque mi papá fue catalogado como un guerrillero y por ser su hija a mí también me trataron como un guerrillero”, dijo la joven Arias. Finalmente, les pidió a los militares que cuenten la verdad y que también expliquen quién señaló a su padre de supuesto guerrillero: “No es un secreto que de nuestra propia comunidad hubo muchos que los señalaron”.

A Juan Nehemías Daza lo asesinaron en Atanquez, comunidad del pueblo indígena kankuamo. Su hijo Abelardo Daza recuerda que ese día los detuvieron militares a los dos y su padre lo mandó a la casa, con lo que él pensó que le estarían pidiendo papeles. Pero ese mismo día lo mataron y lo hicieron pasar por un guerrillero muerto en combate. “Él no traía armas, traía una mochila con dos limones”, dijo el hijo en la audiencia de reconocimiento de este 19 de julio. “Le pusieron botas militares, de guerrillero, lo vistieron porque él no tenía eso. Él tenía ropa normal, de trabajo”, rememoró Norgelis Martínez, esposa de Juan Nehemías Daza.

“Los apellidos Arias, Oñate, Daza, éramos los enemigos, éramos señalados”, recordó Abelardo Daza. Tras la muerte de su padre, Daza tuvo que dejar de estudiar para trabajar y ayudar a su madre con el sustento de sus cuatro hermanos. Para el momento de la muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había concedido medidas cautelares al pueblo kankuamo y el padre de Daza había acudido ese día a una reunión de seguimiento a esas órdenes, que se celebraría en Atanquez. “Lo asesinaron luego de la reunión”, añadió el hijo.

El sargento (r) del Ejército Efraín Andrade era analista de inteligencia en el Batallón La Popa cuando llegó a comandar esa unidad el coronel (r) Publio Hernán Mejía. “Desafortunadamente, se inicia un cambio”, explicó Andrade, quien dijo que todo era impulsado por las políticas del entonces presidente, Álvaro Uribe. “Donde yo hubiera hablado a tiempo, cuando me di cuenta de que mi unidad estaba haciendo actividades ilegales, no estaría aquí”, aseguró Andrade, tras contar que su madre le había preguntado antes de morir por qué se vio involucrado en estos crímenes.

“El afán del comandante (Mejía) era aumentar las estadísticas de bajas en combate de su unidad. El afán era mantener el batallón La Popa en primer puesto o segundo puesto a nivel nacional. Llegaban las bajas vivas, en ocasiones muertas, las recepcionaba la tropa y se simulaba un combate”, relató Andrade. “Era ahí donde comenzaba mi rol. Yo recibía un informe de comandante de contraguerrilla, que no era nadie, y ahí era donde plasmaba que a un humilde campesino lo dieron de baja mientras llevaba un fusil, granadas y material de intendencia. Estaba mintiendo”, añadió.

De los gastos reservados, una línea de presupuesto específica para pagar por información de inteligencia se pagaba a los informantes o “guías” que les entregaban a las personas que iban a ser presentada como bajas en combate. En muchas ocasiones, los “guías” eran personas de las Autodefensas. “Se les entregaban uniformes, botas, se les daba dotación como para ir a un área de combate”, explicó Andrade.

Finalmente, el cuerpo llegaba a la morgue y allí se volvía a falsificar el acta de levantamiento de cadáver: “Nombre del occiso: NN. Modo de la muerte: violenta. Lugar de los hechos: tal sitio”. Andrade también recordó cómo fueron sus primeros días en La Popa: “En mi batallón no había inteligencia, la inteligencia que yo suministraba no era tenida en cuenta, porque era legal. Yo veía a mis compañeros que recibían premios, que eran felicitados y me sentía discriminado”. Y añadió: “Por eso decidí unirme a los que crecían, los que estaban disfrutando de actividades ilícitas”.

“¿Por qué no fui yo?”, se preguntó María Faustina Hernández cuando militares asesinaron a su hermana, Noemí Esther Hernández, una niña de 13 años del pueblo indígena wiwa, quien, además, estaba en embarazo. La víctima fue presentada como una muerte en combate. “Yo decía: esto no se puede quedar así. Tiene que haber justicia”, les dijo Hernández a los militares responsables del asesinato de su familiar. Y añadió: “Mi hermana no fue ninguna guerrillera, tenía dos meses de embarazo. Mi hermana clamó desde el día que la sacaron hasta que la mataron y ellos no entendieron eso”.

(Lea también: Los indígenas: las víctimas invisibles de falsos positivos en el Cesar)

Hernández les recordó a los militares qué hicieron para hacerla pasar como una muerte en combate: “Vinieron a comprar armamento a Valledupar. A mi hermana le pusieron un fusil oxidado y un uniforme que ni le quedaba”. Además, les recordó a los militares quién era su hermana: “Era una campesina, como lo somos los wiwa”. Hernández aseguró que todos los días se acuerda del crimen y nunca va a dejar de luchar por limpiar su nombre. A los magistrados de la JEP les dijo que tenía miedo porque aún la puede asesinar a ella y les pidió esclarecer todo el hecho, hasta quién firmó su muerte.

Deivid Pacheco, un joven de Baranoa (Atlántico) fue engañado con promesas laborales y terminó raptado por paramilitares y entregado a miembros de La Popa para, luego, ser asesinado y presentado como un guerrillero en abril de 2003. Tenía 17 años. “No pensaron en ese joven inocente”, les dijo su hermana, Katherine Pacheco, a los militares implicados en estos crímenes. Mirándolos a los ojos, les dijo cómo sentiría ella una restauración: “Que no vuelva a ocurrir”.

Pacheco también le exigió resultados a la JEP, más allá de los doce militares que ya aceptaron cargos. Que llegue a todos los responsables que tuvieron algún rol en estos crímenes, “bien sea por medio de una firma, una llamada, como quien ejecutó el asesinato”. A su vez, les exigió a los militares: “queremos saber, como familia, quiénes fueron los cómplices del municipio de Baranoa”. Y, finalmente, se dirigió de nuevo a la JEP para pedirle que les ayude con el impulso de la reparación que les corresponde: “mi mamá es una mujer que vive haciendo los bollos, vivimos del diario vivir y hace más de 10 años estamos esperando una sentencia de nuestra demanda administrativa”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.