Militares, policías y Fiscalía se unen para perseguir a los destructores de la selva amazónica

A Cartagena del Chairá, un municipio en el centro de Caquetá, los primeros colonos llegaron tumbando monte en los años sesenta. La práctica no se convirtió en un problema hasta los años ochenta, cuando la deforestación se empezó a tragar miles de hectáreas de la selva amazónica colombiana. Tantos bosques se convirtieron en pastizales para ganado que en 1987 el Inderena (más tarde reemplazado por el Incoder) le sacó de un tajo 367.000 hectáreas de selva virgen a la reserva forestal del Caguán, que luego tituló entre los colonos.

Eso, y la presencia cada vez más fuerte de las Farc, mantuvieron al margen la deforestación. Pero el panorama ha cambiado y desde 2012, según Corpoamazonia, los machetes y las motosierras volvieron a sonar con fuerza en esos montes. Por esa razón, las entidades judiciales y ambientales de la región decidieron crear la primera “burbuja contra la deforestación”, cuyo objetivo, señala el comandante de la XII Brigada, general César Augusto Parra, es “perseguir por aire, agua y tierra a los deforestadores y atacar de frente este fenómeno criminal”.

La burbuja fue creada el pasado 13 de diciembre. Si bien engloba a las autoridades departamentales, la Policía, el CTI, la Fiscalía, autoridades ambientales como Corpoamazonia y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, es liderado por las Fuerzas Armadas, que son las que en principio tienen acceso al agreste territorio. Hasta el momento se ha hecho un reconocimiento aéreo de un 30 % de la región que presenta las amenazas de deforestación más graves: Cartagena del Chairá y sus vecinos San Vicente del Caguán y Solano, municipios donde se encuentra parte de la reserva forestal de la Amazonia, con el Parque Natural Serranía de Chiribiquete.

Además del reconocimiento aéreo de la zona, los funcionarios de Corpoamazonia han logrado identificar la forma como la deforestación viene avanzando en la región. En otros departamentos, como Guaviare, el fenómeno se presenta en forma casi análoga. “Algunos campesinos y representantes de organizaciones comunitarias señalan que mientras estuvieron activas las Farc, las acciones delincuenciales de la deforestación fueron controladas, así como el acceso a zonas de la Reserva Forestal de la Amazonia”, señaló Édgar Otavo, funcionario de Corpoamazonia, en un documento que conoció El Espectador.

De acuerdo con el informe, la retirada de las Farc, unida a la falta de presencia estatal, es lo que ha permitido que hombres ajenos a la región lleguen para talar la selva. Los taladores, le dijo Édgar Otavo a este medio, “son en realidad la base de toda una cadena. Son campesinos pobres de la región a quienes les ofrecen trabajo. Los verdaderos cerebros detrás de esto son quienes en la región denominan ‘patrones’, que mandan el dinero y las máquinas, pero que casi nunca se les ha visto en el territorio”.

En Guaviare, por ejemplo, los “patrones” son personas del centro del país que llegan a acaparar tierras y a sembrar pasto. Suele ocurrir en lugares donde no hay normalización ni formalización de la propiedad, como en zona rural de El Retorno. “Esos son territorios donde nadie da razón. Estas personas les están comprando la tierra a los colonos que están establecidos allí desde hace mucho, pero que no tienen escrituras ni ningún documento legal sobre la tenencia de la tierra”, explica Wilfredo Pachón, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Guainía, Guaviare y Vaupés (CDA). Y agrega: “Lo hacen a través de un documento de compraventa en una notaría, que generalmente no tiene bases de datos. Allá alguien firma como testigo y lo mandan a autenticar”.

De acuerdo con la información que ha recopilado Corpoamazonia, en Caquetá existen dos tipos de “patrones”: quienes, como en Guaviare, compran las tierras de bosque a colonos y campesinos, y quienes “promueven la invasión directa de las tierras de bosques naturales, proporcionando motosierras, víveres, abarrotes y suministrando dinero para el desarrollo ilícito de la actividad”. Los dos tipos de “patrones” sellan un contrato verbal con los colonos y campesinos que convierten la selva en potrero, en el que establecen que las ventas de la producción ganadera se distribuirán por mitades iguales sin tener en cuenta los costos de producción, que son asumidos por los campesinos.

En este modelo, explicó Édgar Otavo, “siempre pierde el campesino o “amediadero”, como se les llama allá. Ellos asumen el costo de cercas, corrales y pasturas y el mantenimiento total del ganado, y están a merced de los precios de venta que imponga el “patrón”. Por eso es una prioridad para nosotros identificar quiénes son estas personas”. Por ahora, la Fiscalía y la Policía Judicial apenas empiezan a desenmarañar el origen de estos personajes. El riesgo, además del daño ambiental irreversible que causan, es que se concentre aún más la tenencia de la tierra en estas regiones, en caso de que los “patrones” encuentren la forma de legalizar la tenencia de los terrenos que hoy dominan de manera ilegal.

La preocupación de las autoridades locales es grande, pues temen que se repita la historia que ya en los ochenta vivió la región: la destrucción de miles de hectáreas de selva por apetitos comerciales, que desplazó a los campesinos más pobres. En una región donde el acceso a tierras siempre ha sido causa de conflicto y donde la deforestación es una de las más altas del país —Caquetá representó el 14,6 % de este fenómeno en el país en el ultimo informe del Ideam—, “esta actividad ilícita puede estar creando y sentando las bases del inicio de un nuevo conflicto relacionado con el uso y propiedad de la tierra”, concluye Corpoamazonia en su informe.

A Cartagena del Chairá, un municipio en el centro de Caquetá, los primeros colonos llegaron tumbando monte en los años sesenta. La práctica no se convirtió en un problema hasta los años ochenta, cuando la deforestación se empezó a tragar miles de hectáreas de la selva amazónica colombiana. Tantos bosques se convirtieron en pastizales para ganado que en 1987 el Inderena (más tarde reemplazado por el Incoder) le sacó de un tajo 367.000 hectáreas de selva virgen a la reserva forestal del Caguán, que luego tituló entre los colonos.

Eso, y la presencia cada vez más fuerte de las Farc, mantuvieron al margen la deforestación. Pero el panorama ha cambiado y desde 2012, según Corpoamazonia, los machetes y las motosierras volvieron a sonar con fuerza en esos montes. Por esa razón, las entidades judiciales y ambientales de la región decidieron crear la primera “burbuja contra la deforestación”, cuyo objetivo, señala el comandante de la XII Brigada, general César Augusto Parra, es “perseguir por aire, agua y tierra a los deforestadores y atacar de frente este fenómeno criminal”.

La burbuja fue creada el pasado 13 de diciembre. Si bien engloba a las autoridades departamentales, la Policía, el CTI, la Fiscalía, autoridades ambientales como Corpoamazonia y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, es liderado por las Fuerzas Armadas, que son las que en principio tienen acceso al agreste territorio. Hasta el momento se ha hecho un reconocimiento aéreo de un 30 % de la región que presenta las amenazas de deforestación más graves: Cartagena del Chairá y sus vecinos San Vicente del Caguán y Solano, municipios donde se encuentra parte de la reserva forestal de la Amazonia, con el Parque Natural Serranía de Chiribiquete.

Además del reconocimiento aéreo de la zona, los funcionarios de Corpoamazonia han logrado identificar la forma como la deforestación viene avanzando en la región. En otros departamentos, como Guaviare, el fenómeno se presenta en forma casi análoga. “Algunos campesinos y representantes de organizaciones comunitarias señalan que mientras estuvieron activas las Farc, las acciones delincuenciales de la deforestación fueron controladas, así como el acceso a zonas de la Reserva Forestal de la Amazonia”, señaló Édgar Otavo, funcionario de Corpoamazonia, en un documento que conoció El Espectador.

De acuerdo con el informe, la retirada de las Farc, unida a la falta de presencia estatal, es lo que ha permitido que hombres ajenos a la región lleguen para talar la selva. Los taladores, le dijo Édgar Otavo a este medio, “son en realidad la base de toda una cadena. Son campesinos pobres de la región a quienes les ofrecen trabajo. Los verdaderos cerebros detrás de esto son quienes en la región denominan ‘patrones’, que mandan el dinero y las máquinas, pero que casi nunca se les ha visto en el territorio”.

En Guaviare, por ejemplo, los “patrones” son personas del centro del país que llegan a acaparar tierras y a sembrar pasto. Suele ocurrir en lugares donde no hay normalización ni formalización de la propiedad, como en zona rural de El Retorno. “Esos son territorios donde nadie da razón. Estas personas les están comprando la tierra a los colonos que están establecidos allí desde hace mucho, pero que no tienen escrituras ni ningún documento legal sobre la tenencia de la tierra”, explica Wilfredo Pachón, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, Guainía, Guaviare y Vaupés (CDA). Y agrega: “Lo hacen a través de un documento de compraventa en una notaría, que generalmente no tiene bases de datos. Allá alguien firma como testigo y lo mandan a autenticar”.

De acuerdo con la información que ha recopilado Corpoamazonia, en Caquetá existen dos tipos de “patrones”: quienes, como en Guaviare, compran las tierras de bosque a colonos y campesinos, y quienes “promueven la invasión directa de las tierras de bosques naturales, proporcionando motosierras, víveres, abarrotes y suministrando dinero para el desarrollo ilícito de la actividad”. Los dos tipos de “patrones” sellan un contrato verbal con los colonos y campesinos que convierten la selva en potrero, en el que establecen que las ventas de la producción ganadera se distribuirán por mitades iguales sin tener en cuenta los costos de producción, que son asumidos por los campesinos.

En este modelo, explicó Édgar Otavo, “siempre pierde el campesino o “amediadero”, como se les llama allá. Ellos asumen el costo de cercas, corrales y pasturas y el mantenimiento total del ganado, y están a merced de los precios de venta que imponga el “patrón”. Por eso es una prioridad para nosotros identificar quiénes son estas personas”. Por ahora, la Fiscalía y la Policía Judicial apenas empiezan a desenmarañar el origen de estos personajes. El riesgo, además del daño ambiental irreversible que causan, es que se concentre aún más la tenencia de la tierra en estas regiones, en caso de que los “patrones” encuentren la forma de legalizar la tenencia de los terrenos que hoy dominan de manera ilegal.

La preocupación de las autoridades locales es grande, pues temen que se repita la historia que ya en los ochenta vivió la región: la destrucción de miles de hectáreas de selva por apetitos comerciales, que desplazó a los campesinos más pobres. En una región donde el acceso a tierras siempre ha sido causa de conflicto y donde la deforestación es una de las más altas del país —Caquetá representó el 14,6 % de este fenómeno en el país en el ultimo informe del Ideam—, “esta actividad ilícita puede estar creando y sentando las bases del inicio de un nuevo conflicto relacionado con el uso y propiedad de la tierra”, concluye Corpoamazonia en su informe.