Militares retirados rechazan que JEP pida investigaciones contra abogados de uniformados

Oficiales retirados de las Fuerzas Militares y de Policía se unieron para emitir un comunicado público en el manifestaron su desacuerdo con un tema particular: el pronunciamiento de la JEP en el que ordenó que se investiguen a abogados de uniformados que se han sometido a esa justicia transicional y que, al parecer, habrían sido víctimas de presiones, por parte de sus defensore, para cambiar declaraciones relacionadas con falsos positivos. (Le puede interesar: ‘Datos de la JEP prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal’: víctimas)

La misiva que reúne a varias asociaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, “rechazan de manera categórica el reciente pronunciamiento de la JEP, al ordenar públicamente investigaciones indeterminadas contra prestigiosos abogados que ejercen el legítimo derecho de la defensa de comparecientes pertenecientes a nuestra Fuerza Pública (…) en cuanto a los hechos denunciados formalmente de ejecuciones extrajudiciales en el llamado caso 003”.

Según los uniformados retirados, hasta el momento no se conoce ninguna imputación que comprometa de manera directa a los juristas y, tal como lo afirman, desde el punto de vista penal, “la realidad de los hechos, solamente se puede determinar, una vez se hayan cumplido las distintas etapas procesales de forma debida y bajo plenas garantías de seguridad jurídica”. El problema con el pronunciamiento de la JEP, según estas asociaciones de militares y policías, es que estas imputaciones “afectan el honor y el buen nombre institucional”.

Para ellos, esta postura del tribunal especial explica el interés de querer sumarse a la “ofensiva sin precedentes que se viene realizando en contra de nuestros militares y policías, con el propósito de desmoralizar y desprestigiar a quienes abnegadamente sirven al país, bajo el firme compromiso de defender la patria y su institucionalidad democrática”. Otro que se pronunció fue el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, quien esta tarde se manifestó a través de su cuenta de Twitter con un mensaje que resultó ampliamente controversial.

En respuesta a la polémica declaración del alto mando del Ejército Nacional, el director ejecutivo de Human Rights Whatch (HRW), José Miguel Vivanco cuestionó que el “críptico mensaje” se diera un día después de que la JEP anunciara avances en la investigación sobre falsos positivos. Por tanto, le pidió a Zapateiro que aclare el sentido de su trino, advirtiendo que “sería muy grave que el Ejército pretenda intimidar a un tribunal”.

La Asociación de las madres de los llamados “falsos positivos” también reaccionó al mensaje del comandante. A través de su cuenta de Twitter varios mensajes, en uno señalan: “qué susto que estos señores siguan ahí. No somos vívioras venenosas. Somos víctimas del Ejército”. El senador Iván Cepeda también hizo lo propio y mediante ese mismo canal le pidió al general Zapateiro que le hable claro al país. “Su cargo y responsabilidad exige trasparencia y cumplimiento irrestricto de la Constitución. Nada de amenazas o advertencias. Pasó el tiempo en que se cometían ‘falsos positivos’ en silencio e impunidad, General”, dijo.

Estas declaraciones se dan en medio del ambiente convulsionado que se generó tras la más reciente revelación de la JEP. El tribunal especial informó que al menos 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Esta cifra se aleja considerablemente del informe que entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en la que sólo se registraron 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014, concentrándose el 59.3% entre los años 2006 y 2008. Eso significa que son 4.154 más, según el Tribunal de Paz. Y el número puede aumentar, pues los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y se estudian hasta el Acuerdo de Paz.

Pero volviendo a la queja de los militares retirados, el tema nació a inicios de este mes cuando dos exmilitares en sus declaraciones ante la JEP hablaron sobre presiones que estarían recibiendo para modificar sus testimonios ante esa justicia especial. El tema puso a los magistrados a indagar sobre quiénes estarían detrás de ese supuesto plan que, según la denuncia, está destinado a modificar u obviar hechos dentro de las versiones de los uniformados ante esta jurisdicción. Este delicado asunto tiene como origen la declaración de un miembro de la Fuerza Pública en el caso 003, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Es decir, ejecuciones extrajudiciales o como comúnmente se denominan: falsos positivos.

Lo que conoció la JEP es que posiblemente estas presiones vendrían de abogados del Fondetec. Este último “es una respuesta institucional a la necesidad de brindar seguridad jurídica y bienestar al personal activo o retirado de la Fuerza Pública, vinculado a procesos penales o disciplinarios por la comisión de presuntas faltas o delitos en cumplimiento de la misión constitucional asignada a la Fuerza Pública o con ocasión de ella (...) Igualmente está facultado a partir del año 2017 para prestar servicios de defensa técnica a los miembros activos y retirados en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En otras palabras, juristas que defienden a los uniformados en procesos judiciales. (Lea también: JEP indaga sobre presuntas presiones para que exmilitares cambien sus testimonios)

Ante esta situación, la Sala de Reconocimiento le pidió información al Fondetec sobre sus actividades., También comunicó a los distintos despachos al interior de la JEP para que reporten otros hechos similares a los que son denunciados. Además, esta Sala compulsó copias a la Fiscalía General y a la Procuraduría para que tengan conocimiento de las denuncias. El Ministerio Público, advierte el documento, ha estado presente durante las diligencias donde los uniformados han narrado las supuestas presiones.

Oficiales retirados de las Fuerzas Militares y de Policía se unieron para emitir un comunicado público en el manifestaron su desacuerdo con un tema particular: el pronunciamiento de la JEP en el que ordenó que se investiguen a abogados de uniformados que se han sometido a esa justicia transicional y que, al parecer, habrían sido víctimas de presiones, por parte de sus defensore, para cambiar declaraciones relacionadas con falsos positivos. (Le puede interesar: ‘Datos de la JEP prueban que la Seguridad Democrática fue una política criminal’: víctimas)

La misiva que reúne a varias asociaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, “rechazan de manera categórica el reciente pronunciamiento de la JEP, al ordenar públicamente investigaciones indeterminadas contra prestigiosos abogados que ejercen el legítimo derecho de la defensa de comparecientes pertenecientes a nuestra Fuerza Pública (…) en cuanto a los hechos denunciados formalmente de ejecuciones extrajudiciales en el llamado caso 003”.

Según los uniformados retirados, hasta el momento no se conoce ninguna imputación que comprometa de manera directa a los juristas y, tal como lo afirman, desde el punto de vista penal, “la realidad de los hechos, solamente se puede determinar, una vez se hayan cumplido las distintas etapas procesales de forma debida y bajo plenas garantías de seguridad jurídica”. El problema con el pronunciamiento de la JEP, según estas asociaciones de militares y policías, es que estas imputaciones “afectan el honor y el buen nombre institucional”.

Para ellos, esta postura del tribunal especial explica el interés de querer sumarse a la “ofensiva sin precedentes que se viene realizando en contra de nuestros militares y policías, con el propósito de desmoralizar y desprestigiar a quienes abnegadamente sirven al país, bajo el firme compromiso de defender la patria y su institucionalidad democrática”. Otro que se pronunció fue el comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Enrique Zapateiro, quien esta tarde se manifestó a través de su cuenta de Twitter con un mensaje que resultó ampliamente controversial.

En respuesta a la polémica declaración del alto mando del Ejército Nacional, el director ejecutivo de Human Rights Whatch (HRW), José Miguel Vivanco cuestionó que el “críptico mensaje” se diera un día después de que la JEP anunciara avances en la investigación sobre falsos positivos. Por tanto, le pidió a Zapateiro que aclare el sentido de su trino, advirtiendo que “sería muy grave que el Ejército pretenda intimidar a un tribunal”.

La Asociación de las madres de los llamados “falsos positivos” también reaccionó al mensaje del comandante. A través de su cuenta de Twitter varios mensajes, en uno señalan: “qué susto que estos señores siguan ahí. No somos vívioras venenosas. Somos víctimas del Ejército”. El senador Iván Cepeda también hizo lo propio y mediante ese mismo canal le pidió al general Zapateiro que le hable claro al país. “Su cargo y responsabilidad exige trasparencia y cumplimiento irrestricto de la Constitución. Nada de amenazas o advertencias. Pasó el tiempo en que se cometían ‘falsos positivos’ en silencio e impunidad, General”, dijo.

Estas declaraciones se dan en medio del ambiente convulsionado que se generó tras la más reciente revelación de la JEP. El tribunal especial informó que al menos 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Esta cifra se aleja considerablemente del informe que entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en la que sólo se registraron 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014, concentrándose el 59.3% entre los años 2006 y 2008. Eso significa que son 4.154 más, según el Tribunal de Paz. Y el número puede aumentar, pues los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y se estudian hasta el Acuerdo de Paz.

Pero volviendo a la queja de los militares retirados, el tema nació a inicios de este mes cuando dos exmilitares en sus declaraciones ante la JEP hablaron sobre presiones que estarían recibiendo para modificar sus testimonios ante esa justicia especial. El tema puso a los magistrados a indagar sobre quiénes estarían detrás de ese supuesto plan que, según la denuncia, está destinado a modificar u obviar hechos dentro de las versiones de los uniformados ante esta jurisdicción. Este delicado asunto tiene como origen la declaración de un miembro de la Fuerza Pública en el caso 003, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Es decir, ejecuciones extrajudiciales o como comúnmente se denominan: falsos positivos.

Lo que conoció la JEP es que posiblemente estas presiones vendrían de abogados del Fondetec. Este último “es una respuesta institucional a la necesidad de brindar seguridad jurídica y bienestar al personal activo o retirado de la Fuerza Pública, vinculado a procesos penales o disciplinarios por la comisión de presuntas faltas o delitos en cumplimiento de la misión constitucional asignada a la Fuerza Pública o con ocasión de ella (...) Igualmente está facultado a partir del año 2017 para prestar servicios de defensa técnica a los miembros activos y retirados en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En otras palabras, juristas que defienden a los uniformados en procesos judiciales. (Lea también: JEP indaga sobre presuntas presiones para que exmilitares cambien sus testimonios)

Ante esta situación, la Sala de Reconocimiento le pidió información al Fondetec sobre sus actividades., También comunicó a los distintos despachos al interior de la JEP para que reporten otros hechos similares a los que son denunciados. Además, esta Sala compulsó copias a la Fiscalía General y a la Procuraduría para que tengan conocimiento de las denuncias. El Ministerio Público, advierte el documento, ha estado presente durante las diligencias donde los uniformados han narrado las supuestas presiones.