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Colombia acaba de entrar en un nuevo lío judicial ante los tribunales internacionales. El conglomerado chino Zijin Mining Group, con sede en Toronto (Canadá), demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un órgano mundialmente reconocido por dirimir conflictos entre multinacionales y centenares de países del mundo. En este caso, Zijin Mining Group reclama fallas de Colombia en la protección de su multimillonaria inversión en una mina de oro ubicada en Buriticá (Antioquia).
En 2020, Zijin Mining Group adquirió una participación del 69% de la multinacional canadiense Continental Gold, que entonces era propietaria de la mina de Buriticá. A pesar de las preocupaciones de seguridad, solo por los derechos de explotación sobre la mina, los chinos pagaron US$ 1.000 millones. Se cree que, en la zona de extracción, entre las montañas antioqueñas, existen hasta 300 toneladas de ese elemento. No obstante, el Clan del Golfo también lo sabe y tendría infiltrados miles de mineros ilegales a los que les cobraría extorsiones por el material extraído ilegalmente.
El inversionista chino considera que la presunta incapacidad del Estado colombiano para combatir la presencia del Clan del Golfo en la región ha interrumpido su capacidad de producción. La Fundación Sumpáz, protectora de derechos humanos y del desarrollo local, establece que, aunque este grupo armado ilegal tiene una fuerte presencia en la zona, no sería la única agrupación ilegal que extrae oro de manera ilegal en la mina de Zijin como en otras minas del mismo municipio.
Según Global Arbitration Review, portal de noticias especializado en arbitrajes de inversión, “la mina se ha visto afectada por la violencia debido a los enfrentamientos entre los trabajadores de Zijin y los ‘mineros ilegales’ de la zona. La empresa estima que más de 4.000 personas trabajan ilegalmente en la mina cada día. El año pasado, Reuters informó que el 60% de las operaciones en la mina se habían detenido debido a ataques contra los trabajadores de Zijin, que resultaron en dos muertes”.
Zijin Mining Group ha venido solicitando ayuda a las autoridades colombianas para poder operar con normalidad en la mina antioqueña, agregando que el Clan del Golfo estaría obteniendo hasta un 10% de la protección de los mineros ilegales y controlando operaciones ilícitas en los mismos túneles. Aunque todavía no hay detalles de la demanda ante el Ciadi, portales internacionales explican que Zijín basa sus reclamaciones en la dificultad de instalarse en una zona donde la misma población, de alrededor de 9.000 personas, está a la merced de un grupo armado ilegal.
Los inversores chinos invocaron las reglas a las que Colombia está sometido en el marco del Tratado de Libre Comercio con Canadá y serán defendidos por la firma internacional White & Case. En el caso de Colombia, las acciones de respuesta las tomará la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que justo hace unos días cuenta con director en propiedad tras el nombramiento del exconsejero de Estado, César Palomino Cortés. Por lo general, Colombia se asesora en este tipo de demandas por firmas extranjeras, pero con la llegada del gobierno de Gustavo Petro se ha intentado darles más protagonismo a los abogados de la misma Andje.
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