Mindefensa dice que no sabía de cambios en la Justicia Penal Militar
Esa cartera se pronunció tras las denuncias que formuló el senador Gustavo Petro.
El Espectador
De acuerdo con el comunicado, "el Ministerio de Defensa expresa su preocupación con ocasión de los traslados en bloque de funcionarios de la Justicia Penal Militar efectuados en las últimas semanas y sobre los cuales no tenía conocimiento".
"Este Ministerio reitera que ha sido respetuoso de la autonomía del Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, quien es el único autorizado para decidir sobre traslados y demás asuntos administrativos de esta jurisdicción especial", agrega el comunicado, que se produjo en respuesta a las denuncias del senador Gustavo Petro.
El senador Gustavo Petro aseguró que el Ministerio de Defensa nombró como coordinador de la Justicia Penal Militar a uno de los uniformados que es investigado por la justicia ordinaria. Se trata del coronel Edgar Emilo Ávila quien fue acusado por un juez penal militar y su caso pasó a la justicia ordinaria por vínculos "poco honorables con las Auc".
Este es el comunicado:
El Ministerio de Defensa expresa su preocupación con ocasión de los traslados en bloque de funcionarios de la Justicia Penal Militar efectuados en las últimas semanas y sobre los cuales no tenía conocimiento.
Este Ministerio reitera que ha sido respetuoso de la autonomía del Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, quien es el único autorizado para decidir sobre traslados y demás asuntos administrativos de esta jurisdicción especial, según las Resoluciones de delegación de funciones Nos. 0015 y 0162 de 2002 y 358 y 1295 de 2004.
De conformidad con las decisiones adoptadas por el Comité de Seguimiento a Denuncias por presuntos homicidios en persona protegida, creado en junio de 2007, del cual hace parte la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, se implementó un plan de acción que incluyó, entre otras medidas, la capacitación a funcionarios de la Justicia Penal Militar en caracterización de hechos que puedan constituir violaciones a los derechos humanos.
El Ministerio de Defensa Nacional recomienda, de la manera más respetuosa, a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, hacer una revisión pormenorizada de estas decisiones de traslado, para asegurar que no afecten las directrices ministeriales de prevención de homicidio en persona protegida, los procesos de capacitación efectuados en algunas regiones donde el número de investigaciones es especialmente importante y los esfuerzos presupuestales para facilitar la implementación del sistema penal acusatorio, cuya fase inicial se desarrollará en las Divisiones I y VII del Ejército Nacional.
Gracias a estos procesos de capacitación y al compromiso de la Dirección Ejecutiva, hasta la fecha han sido remitidos a la justica ordinaria aproximadamente 500 casos sin interponer conflicto de competencias.
Estas decisiones han complementado los esfuerzos del Gobierno por impulsar las investigaciones por homicidios atribuidos a miembros de la Fuerza Pública y propender porque las violaciones de derechos humanos sean investigadas por la justicia ordinaria.
De acuerdo con el comunicado, "el Ministerio de Defensa expresa su preocupación con ocasión de los traslados en bloque de funcionarios de la Justicia Penal Militar efectuados en las últimas semanas y sobre los cuales no tenía conocimiento".
"Este Ministerio reitera que ha sido respetuoso de la autonomía del Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, quien es el único autorizado para decidir sobre traslados y demás asuntos administrativos de esta jurisdicción especial", agrega el comunicado, que se produjo en respuesta a las denuncias del senador Gustavo Petro.
El senador Gustavo Petro aseguró que el Ministerio de Defensa nombró como coordinador de la Justicia Penal Militar a uno de los uniformados que es investigado por la justicia ordinaria. Se trata del coronel Edgar Emilo Ávila quien fue acusado por un juez penal militar y su caso pasó a la justicia ordinaria por vínculos "poco honorables con las Auc".
Este es el comunicado:
El Ministerio de Defensa expresa su preocupación con ocasión de los traslados en bloque de funcionarios de la Justicia Penal Militar efectuados en las últimas semanas y sobre los cuales no tenía conocimiento.
Este Ministerio reitera que ha sido respetuoso de la autonomía del Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, quien es el único autorizado para decidir sobre traslados y demás asuntos administrativos de esta jurisdicción especial, según las Resoluciones de delegación de funciones Nos. 0015 y 0162 de 2002 y 358 y 1295 de 2004.
De conformidad con las decisiones adoptadas por el Comité de Seguimiento a Denuncias por presuntos homicidios en persona protegida, creado en junio de 2007, del cual hace parte la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, se implementó un plan de acción que incluyó, entre otras medidas, la capacitación a funcionarios de la Justicia Penal Militar en caracterización de hechos que puedan constituir violaciones a los derechos humanos.
El Ministerio de Defensa Nacional recomienda, de la manera más respetuosa, a la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, hacer una revisión pormenorizada de estas decisiones de traslado, para asegurar que no afecten las directrices ministeriales de prevención de homicidio en persona protegida, los procesos de capacitación efectuados en algunas regiones donde el número de investigaciones es especialmente importante y los esfuerzos presupuestales para facilitar la implementación del sistema penal acusatorio, cuya fase inicial se desarrollará en las Divisiones I y VII del Ejército Nacional.
Gracias a estos procesos de capacitación y al compromiso de la Dirección Ejecutiva, hasta la fecha han sido remitidos a la justica ordinaria aproximadamente 500 casos sin interponer conflicto de competencias.
Estas decisiones han complementado los esfuerzos del Gobierno por impulsar las investigaciones por homicidios atribuidos a miembros de la Fuerza Pública y propender porque las violaciones de derechos humanos sean investigadas por la justicia ordinaria.