MinDefensa llamado a responder por amenazas del Clan del Golfo a SuperGiros
El incremento de actos violentos contra la empresa SuperGiros, ha obligada a cerrar 3.000 puntos de servicio en la región Caribe. Procuraduría hace un llamado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a los altos mandos militares a tomar medidas.
La Procuraduría solicitó explicaciones al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por el incremento de actos violentos contra la empresa SuperGiros, que se ha visto obligada a cerrar 3.000 puntos de servicio en la región Caribe debido al asedio del Clan del Golfo.
En contexto: Más de 3.000 puntos de Supergiros están cerrados en la costa Caribe, ¿qué pasa?
En una carta firmada por el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, el organismo expresó su preocupación por las amenazas, intimidaciones y actos violentos que afectan no solo a los empleados de SuperGiros, sino también a las comunidades que dependen de sus servicios. La situación se agravó tras el asesinato de una funcionaria de la empresa el pasado 4 de noviembre en Bosconia (Cesar).
El abogado de SuperGiros, Jhonny Batalla Herrera, destacó que más de 20 trabajadoras, muchas de ellas mujeres cabeza de familia, han sido afectadas por las acciones criminales del Clan del Golfo. “Son mujeres, cabezas de familia, que efectivamente a través de nuestra plataforma de SuperGiros hacen recargas, hacen giros, postales de dinero, pagan subsidios, pagan nóminas, hacen recaudo, entre otros”, explicó.
La misiva subraya que la Constitución, en su artículo 218, establece que la función principal de la fuerza pública es garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, recuerda que las autoridades están obligadas a proteger la seguridad y los derechos fundamentales de los trabajadores, según lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016.
Ante esta situación, la Procuraduría planteó al ministro de Defensa tres preguntas clave: cuál es la estrategia del Ministerio para enfrentar las amenazas del Clan del Golfo en la Costa Caribe, qué acciones se implementarán para garantizar la seguridad y el derecho al trabajo de los empleados de SuperGiros y de la empresa, y qué gestiones de articulación se han desarrollado para coordinar esfuerzos conjuntos contra estas amenazas en la región. El ministro deberá responder a estas inquietudes en un plazo de cinco días.
De manera paralela, la Procuraduría también pidió al director de la Policía Nacional, William René Salamanca, responder sobre las acciones de la institución frente a esta problemática. Entre las peticiones se incluye informar sobre la estrategia para identificar a los responsables de las amenazas, garantizar la seguridad de los trabajadores de SuperGiros y coordinar esfuerzos conjuntos contra las actividades criminales del Clan del Golfo en la región Caribe.
Lea: Asesinaron a trabajadora de Supergiros y dejaron un panfleto en Bosconia, Cesar
La Procuraduría enfatizó que los actos delictivos de este grupo armado no solo afectan a la empresa, sino que también vulneran los derechos fundamentales de sus empleados y de las comunidades que dependen de los servicios que presta la empresa.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Procuraduría solicitó explicaciones al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas por el incremento de actos violentos contra la empresa SuperGiros, que se ha visto obligada a cerrar 3.000 puntos de servicio en la región Caribe debido al asedio del Clan del Golfo.
En contexto: Más de 3.000 puntos de Supergiros están cerrados en la costa Caribe, ¿qué pasa?
En una carta firmada por el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, el organismo expresó su preocupación por las amenazas, intimidaciones y actos violentos que afectan no solo a los empleados de SuperGiros, sino también a las comunidades que dependen de sus servicios. La situación se agravó tras el asesinato de una funcionaria de la empresa el pasado 4 de noviembre en Bosconia (Cesar).
El abogado de SuperGiros, Jhonny Batalla Herrera, destacó que más de 20 trabajadoras, muchas de ellas mujeres cabeza de familia, han sido afectadas por las acciones criminales del Clan del Golfo. “Son mujeres, cabezas de familia, que efectivamente a través de nuestra plataforma de SuperGiros hacen recargas, hacen giros, postales de dinero, pagan subsidios, pagan nóminas, hacen recaudo, entre otros”, explicó.
La misiva subraya que la Constitución, en su artículo 218, establece que la función principal de la fuerza pública es garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, recuerda que las autoridades están obligadas a proteger la seguridad y los derechos fundamentales de los trabajadores, según lo dispuesto en la Ley 1801 de 2016.
Ante esta situación, la Procuraduría planteó al ministro de Defensa tres preguntas clave: cuál es la estrategia del Ministerio para enfrentar las amenazas del Clan del Golfo en la Costa Caribe, qué acciones se implementarán para garantizar la seguridad y el derecho al trabajo de los empleados de SuperGiros y de la empresa, y qué gestiones de articulación se han desarrollado para coordinar esfuerzos conjuntos contra estas amenazas en la región. El ministro deberá responder a estas inquietudes en un plazo de cinco días.
De manera paralela, la Procuraduría también pidió al director de la Policía Nacional, William René Salamanca, responder sobre las acciones de la institución frente a esta problemática. Entre las peticiones se incluye informar sobre la estrategia para identificar a los responsables de las amenazas, garantizar la seguridad de los trabajadores de SuperGiros y coordinar esfuerzos conjuntos contra las actividades criminales del Clan del Golfo en la región Caribe.
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La Procuraduría enfatizó que los actos delictivos de este grupo armado no solo afectan a la empresa, sino que también vulneran los derechos fundamentales de sus empleados y de las comunidades que dependen de los servicios que presta la empresa.
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