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Hace una semana, la Contraloría General advirtió sobre una posible desviación de recursos en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). Según el ente fiscal, cerca del 90 % de los recursos de crédito destinados para garantizar la sostenibilidad alimentaria durante la emergencia declarada por el coronavirus, “se están concentrando en manos de beneficiarios que los están utilizando en actividades no productivas”. Ahora, por cuenta de este escándalo, entrará a ser investigado la máxima cabeza del sector de la agricultura, el ministro Rodolfo Enrique Zea.
(Lea aquí: El 90 % de las ayudas para el agro por coronavirus no son para producir: Contraloría)
En la rueda de prensa conjunta que dieron este viernes el contralor Carlos Felipe Córdoba, el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Francisco Barbosa, se conoció que había un alto funcionario siendo investigado por el caso. “Tenemos dos indagaciones preliminares abiertas a dos entidades del orden nacional: departamento Nacional de Planeación y Finagro (…) Hay un aforado constitucional con una noticia preliminar abierta que es el Ministro de Agricultura”, dijo el fiscal Barbosa.
Fuentes cercanas al ente investigador le explicaron a este diario que las investigaciones en contra del ministro tienen que ver con su presunta responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, que estaban pensandos para apoyar a pequeños y medianos agricultores. Aunque señalaron que todavía no hay pruebas de que ese desvío responda a beneficios de empresarios, las pesquisas están orientadas a determinar los protocolos que se están usando para manejar recursos públicos y la presunta omisión de ellos. Y ahí es donde entra el minsitro Zea, como responsable del dinero.
Lo que significa el anuncio de Barbosa es que se trata de una persona que, por su cargo, no puede ser investigado por la Fiscalía, sino que la responsabilidad inicial del proceso penal recae en la Corte Suprema de Justicia. Primero, la Sala de Instrucción de este alto tribunal deberá adelantar una investigación previa y, si halla mérito suficiente, llamaría al ministro Zea a indagatoria, luego de lo cual el alto funcionario sería formalmente vinculado a una investigación. Solo hasta ese momento, podría entrar a actuar la Fiscalía, que decidiría si lo lleva o no a juicio.
Esta nueva alerta de posible corrupción tiene que ver con que, tras un examen detallado de la línea de crédito Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la pandemia, la Contraloría encontró que “grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos colocados”. De los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones han quedado en los bolsillos de grandes comercializadores y agroindustriales, $8.300 millones para medianos, y sólo $4.200 millones para pequeños productores, el ente fiscal.
Además de este anunció, el fiscal Barbosa señaló que hay nueve fiscales especializados y locales que, con apoyo de 16 asistentes de fiscal y 80 investigadores del CTI, "han recopilado material probatorio y solicitado información a 1.005 municipios del país, cinco distritos especiales y seis entidades de orden nacional, con el propósito de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria.
Además del ministro Zea, la Fiscalía abrió más investigaciones preliminares en contra de los gobernadores de Vichada, Magdalena, San Andrés y Arauca (esté último tiene dos procesos), y señaló que en los próximos días serán abiertas otras indagaciones a tres gobernadores más. "Estos procesos se seguirán ante la Corte Suprema de Justicia", aclaró Barbosa.
Adicionalmente, el jefe de la Fiscalía expresó que hay 38 casos en indagación preliminar, con apertura de noticia criminal, contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander. En las próximas semanas se presentarán los resultados de imputaciones y medidas de aseguramiento.
“No toleraremos que nos quiten un solo peso y que arremetan contra los recursos públicos de la salud, la alimentación o cualquier otro elemento que implique corrupción en este territorio nacional. Lo nuestro son discursos con acciones”, concluyó el fiscal Barbosa.