En un evento de reconocimiento de responsabilidad, el ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez, pidió perdón en nombre del Estado colombiano, a la familia de Pedro Julio Movilla Galarcio, por cuenta de su desaparición forzada ocurrida en mayo de 1993, y así mismo por la posterior incapacidad estatal para determinar su paradero y juzgar y sancionar a los responsables.
El 13 de mayo de 1993, Pedro Julio Movilla Galarcio salió de su casa en la ciudad de Bogotá, en compañía de su esposa. Luego de despedirse de ella, fue a dejar a su hija Jenny a las 08:00 a.m en la entrada del Colegio Kennedy, comprometiéndose a recogerla tres horas después. Sin embargo, desde ese momento se desconoce su paradero. Antes de su desaparición Movilla fue objeto de seguimientos por organismos del Estado.
Candelaria Nuris Vergara Carriazo, esposa de Pedro Movilla, afirmó que antes de la desaparición de su esposo, fueron objeto de distintos actos de hostigamiento, que comenzaron luego de que Movilla fuera detenido a partir de su participación en una asamblea relacionada con su actividad sindical.
“Esto es la reivindicación del respeto absoluto por los derechos humanos. Desde el Gobierno del Presidente Petro venimos impulsando en la Fuerza Pública, con mucha contundencia que hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen que estar absolutamente comprometidos con los Derechos Humanos, para que la población sienta la protección que las Fuerzas Armadas les brindan”, destacó el jefe de la Cartera de Defensa.
El ministro Velásquez informó acerca de la importancia de este tipo de actos para la creación y formación de una conciencia colectiva que rechace cualquier práctica criminal realizada contra las personas que tienen criterios diferentes, opiniones distintas, o que sencillamente se oponen y disienten.
“Hace 30 años, Pedro Julio, un hombre luchador, entregado a su familia y a sus convicciones políticas y sociales, fue desaparecido, y este fue cometido por el Estado colombiano. Ese mismo Estado, que hoy ni a la familia de Pedro Julio, ni a tantas victimas en el país, les ha respondido con justicia” advirtió el Ministro al tiempo que reclamó por la falta de celeridad en las investigaciones de casos como este: “Es doblemente inadmisible que en un Estado social de Derecho, como el nuestro, que además de permitir la desaparición de sus ciudadanos por razones políticas, no emplee idoneamente su aparato de investigación y justicia, para garantizarle a sus familiares los derechos a la verdad, la justicia y a una reparación efectiva al menos para mitigar el dolor”.
Finalmente, el ministro Velásquez pidió perdón a nombre del Estado colombiano, a Candelaria Vergara, esposa de Pedro Julio Movilla, y a sus hijos Jenny del Carmen, Carlos Julio y Jose Antonio, y a los demás familiares, amigos y allegados que estaban presentes en el acto llevado a cabo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, y señaló la necesaria articulación de los poderes públicos por aunar esfuerzos para terminar con este tipo de acciones en el país.
“Actos como este reconocimiento de responsabilidad del Estado llamen siempre la atención de la sociedad sobre la grave violación de Derechos Humanos que significa un crimen tan atroz como este de la desaparición forzada. Y también que llame la atención del propio Estado, de su poder judicial, de su Fuerza Pública, de todos los órganos del Estado para que se realicen todos los actos necesarios que no permitan que hechos como este se repitan”, sentenció Velásquez.
Actuaciones administrativas y judiciales por la desaparición de Pedro Movilla
La desaparición de Movilla fue denunciada el 17 de mayo de 1993 ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación (FGN). Los días 26, 27 y 28 de mayo de 1993 la PGN visitó centros de detención. También se realizaron otras acciones de búsqueda del señor Movilla durante el mes indicado y los tres siguientes. La PGN realizó también otras diligencias que, sin embargo, no permitieron la averiguación de lo sucedido, ni la identificación de los responsables de la desaparición. El 17 de febrero de 1998 se ordenó el archivo provisional de las diligencias que, no obstante, fueron luego retomadas.
En cuanto a la investigación de la Fiscalía General, se practicaron diversas diligencias sin mayor resultado. En varias ocasiones la investigación fue suspendida y luego retomada. Así, El 5 de junio de 1996 se dispuso la suspensión provisional de la investigación, lo que fue revocado en octubre del mismo año. El 11 de diciembre de 2001 volvió a suspenderse la investigación. Años más tarde, el 17 de enero de 2006, la Fiscalía 23 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se avocó al conocimiento de la causa y ordenó la práctica de diligencias.
En 2008 tomó intervención la Fiscalía 48 Especializada de la misma Unidad, que en 2011 admitió la demanda de constitución de parte civil de la señora Vergara Carriazo, luego de lo cual accedió a la práctica de múltiples pruebas que tal parte civil había solicitado.
El 9 de mayo de 1995 la señora Vergara Carriazo inició una acción de reparación directa por los hechos, demandando a entidades estatales. Fue rechazada en primera instancia el 30 de octubre de 2001. Esta resolución fue apelada por los demandantes, y el de junio de 2011 el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primer grado.
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