La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $1.624 millones en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La investigación que hace el ente de control es por los pagos dobles y triples se hicieron por error desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 24 de noviembre de 2023, a 180.715 funcionarios públicos de todo el país.
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Lo que busca determinar la investigación es la responsabilidad del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, así como la del viceministro general, Diego Alejandro Guevara, y otros cinco funcionarios de la cartera. También fueron vinculados al proceso terceros civiles y cuatro compañías aseguradoras.
La génesis del caso está en la información publicada en la página web del Ministerio y las declaraciones que dio el propio ministro Bonilla, en las que se dio a conocer que se hicieron pagos de nómina adicionales a varios servidores públicos. Con las consignaciones, que eran dos o tres veces más de lo que se debía, fueron entregados más de medio billón de pesos ($665.377′015.937,85).
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La investigación previa que había hecho la Contraloría buscaban determinar las circunstancias de tiempo y modo en que se efectuaron los pagos indebidos. Asimismo, se le hizo un seguimiento a los dineros equivocadamente entregados y su regreso al Estado, ya fuera por reversos bancarios, consignaciones voluntarias o débitos de nóminas, entre otros.
Por ahora, se sabe que fueron devueltos al Tesoro Público un total de $663.755′200.394, quedando un saldo de $1.624′181.986,4 por recuperar, dice la Contraloría. Dentro de los dineros aún no regresan, están incluidos los del Gravamen de Movimientos Financieros cobrado por la única entidad bancaria que lo aplicó.
Según el Ministerio de Hacienda, una parte de ese saldo pendiente es de difícil cobro, porque varios funcionarios del Ejército Nacional y otras entidades se encuentran en situación de retirados, inactivos, fallecidos y embargados.
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Dentro de las causas de la apertura de esta investigación están los errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército, errores en el sistema e inobservancia de las alertas generadas por el sistema.
En este proceso fueron vinculados como presuntos responsables fiscales el ministro Bonilla, el viceministro Guevara, Julio Ernesto Ochoa, quien era Asesor Grado 16 del Despacho del Viceministro; Laura Ximena Duarte, en calidad de Profesional Universitaria Grado 11 del Grupo de Pagos y Cumplimiento de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público; Jorge Alberto Calderón, quien obró como Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público. También, fueron vinculados David Fernando Morales, quien fue asesor del despacho del viceministro; Wilson Alejandro Rojas, como asesor de la Administración del SIIF Nación del Viceministerio General y soporte funcional al Tesoro en Proceso de Pagos.
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