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El Espectador reveló a inicios de febrero que la extradición de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, exguerrillero del Eln y confeso reclutador de falsos positivos, ha sido concedida por el gobierno español por lo menos en cuatro oportunidades y el tramite no ha sido concretado por diversas razones, que implicarían una posible omisión de agentes nacionales. Ante posibles faltas disciplinarias, el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela ordenó una investigación interna por un episodio que, aseguró, está a un pronunciamiento del país ibérico para desenredarse.
En contexto: Se cae la extradición de El Zarco, presunto reclutador de víctimas para falsos positivos.
Mientras esto sucede, dentro del propio ministerio de Justicia se realizó una solicitud al Grupo de Control Disciplinario Interno, al mando de la funcionaria Magda Ivonne Moreno, para que se adelanten las pesquisas dentro de una cartera que supo desde el 13 de septiembre de 2019, como lo conoció este diario, tras revisar documentación de la Audiencia Nacional de España, que El Zarco ya podía regresar en un avión a Colombia. Ante las dilaciones, el exguerrillero fue liberado el 28 de diciembre del año pasado.
“En atención a los hechos conocidos públicamente relacionados con el caso del ciudadano colombiano Luis John Castro Ramírez, sobre quien se adelantó un proceso de extradición , y que fue dejado en libertad en España, por la falta de coordinación de las autoridades de ese país y las colombianas, de manera atento me permito solicitarle se adelanten las actuaciones disciplinarias que correspondan, con el propósito de determinar si dentro del proceso, se presentó alguna irregularidad y omisión por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia”, le envió Ruiz Orejuela al Grupo de Control Disciplinario.
De acuerdo con la Audiencia Nacional de España las razones para suspender la extradición de El Zarco, quien fue recapturado en los últimos días en Alicante, con miras a un renovado proceso, se fundamentan en tres hechos clave: la pandemia por COVID-19, las peticiones del mismo exguerrillero y la presunta omisión del Ministerio de Justicia colombiano para sacar adelante el traslado. Por ejemplo, el despacho ibérico anunció a las autoridades colombianas que desde el 31 de octubre de 2019 podrían llevarse a El Zarco. Sin embargo, el exguerrillero pidió asilo y ahí el traslado se suspendió hasta el 22 de enero del 2020, y de nuevo quedó a disposición de Interpol.
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A pesar de ello, cuando todo estaba listo para el retorno del reclutador de falsos positivos, la pandemia por COVID-19 asedió a Europa y los vuelos internacionales se suspendieron durante meses. Ahí la Audiencia Nacional de España propuso como fecha definitiva el 8 de mayo de 2020, pero recién hasta el pasado 24 de junio Interpol “se interesó” y ahí se estableció como nuevo término el 29 de octubre, con el agravante de que pasados 15 días El Zarco quedaría libre -como finalmente pasó-. Y no solo eso, el despacho judicial archivó el proceso y ahora el Gobierno colombiano está recurriendo a estrategias ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Dentro de los documentos que están en poder de este diario, la Audiencia Nacional de España, además, explicó que las autoridades de Colombia establecieron como fechas definitivas de extradición, primero, del 9 al 14 de diciembre y, segundo, del 17 al 22 de diciembre, momentos en los cuales ningún funcionario nacional habría llevado el procedimiento a cabo. Sin embargo, Wilson Ruiz Orejuela aseguró que el Ministerio de Justicia ya está pasándole la lupa a la Ley de Extradición Pasiva, de España, y al Acuerdo Bilateral para Entrega de Reos, lo cual avalaría no solo la recaptura de El Zarco sino la puesta en marcha de un nuevo y definitivo proceso de extradición.
“Nos encontramos a la espera de una comunicación oficial por parte del Ministerio de Justicia y Audiencia Nacional de España con el fin de conocer si se requiere alguna información adicional para el traslado a Colombia de alias El Zarco. Una vez se cuente con el pronunciamiento oficial, se informará a las autoridades españolas la fecha y funcionarios de Interpol que traerán a alias El Zarco, coordinado con la debida antelación, planes de desplazamiento, fecha y requisitos que tienen los protocolos de bioseguridad que de los dos países”, aseguró Wilson Ruiz Orejuela, el pasado 15 de febrero.
Antecedentes: “El Zarco” no será extraditado de España y Colombia dice que hizo lo que pudo.
De acuerdo con uno de los interrogatorios registrados de alias El Zarco ante la Fiscalía, habría llevado a cabo sus operaciones de reclutamiento en los municipios de Coyaima y el Guamo, y la vereda Potrerito, de Ibagué, en el Tolima. Según el exguerrillero, su actividad comenzó cuando conoció al sargento Rubiel Bustos Escarraga, alias Mauricio, quien le habría dicho que “le colaborara” para llevar a buen término su proceso de desmovilización del Eln. Y esa colaboración se trataba, según la Fiscalía, de la ejecución extrajudicial de seis personas en la finca Los Mangos de la vereda Potrerito de Ibagué, en 2008.
Este diario, además, conoció un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el cual el soldado Rafael Ricardo Rincón se sometió a la justicia transicional por los hechos vividos en la finca Los Mangos. De acuerdo con Rincón, quien fue aceptado dentro del organismo, El Zarco reclutó en Cali a las seis personas masacradas -amigos-, indicándoles que había una oferta de trabajo en una finca de Ibagué. “(La finca) se había dispuesto previamente por la sección segunda de inteligencia del batallón Jaime Rooke y el Sargento Segundo Rubiel Bustos Escarraga para ser dados de baja y así obtener los resultados operacionales, bajas en combate o los mal llamados falsos positivos”, expuso la Fiscalía sobre el crudo capítulo.
Falsos positivos: un flagelo que habría cobrado las vidas de 6.402 personas
En contexto: Falsos positivos en la JEP: el 78% de las víctimas se reportaron en el gobierno Uribe.
En la mañana de este 18 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que, entre el periodo 2002-2008, en Colombia se registraron 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo con el Tribunal de Paz, sobre el caso “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, las cifras son exponencialmente superiores a las presentadas por la Fiscalía en 2019, ente investigador que puso sobre la mesa la estadística de 2.248 personas. “El resultado muestra que durante esta etapa (2002-2008) se registró el 78% del total de la victimización histórica”, agregó la JEP.
Entre las cifras desatacas por el órgano de justicia transicional se encuentra que mientras en 2001 se registraron 74 víctimas, en el 2002 los números se elevaron a 473, es decir, más de seis veces lo reportado en el periodo anterior. Incluso, quienes entregaron el informe coinciden en que el fenómeno criminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 expedientes reportados en 2009. De acuerdo con la JEP, los territorios donde se priorizó la investigación fueron Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Región Caribe y Norte de Santander.