Ministro de Justicia radicó proyecto de ley para sometimiento del Clan del Golfo

En la tarde de este miércoles, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó en la Secretaría del Senado el proyecto de ley  "por el cual se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para la sujeción a la justicia de las mismas". De esta manera, ahora es el Congreso el que tiene que debatir con qué herramientas contará la justicia para trabajar en el sometimiento colectivo de los denominados Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDC). 

Según el proyecto de ley, la definición de GAO es bastante similar a la que, según el DIH, se entiende como un grupo armado en medio de un conflicto: tiene dirección de un mando responsable, ejerce control territorial, realiza operaciones militares concertadas y su nivel de violencia va más allá de los disturbios. Para los GAO, el Ministerio de Defensa autorizó el uso letal de la fuerza (entiéndase bombardeos) el año pasado, una decisión que fue altamente cuestionada. (Vea El DIH no es una licencia para matar: Consejo de Estado)

El proyecto de ley que se radicó hoy propone algunas reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal; establece que las negociaciones para los sometimientos colectivos estará en manos de delegados del Gobierno y no de la Fiscalía; exige que los menores de edad que estén en los grupos armados sean entregados antes de avanzar en los acercamientos; y deja claro que este tipo de procesos no blindarán a los integrantes de los GAO o los GDO de las solicitudes de extradición. (Puede encontrar más detalles del proyecto de ley en: Lista la propuesta del Gobierno para el clan del Golfo)

El origen de esta iniciativa es la carta que le envió Otoniel, el jefe máximo del Clan del Golfo (antes conocidos como Los Urabeños, el Clan Úsuga o las Autodefensas Gaitanistas) al presidente Santos. En la misiva, Otoniel manifestó que él y su grupo estaban en busca de una "salida digna". Dejó claro que no querían "sometimiento" y, de hecho, el proyecto de ley es cuidadoso en no emplear ese término, sino "sujeción a la justicia". 

En la tarde de este miércoles, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó en la Secretaría del Senado el proyecto de ley  "por el cual se fortalece la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para la sujeción a la justicia de las mismas". De esta manera, ahora es el Congreso el que tiene que debatir con qué herramientas contará la justicia para trabajar en el sometimiento colectivo de los denominados Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDC). 

Según el proyecto de ley, la definición de GAO es bastante similar a la que, según el DIH, se entiende como un grupo armado en medio de un conflicto: tiene dirección de un mando responsable, ejerce control territorial, realiza operaciones militares concertadas y su nivel de violencia va más allá de los disturbios. Para los GAO, el Ministerio de Defensa autorizó el uso letal de la fuerza (entiéndase bombardeos) el año pasado, una decisión que fue altamente cuestionada. (Vea El DIH no es una licencia para matar: Consejo de Estado)

El proyecto de ley que se radicó hoy propone algunas reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal; establece que las negociaciones para los sometimientos colectivos estará en manos de delegados del Gobierno y no de la Fiscalía; exige que los menores de edad que estén en los grupos armados sean entregados antes de avanzar en los acercamientos; y deja claro que este tipo de procesos no blindarán a los integrantes de los GAO o los GDO de las solicitudes de extradición. (Puede encontrar más detalles del proyecto de ley en: Lista la propuesta del Gobierno para el clan del Golfo)

El origen de esta iniciativa es la carta que le envió Otoniel, el jefe máximo del Clan del Golfo (antes conocidos como Los Urabeños, el Clan Úsuga o las Autodefensas Gaitanistas) al presidente Santos. En la misiva, Otoniel manifestó que él y su grupo estaban en busca de una "salida digna". Dejó claro que no querían "sometimiento" y, de hecho, el proyecto de ley es cuidadoso en no emplear ese término, sino "sujeción a la justicia".