“Hago un llamado a toda la comunidad internacional a la solidaridad con los policías víctimas y sus familias, así como con la Institución”, se lee en una carta enviada por el ministro de Defensa, Diego Molano a ocho organizaciones internacionales que han expresado su preocupación por las flagrantes violaciones de derechos humanos que se evidencian en las calles de Colombia en medio del paro nacional. Para el jefe de la cartera de seguridad, es necesario también reivindicar los derechos de los uniformados, con lo cual entregó un detallado reporte de las agresiones que han sufrido 1.055 policías desde el 28 de abril.
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La misiva comienza con una sentencia: “Paralelo a las actividades de reunión y manifestación pública y pacífica, ha sido evidente que se han presentado actos de vandalismo y hechos criminales en diferentes regiones del país, generando agresiones a la integridad de los ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública y afectaciones directas a los bienes públicos y privados, el bloqueo de vías y la comisión de actos violentos”. Además, asegura, sin desarrollar la afirmación ni aportar pruebas, que estas violencias están siendo ocasionadas por grupos al margen de la ley.
La carta posteriormente pasa a hacer una cronología de las agresiones que han sufrido miembros de la Fuerza Pública en el mes de manifestaciones que ya ajusta el país. Relata hechos como la muerte, el 28 de abril, del capitán Jesús Alberto Solano, jefe de la SIJIN de Soacha, que fue linchado y apuñalado; también la quema del CAI La Aurora, en Usme (Bogotá), mientras 15 uniformados permanecían al interior de la estación, “ocasionándoseles lesiones (quemaduras) y asfixia”. El ataque sufrido por el patrullero Ángel Gabriel Padilla en Yumbo, a quien supuestamente le propinaron 17 puñaladas.
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Asimismo, el aparente homicidio con arma de fuego del patrullero Juan Sebastián Briñez el 22 de mayo en Cali; el ataque el mismo día en Bogotá al agente del Esmad Cristian Calderón, hacia quien lanzaron bombas molotov. También referencia la denuncia de la patrullera que, mientras estaba en servicio en un CAI de la capital del Valle, asegura haber sido víctima de violencia sexual; la quema de un centro médico de la Policía en Bogotá, que afecta el acceso a la salud de los uniformados; y el ataque al colegio San Miguel Arcángel, en Neiva, donde estudian hijos de policías.
“Bajo estos escenarios de violencia y vandalismo, se determina que el uso de la fuerza legítima por parte del Estado se encuentra amparado en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y por la normatividad interna de la Policía Nacional. Su empleo es un medio constitucional y legal que utiliza la Policía, depositado de manera exclusiva en sus miembros uniformados”, escribió Molano. Según la carta, 1.040 civiles y 1.055 uniformados, entre ellos 53 mujeres, han recibido ataques durante los días de protesta, “comportamientos colectivos que han superado los límites del derecho a la manifestación pública y pacífica”.
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La carta la envió a Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; a Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU al Acuerdo de Paz; a Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia; a Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH; a Lorenzo Caraffi, jefe de la Delegación de la Cruz Roja en Colombia; a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch; a Agness Callamard, secretaria de Amnistía Internacional; y Adam Isacson, Director para Latinoamérica de la Washington Office on Latin America.
A estos ocho representantes de organizaciones multilaterales y no gubernamentales el ministro Diego Molano les pidió, “que estos hechos sean considerados como parte de los informes periódicos que su organización genera”. Y les aseguró que está comprometido a que avancen las investigaciones por la violencia que ha habido en el marco del paro nacional para que arrojen resultados contundentes. Así, también adjuntó algunas pruebas de lo que denuncia, como: informes de novedades de cada uniformado que resultó agredido, así como de cada uno de los bienes de la Policía afectado y la cuantificación de los daños; denuncias y evidencia de cada casos descrito, y, por último, grabaciones y fotos de los hechos.
Comunicado de prensa sobre los hechos de violencia policial en el marco del #ParoNacional. #1MesDeParo pic.twitter.com/ghedEuLcM5
— Temblores ONG 🐘 (@TembloresOng) May 29, 2021
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos colombianas han denunciado graves violaciones a los derechos de los manifestantes, en gran medida por parte de la Policía. Según la ong Temblores e Indepaz, desde el 28 de abril y hasta el pasado 28 de mayo se habían registrado 43 homicidios atribuibles a miembros de la Fuerza Pública, 22 denuncias de violencia sexual, 47 víctimas de disparos a sus ojos, y, por lo menos, 1.445 detenciones arbitrarias de manifestantes.