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La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa radicó una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, con el objetivo de que la Unión Temporal Centros Poblados reembolse los $70 mil millones que el Ministerio de Tecnologías y de la Información le entregó para que iniciara a instalar los casi 10.000 centros digitales en zonas rurales del país que se comprometió a hacer. Para el Ministerio Público, la supuesta pérdida de esa plata vulneró el derecho a la defensa del patrimonio público y a la moralidad administrativa.
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“Ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas, tendientes a evitar que se logre la recuperación de los recursos en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”, explicó la Procuraduría, la cual abrió una investigación disciplinaria contra la ministra Karen Abudinen el pasado 6 de septiembre.
Aunque Abudinen está bajo investigación, la Procuraduría advierte desde ya que en el contrato para internet rural, que se firmó por un costo total de $1,07 billones, se presentaron “omisiones” que permitieron presuntas irregularidades en la licitación y el acuerdo mismo. Entre quienes podrían responder tras la acción de grupo están la ministra Abudinen, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), Centros Poblados -integrado por cuatro empresas- y una fundación cuyo nombre no reveló la entidad.
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En la acción popular, además, la Procuraduría solicita a los integrantes de Centros Poblados resarcir los presuntos daños ocasionados a la Nación, por un valor de 42.944 salarios mínimos. Es decir, casi $40 mil millones, que estarían enmarcados dentro de la clausula penal del contrato. Además, afirman que Centros Poblados adelantó el contrato sin los “requisitos legales para su ejecución” y, por lo tanto, se debe establecer el pago por daño emergente.
A través del recurso, la Procuraduría espera que el Tribunal de Cundinamarca establezca los “correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas” para que, definitivamente, se cumpla a Bogotá y a otros 15 departamentos con los centros de internet rural. Además, la entidad pidió declarar responsables por los daños a Centros Poblados y a Sescolombia S.A.S, BBVA Asset Management y Sociedad Fiduciaria (socios y beneficiarios). Por último, vincular al Ministerio de las TIC y al Fontic.
“Finalmente, solicitó que el tribunal disponga que la sentencia frente a esta acción popular tenga prevalencia sobre cualquier decisión arbitral o judicial que se adopte en los asuntos tratados o controvertidos frente a este caso en particular”, concluyó la Procuraduría. Karen Abudinen, por su parte, ha asegurado que Centros Poblados le hizo una “trampa” al Estado, al presuntamente presentar garantías falsas para la ejecución del contrato. No obstante, la Procuraduría entrará a determinar si la ministra tiene responsabilidad en la posible pérdida de los $70 mil millones del anticipo.
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No es la primera vez que la Procuraduría se pronuncia sobre Centros Poblados. Mientras la ministra Abudinen anunciaba la caducidad del contrato con la unión temporal, asegurando que con esa decisión se recuperaría el anticipo y se embargarían las cuentas de las empresas, Centros Poblados presentó una acción de tutela para trabar esa decisión y continuar con la ejecución del acuerdo de internet. Mientras el Juzgado Octavo Civil de Circuito de Barranquilla estudiaba la tutela, la Procuraduría envió concepto negativo a las suplicas de Centros Poblados.
La entidad de control aseguró que no se evidenciaron vulneraciones a los derechos fundamentales de la unión temporal. A esa misma conclusión llegó el Juzgado de barranquilla: “En el presente asunto no se configura la existencia de un perjuicio irremediable, como quiera los perjuicios a los que alude la unión temporal en su solicitud de amparo son de estirpe netamente patrimonial”.
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Y agregó que: “No es urgente e impostergable la intervención del juez constitucional como quiera que en estos casos el derecho de defensa se encuentra garantizado por la posibilidad de recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho)”. Y, entre tanto, la ministra Abudinen enfrenta una moción de censura en la Cámara de Representantes, donde ha explicado que no permitirá “tachas en su nombre”.
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