Muerte de Brayan Niño no va a la justicia penal militar: Corte Constitucional

El caso de Brayan Fernando Niño Araque, herido de muerte con un proyectil de gas lacrimógeno el 1 de mayo de 2021, no será competencia de la Justicia Penal Militar. Así lo decidió la Corte Constitucional, la cual acaba de solucionar el conflicto de jurisdicciones planteado por la justicia castrense, la cual solicitaba quedarse con el expediente por encima de la Fiscalía. Como lo conoció El Espectador, será la Fiscalía 2 de Homicidios de Cundinamarca la encargada de responder a la denuncia contra el mayor Carlos Javier Arenas.

El caso de Brayan Fernando Niño Araque, herido de muerte con un proyectil de gas lacrimógeno el 1 de mayo de 2021, no será competencia de la Justicia Penal Militar. Así lo decidió la Corte Constitucional, la cual acaba de solucionar el conflicto de jurisdicciones planteado por la justicia castrense, la cual solicitaba quedarse con el expediente por encima de la Fiscalía. Como lo conoció El Espectador, será la Fiscalía 2 de Homicidios de Cundinamarca la encargada de responder a la denuncia contra el mayor Carlos Javier Arenas.

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Según el alto tribunal, lo que reposa en el expediente le permite concluir que hay dudas sobre si la reacción del mayor Arenas ante las protestas en las que estaba involucrado Niño fue necesaria y si la “intensidad de su reacción obedeció a los fines que orientan su intervención”. En otras palabras, para la Corte no es claro que el comportamiento del mayor Arenas estuvo a acorde a sus funciones.

Por otro lado, el alto tribunal también planteó sus dudas sobre si el uniformado cumplió con las reglas estipuladas para el uso de gases lacrimógenos durante una manifestación. El alto tribunal consignó en su providencia que “persisten dudas acerca del cumplimiento de las condiciones de uso de los fusiles lanza gas”.

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“Conforme a lo anterior, es posible inferir que la actuación del agente investigado pudo desconocer las recomendaciones de seguridad y los protocolos de lanzamiento de estos artefactos, incrementando el riesgo de causar la muerte a los civiles de forma desproporcionada e irracional, desdibujando por completo la relación de su conducta con el servicio”, señaló la Corte.

Además de cuestionar el uso de los gases por parte de Arenas y de que el mayor no habría cumplido con los protocolos para hacerlo, el alto tribunal también dejó consignadas una serie de dudas sobre la necesidad de usar gases lacrimógenos durante las manifestaciones en las que cayó muerto Brayan Niño. Para la Corte, no queda claro que la víctima hubiera realizados hechos de vandalismo o daños en el sector, lo que hace que el uso de los gases haya sido innecesario.

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Para Alejandra Garzón, abogada de DH Colombia y representante de la familia de Brayan Niño, la decisión de la Corte Constitucional represente un avance crucial para el proceso. “Esperamos que le sea imputado (al mayor Arenas) el delito de homicidio con dolo directo agravado por el estado de indefensión en el que estaba la víctima y que una vez se impute esta conducta, la Fiscalía solicite medida de aseguramiento en contra del mayor, en tanto se cumplen todos los requisitos de ley. Por la gravedad de la conducta y el peligro que representa en relación con la sociedad”.

Entrevista Marlin Niño, hermana de Brayan Niño:

Por su parte, Marlin Niño, hermana de Brayan Nino, le expresó a El Espectador que fueron tres emociones encontradas cuando se enteraron del fallo de la Corte. “Alegría, porque desde que murió mi hermano, le dije a mi familia que íbamos a hacer justicia. Que la Corte haya tomado esta decisión es algo indescriptible. Tristeza, porque no es posible que a nosotros como víctimas nos toque revictimizarnos, investigando nosotros mismos. Y miedo, por el hecho de que tememos por nuestra seguridad. Tenemos miedo de persecuciones y amenazas. A mi hermano le callaron la voz de pedir una mejor reforma tributaria. Aquí no murió una paloma, murió un joven con sueños. Un hijo. Un hermano. Un padre. Un excelente ser humano”.

Caso Brayan Niño: un año a la espera de respuestas

El conflicto de competencias llegó a la Corte Constitucional un par de semanas después de la muerte de Niño. Desde entonces y por casi un año, tanto la Fiscalía como el Juzgado 144 Penal Militar tuvieron que suspender respectivas investigaciones. Hasta ahora, el ente acusador tiene adelantada una indagación por el delito de homicidio y ha tomado testimonios de manifestantes que presenciaron el minuto a minuto de lo sucedido. Según la hipótesis de la Fiscalía, en la glorieta que da entrada a Madrid fueron contenidas manifestaciones por parte de seis uniformados en moto y la tanqueta conducida por el mayor Arenas.

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A eso de las 9:00 p.m., de la tanqueta, un proyectil de gas lacrimógeno fue disparado contra el ojo derecho de Niño. “Independientemente de la plataforma de lanzamiento, siempre se debe calcular que los disparos no caigan directamente sobre la multitud, ya que estas caen a una alta velocidad y a altas temperaturas”, allegó la Fiscalía a la Corte. Además, advirtió que, según el manual de control de multitudes de la Policía, el proyectil de ese gas “se debe utilizar hacia multitudes que se encuentren a más de 30m de distancia, nunca apuntar directamente hacia una persona y siempre apuntar a un mínimo de tres metros de distancia del objetivo”.

El impacto contra Niño fue de tal gravedad que llegó sin signos vitales al hospital Santa Matilde, con una herida difícil de describir. La Fiscalía concluyó, tras un examen preliminar, que el mayor Arenas no abusó de su función, pues la conducta no tendría relación con el servicio. Sería, en todo caso, una grave violación de derechos humanos que no puede ser conocida por la justicia militar. Todo porque, al parecer, la manifestación ya estaba dispersada al momento de la ejecución del disparo. No se agotaron otros medios de disuasión, “conforme al contexto y el grado de amenaza que representaba la protesta pacífica”. Además, el impacto fue directo, contraviniendo incluso las orientaciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

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El Espectador conoció la entrevista ante la Fiscalía de Madrid de un testigo clave en la investigación. Según explicó, una vez Niño fue impactado, “la tanqueta del Esmad se devolvió hacia donde estábamos con el muchacho en el piso y nos volvió lanzar gases. Alzaron al muchacho (civiles) y lo trasportan al respaldo de la panadería. La tanqueta pasó nuevamente disparando a los manifestantes con gases lacrimógenos”. Sobre ello, la Fiscalía agregó que “sin importar las voces de auxilio de la comunidad, que buscaban ayudar a la víctima, continuaron los disparos de gases provenientes de la tanqueta”.

El juzgado 144 de Instrucción Penal Militar, por su parte, realizó la primera jugada el 6 de mayo de 2021, ordenando la captura del mayor Arenas. A través de un comunicado, lo señaló como presunto “autor responsable del delito de homicidio”. Al día siguiente, le pidió a la Fiscalía que dejara el caso bajo su competencia, dado que, en su concepto, la muerte de la víctima se presentó en procedimiento policial y en desarrollo de intervención del Esmad. Según explicó, la llegada del escuadrón era necesaria para “controlar desmanes y apoyar al personal de la Estación de Policía, quienes estaban siendo atacados por parte de manifestantes”.

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“Para la fecha del in suceso del señor Mayor Carlos Javier Arenas, ostentaba la calidad de servidor público adscrito al escuadrón móvil antidisturbios. Se encontraba ejerciendo actividades propias de su función e inherentes al servicio de policía en materia de control de disturbios, específicamente interviniendo para dispersar a los manifestantes que de manera violenta atacaban la estación de policía El Sosiego y que atacaban a miembros del Esmad”, concluyó la jueza. En entrevista con Semana, Arenas confirmó que estaba dentro de la tanqueta. “Es lamentable desde todo el punto de vista el resultado. Lo digo como padre, yo no estoy formado y capacitado para hacer eso. Los disparos se hicieron de acuerdo a la capacitación y los reglamentos institucionales”, concluyó.

La Corte, por otro lado, escuchó las súplicas de una madre que ha tomado apoyo psicológico durante el último año, mismo tiempo en el que esperó una decisión que respondiera a su noción de justicia. Carmen Niño allegó al despacho una intervención en la que pidió dejar el caso en la Fiscalía. “Mi hijo Brayan Fernando tenía 24 años, era padre, trabajador y tenía la ilusión de seguir estudiando para garantizarnos a mí y a su hijo menor de edad, una vida mejor en este país con tan pocas posibilidades. Por eso mismo había salido a marchar, en esos momentos se desarrollaba el paro nacional y era el día internacional del trabajo”, dijo. Y cuestionó a Arenas por responder en entrevista que cuenta con “respaldo institucional”.

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Asimismo, la Corte evaluó la intervención de la organización internacional Human Rights Watch. Esta citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo el entendido de que la justicia militar debe abstenerse de conocer presuntas graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, argumentó que, bajo su consideración, la independencia no suele estar garantizada cuando las mismas autoridades militares se encargan de investigar y juzgar a sus miembros. En esa intervención, también solicitó que el caso del joven Santiago Murillo, baleado en Ibagué, se quedara en la Fiscalía. Niño y Murillo murieron el mismo día. En respectivos casos el señalado es un miembro de la Fuerza Pública.

Marlin Niño aseguró sentirse decepcionada por la responsabilidad que tenía Arenas aquel 1 de mayo, ocupando la tanqueta que llegó a El Sosiego. “Fue un mayor, una persona de alto rango. Ni siquiera un bachiller como para no saber qué era disparar. Eso es lo que más nos tiene impactados. Si eso lo hace un mayor, ¿qué va a hacer un bachiller? Le pedimos a la Fuerza Pública más preparación. Para salir a defender, hay que saber defender. Quedan vacíos bastante grandes. Mi mamá a diario lo recuerda. Lo sentimos en la casa. La felicidad no vuelve, pero en cualquier sonrisa, cualquier chiste decimos: si Brayan estuviera acá”.

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