“Muertes de detenidos en La Modelo habrían sido intencionales”, Human Rights Watch
En marzo de este año, tras un intento de motín, 24 reclusos murieron y otros 76 resultaron heridos en medio de una violenta noche de protestas en el establecimiento La Modelo de Bogotá. Tras ocho meses, un informe de la organización Human Rights Watch indica que los guardias habrían actuado con intención.
“La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”. Esta fue una de las conclusiones a las que llegaron expertos forenses, en una investigación liderada por la organización internacional Human Rights Watch, sobre la violenta noche de protestas que se vivió el pasado sábado 21 de marzo en la cárcel La Modelo de Bogotá. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, 24 internos perdieron la vida y otros 76 resultaron heridos en aquella jornada de anarquía.
En contexto: 21M: la noche de la tragedia en la cárcel La Modelo.
Con el objetivo de indagar en la causa de las muertes de los internos, Human Rights Watch contrató al Grupo de expertos forenses independientes (IFEG) y al Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (RCT) para que analizaran los 24 informes de necropsia que emitieron autoridades colombianas. La evaluación, según su experiencia, es demoledora: “Los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
De acuerdo con los médicos forenses James Lin, Duarte Nuno Viera y Morris Tidball-Blinz, 14 de los documentos de necropsia señalan que la forma de las muertes fue homicidio, es decir, que se podría hablar de una masacre dentro de La Modelo. “Además, los informes no registran cualquier signo de heridas por arma de fuego realizadas con la intención de herir únicamente a las personas en lugar de matarlos (por ejemplo, dispararle a alguien en la pierna para evitar que corra)”, agregan los expertos en su informe para Human Rights Watch.
El informe establece, también, que a partir de las necropsias no es posible determinar si alguno de los presos fue sometido a tortura o a malos tratos. Sin embargo, en algunos casos, los cuerpos mostraron contusiones no letales que habrían sido próximas al momento de la muerte, pero que no están relacionadas con heridas de arma de fuego. “Tales lesiones generalmente resultan de los intentos de detener un ataque físico de otra persona”, sostienen los médicos forenses.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, subrayó que las 24 muertes en la cárcel La Modelo tienen una alta probabilidad de haber sido intencionales y, aún así, no hay avances significativos en la investigación penal sobre el caso. “Las autoridades de la Fiscalía tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”. De acuerdo con el fiscal general Francisco Barbosa, todo fue un plan orquestado por cabecillas del Eln y las Farc.
Adhiriendo los comentarios de Francisco Barbosa, la exministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró en declaraciones en video que la noche de motines fue planeada para desestabilizar el sistema penitenciario: “Verificamos que no tenía nada que ver con coronavirus, que eso era una fachada para poder hacer un plan criminal de fuga de presos. Recibimos audios en donde nos informaban el plan establecido con fuerzas oscuras par a hacer una fuga masiva”. De acuerdo con las autoridades, las protestas no solo se presentaron en La Modelo sino también en otras 12 cárceles del país.
En contexto: El bus del Inpec que esparció el COVID-19 a tres cárceles del país.
Los videos grabados por los mismos internos, quienes tienen prohibido tener celulares dentro de los establecimientos, mostraron una jornada estremecedora. Colchones quemados que alertaron a las autoridades y a los vecinos, decenas de reclusos trepando por los muros grises de los establecimientos y guardias que, intentando mantener el orden, dispararon sus armas de fuego y lanzaron bombas aturdidoras. Los presos iniciaron con un cacerolazo, pues buscaban medidas efectivas para combatir el coronavirus, que entonces recién llegaba a Colombia. Todo se salió de control.
Para el momento en el cual se presentó la noche de motines, marzo 21 de 2020, las cárceles de Colombia presentaban un hacinamiento del 53%. De acuerdo con los alegatos de los internos, el coronavirus se preveía como una grave amenaza para unos ciudadanos que no pueden aislarse y que viven una sobrepoblación en condiciones infrahumanas, como lo ha establecido la Corte Constitucional en tres sentencias -1998,2013 y 2015-. Según datos del Instituto Nacional de Salud, a la fecha de hoy, en libertad una de cada 1.000 personas se contagia de COVID-19, sin embargo, en las cárceles la cifra se multiplica a 7,6 por cada 1.000 personas.
Human Rights Watch finaliza su informe explicando que, en agosto de este año, sus delegados se reunieron con el fiscal general Francisco Barbosa para conversar sobre las investigaciones vinculadas a las 24 muertes en la cárcel La Modelo. “Barbosa señaló que su entidad no había imputado a ninguna persona en relación con estos hechos. Sostuvo que los fiscales estaban impulsando tres líneas de investigación distintas sobre la instigación de los motines, las muertes y lesiones, y sobre si los guardias penitenciarios habían empleado fuerza excesiva”, expresó la organización. Dos meses después de esa charla, la Fiscalía aún no ha presentado imputación alguna.
“La mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar”. Esta fue una de las conclusiones a las que llegaron expertos forenses, en una investigación liderada por la organización internacional Human Rights Watch, sobre la violenta noche de protestas que se vivió el pasado sábado 21 de marzo en la cárcel La Modelo de Bogotá. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, 24 internos perdieron la vida y otros 76 resultaron heridos en aquella jornada de anarquía.
En contexto: 21M: la noche de la tragedia en la cárcel La Modelo.
Con el objetivo de indagar en la causa de las muertes de los internos, Human Rights Watch contrató al Grupo de expertos forenses independientes (IFEG) y al Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (RCT) para que analizaran los 24 informes de necropsia que emitieron autoridades colombianas. La evaluación, según su experiencia, es demoledora: “Los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
De acuerdo con los médicos forenses James Lin, Duarte Nuno Viera y Morris Tidball-Blinz, 14 de los documentos de necropsia señalan que la forma de las muertes fue homicidio, es decir, que se podría hablar de una masacre dentro de La Modelo. “Además, los informes no registran cualquier signo de heridas por arma de fuego realizadas con la intención de herir únicamente a las personas en lugar de matarlos (por ejemplo, dispararle a alguien en la pierna para evitar que corra)”, agregan los expertos en su informe para Human Rights Watch.
El informe establece, también, que a partir de las necropsias no es posible determinar si alguno de los presos fue sometido a tortura o a malos tratos. Sin embargo, en algunos casos, los cuerpos mostraron contusiones no letales que habrían sido próximas al momento de la muerte, pero que no están relacionadas con heridas de arma de fuego. “Tales lesiones generalmente resultan de los intentos de detener un ataque físico de otra persona”, sostienen los médicos forenses.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, subrayó que las 24 muertes en la cárcel La Modelo tienen una alta probabilidad de haber sido intencionales y, aún así, no hay avances significativos en la investigación penal sobre el caso. “Las autoridades de la Fiscalía tienen la obligación de adelantar investigaciones oportunas, imparciales y exhaustivas, y garantizar que los responsables por uso excesivo e injustificado de fuerza letal respondan por sus actos”. De acuerdo con el fiscal general Francisco Barbosa, todo fue un plan orquestado por cabecillas del Eln y las Farc.
Adhiriendo los comentarios de Francisco Barbosa, la exministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró en declaraciones en video que la noche de motines fue planeada para desestabilizar el sistema penitenciario: “Verificamos que no tenía nada que ver con coronavirus, que eso era una fachada para poder hacer un plan criminal de fuga de presos. Recibimos audios en donde nos informaban el plan establecido con fuerzas oscuras par a hacer una fuga masiva”. De acuerdo con las autoridades, las protestas no solo se presentaron en La Modelo sino también en otras 12 cárceles del país.
En contexto: El bus del Inpec que esparció el COVID-19 a tres cárceles del país.
Los videos grabados por los mismos internos, quienes tienen prohibido tener celulares dentro de los establecimientos, mostraron una jornada estremecedora. Colchones quemados que alertaron a las autoridades y a los vecinos, decenas de reclusos trepando por los muros grises de los establecimientos y guardias que, intentando mantener el orden, dispararon sus armas de fuego y lanzaron bombas aturdidoras. Los presos iniciaron con un cacerolazo, pues buscaban medidas efectivas para combatir el coronavirus, que entonces recién llegaba a Colombia. Todo se salió de control.
Para el momento en el cual se presentó la noche de motines, marzo 21 de 2020, las cárceles de Colombia presentaban un hacinamiento del 53%. De acuerdo con los alegatos de los internos, el coronavirus se preveía como una grave amenaza para unos ciudadanos que no pueden aislarse y que viven una sobrepoblación en condiciones infrahumanas, como lo ha establecido la Corte Constitucional en tres sentencias -1998,2013 y 2015-. Según datos del Instituto Nacional de Salud, a la fecha de hoy, en libertad una de cada 1.000 personas se contagia de COVID-19, sin embargo, en las cárceles la cifra se multiplica a 7,6 por cada 1.000 personas.
Human Rights Watch finaliza su informe explicando que, en agosto de este año, sus delegados se reunieron con el fiscal general Francisco Barbosa para conversar sobre las investigaciones vinculadas a las 24 muertes en la cárcel La Modelo. “Barbosa señaló que su entidad no había imputado a ninguna persona en relación con estos hechos. Sostuvo que los fiscales estaban impulsando tres líneas de investigación distintas sobre la instigación de los motines, las muertes y lesiones, y sobre si los guardias penitenciarios habían empleado fuerza excesiva”, expresó la organización. Dos meses después de esa charla, la Fiscalía aún no ha presentado imputación alguna.