Muertes del “9S” serán investigadas por fiscales de derechos humanos

El pasado viernes 9 de abril, en pleno día nacional de las víctimas, los abogados que representan a las víctimas fatales y heridos del caos que se desató en Bogotá el 9 de septiembre de 2020, recibieron una noticia que estaban esperando hace meses. Esa noche, tras protestas por la muerte del abogado Javier Ordoñez, que en diferentes puntos de la ciudad escalaron violentamente, uniformados de la Policía abrieron fuego contra civiles y le causaron la muerte a 13 personas. Seis meses después, las investigaciones tomarían un giro por una reciente decisión de la Fiscalía.

(En contexto: 9-S: Caso de policía investigado por dos muertes en Verbenal no irá a justicia militar)

El ente investigador notificó a los abogados que los procesos fueron reasignados a fiscales de la Dirección contra Violaciones a los Derechos Humanos. Hasta ahora, las pesquisas que llevaron a la imputación de tres policías supuestamente involucrados en las muertes de civiles, las habían llevado fiscales de la unidad de Vida. Es decir, funcionarios que investigan homicidios simples, lo que, según las organizaciones que han acompañado a las víctimas del “9S” limitaba el foco que se estaba usando para abordar el caso.

En palabras del abogado Germán Romero, de dhColombia, una de las organizaciones que representa a las víctimas de esa noche, “la solicitud para que un solo fiscal especializado, y ojalá de la dirección de derechos humanos, conociera de todas las investigaciones por las ejecuciones arbitrarias y las tentativas de homicidio ocurridas el 9 de septiembre del año pasado se hizo desde diciembre”. Si bien se tardó cuatro meses en llegar la respuesta, dijo Romero, “la vemos importante, relevante, porque un solo fiscal que tenga experiencia en crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública pueda conocer a profundidad los detalles probatorios”.

(Le puede interesar: Imputan cargos a policía investigado por homicidio en medio de protestas del 9-S)

En concreto, añadió el abogado Romero, un fiscal de derechos humanos puede “hacer un análisis transversal de lo que ocurrió ese día, en contexto, y no investigaciones aisladas de fiscales que no tenían la posibilidad de confluir en sus análisis con sus pares”. Algo muy diferente a lo que estaba ocurriendo hasta ahora: que se vinculó a procesos penales a tres patrulleros cuyas armas asignadas se vincularon directamente con las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas, y terminaron imputándoles homicidio.

Para el defensor, un análisis que tenga en cuenta el contexto y los patrones de las muertes abre la puerta a que se aborden dos líneas de investigación. Por un lado, “la unificación del mando que hubo esa noche del 9 de septiembre en Bogotá por parte de la Policía Metropolitana, como desde la dirección de la Policía y el Gobierno Nacional, que permitieron y determinaron que ocurriera la masacre”. Y, por otro, “permitiría que se inicien las investigaciones contra los mandos que tuvieron control y dirección de los operativos ese 9 de septiembre”.

(Lea también: Primeras pistas sobre el horror del “9S”)

Hasta ahora, han sido formalmente vinculados a una investigación solamente los policías John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso y Andrés Díaz Mercado, quienes serían los responsables de cuatro muertes en diferentes puntos de la capital del país. Aunque Gutiérrez y Díaz intentaron que sus procesos fueran enviados a la justicia penal militar, esa petición fue negada y los procesos en su contra continúan en manos de la Fiscalía. Son precisamente estos tres radicados los que el ente investigador trasladó a la dirección de Derechos Humanos.

De acuerdo con cifras oficiales, en la noche del “9S” y los días posteriores a la muerte de Javier Ordóñez, murieron 13 personas y más de 400 resultaron heridas. Asimismo, se calcula que 12.000 personas participaron en un total de 112 disturbios. Fueron vandalizados 38 Centros de Atención Inmediata (CAI) y otros 37 fueron incinerados. Alrededor de 300 policías resultaron lesionados. Así mismo, las autoridades capturaron a 134 personas e impusieron más de 600 comparendos.

“Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió”, dijo la alcaldesa Claudia López, en su momento, a través de su cuenta de Twitter. Así mismo, ese mes, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que buscaba frenar los casos de abuso policial en manifestaciones, pues, de acuerdo con el documento, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria. Se ordenó constantes capacitaciones y la prohibición de escopetas calibre 12.

El pasado viernes 9 de abril, en pleno día nacional de las víctimas, los abogados que representan a las víctimas fatales y heridos del caos que se desató en Bogotá el 9 de septiembre de 2020, recibieron una noticia que estaban esperando hace meses. Esa noche, tras protestas por la muerte del abogado Javier Ordoñez, que en diferentes puntos de la ciudad escalaron violentamente, uniformados de la Policía abrieron fuego contra civiles y le causaron la muerte a 13 personas. Seis meses después, las investigaciones tomarían un giro por una reciente decisión de la Fiscalía.

(En contexto: 9-S: Caso de policía investigado por dos muertes en Verbenal no irá a justicia militar)

El ente investigador notificó a los abogados que los procesos fueron reasignados a fiscales de la Dirección contra Violaciones a los Derechos Humanos. Hasta ahora, las pesquisas que llevaron a la imputación de tres policías supuestamente involucrados en las muertes de civiles, las habían llevado fiscales de la unidad de Vida. Es decir, funcionarios que investigan homicidios simples, lo que, según las organizaciones que han acompañado a las víctimas del “9S” limitaba el foco que se estaba usando para abordar el caso.

En palabras del abogado Germán Romero, de dhColombia, una de las organizaciones que representa a las víctimas de esa noche, “la solicitud para que un solo fiscal especializado, y ojalá de la dirección de derechos humanos, conociera de todas las investigaciones por las ejecuciones arbitrarias y las tentativas de homicidio ocurridas el 9 de septiembre del año pasado se hizo desde diciembre”. Si bien se tardó cuatro meses en llegar la respuesta, dijo Romero, “la vemos importante, relevante, porque un solo fiscal que tenga experiencia en crímenes cometidos por agentes de la Fuerza Pública pueda conocer a profundidad los detalles probatorios”.

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En concreto, añadió el abogado Romero, un fiscal de derechos humanos puede “hacer un análisis transversal de lo que ocurrió ese día, en contexto, y no investigaciones aisladas de fiscales que no tenían la posibilidad de confluir en sus análisis con sus pares”. Algo muy diferente a lo que estaba ocurriendo hasta ahora: que se vinculó a procesos penales a tres patrulleros cuyas armas asignadas se vincularon directamente con las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas, y terminaron imputándoles homicidio.

Para el defensor, un análisis que tenga en cuenta el contexto y los patrones de las muertes abre la puerta a que se aborden dos líneas de investigación. Por un lado, “la unificación del mando que hubo esa noche del 9 de septiembre en Bogotá por parte de la Policía Metropolitana, como desde la dirección de la Policía y el Gobierno Nacional, que permitieron y determinaron que ocurriera la masacre”. Y, por otro, “permitiría que se inicien las investigaciones contra los mandos que tuvieron control y dirección de los operativos ese 9 de septiembre”.

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Hasta ahora, han sido formalmente vinculados a una investigación solamente los policías John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso y Andrés Díaz Mercado, quienes serían los responsables de cuatro muertes en diferentes puntos de la capital del país. Aunque Gutiérrez y Díaz intentaron que sus procesos fueran enviados a la justicia penal militar, esa petición fue negada y los procesos en su contra continúan en manos de la Fiscalía. Son precisamente estos tres radicados los que el ente investigador trasladó a la dirección de Derechos Humanos.

De acuerdo con cifras oficiales, en la noche del “9S” y los días posteriores a la muerte de Javier Ordóñez, murieron 13 personas y más de 400 resultaron heridas. Asimismo, se calcula que 12.000 personas participaron en un total de 112 disturbios. Fueron vandalizados 38 Centros de Atención Inmediata (CAI) y otros 37 fueron incinerados. Alrededor de 300 policías resultaron lesionados. Así mismo, las autoridades capturaron a 134 personas e impusieron más de 600 comparendos.

“Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió”, dijo la alcaldesa Claudia López, en su momento, a través de su cuenta de Twitter. Así mismo, ese mes, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia que buscaba frenar los casos de abuso policial en manifestaciones, pues, de acuerdo con el documento, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria. Se ordenó constantes capacitaciones y la prohibición de escopetas calibre 12.