Ligia Cecilia Domínguez fue víctima de reclutamiento forzado por el ELN cuando tenía 14 años. Esperando huir de esa guerrilla, buscó ayuda en el Batallón del Ejército de Saravena, Arauca, donde sufrió un abuso sexual por parte de dos soldados. Cuando el hecho llegó a oídos de altos mandos, un sargento le dio a Ligia dos opciones: regresar a su pueblo o firmar un documento en el que aseguraba haber recibido un buen trato de las tropas. Manipulada, asegura, Ligia firmó la carta y fue trasladada a un hogar de paso en Bogotá por orden del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Ahora, 22 años después, solicitó ser acreditada como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el macrocaso 11, que investiga la violencia sexual durante el conflicto.
Este 19 de junio, durante la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados, y parada frente a un auditorio repleto en el Museo Nacional de Bogotá, Ligia, junto a otras cuatro personas, prestó su voz para narrar el testimonio de una de las muchas víctimas de violencia sexual. Esta recopilación de relatos fue realizada por el grupo Las Troyanas, creado por estudiantes de filosofía y literatura de la Universidad de La Salle, con el fin de apoyar el trabajo de la organización Red de Mujeres Víctimas y Profesionales. “Esta no es mi historia, pero nos representa a todas. Yo también fui niña, también tuve amigos y fui al colegio. Así pasa con todos los que hemos sido víctimas del conflicto armado, sean del común, civiles, o uno que fue participante”, relata Ligia.
Durante el evento, a la voz de Ligia se sumó la de Ángela María Escobar, directora de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, quien solicitó ante los magistrados de la JEP, Óscar Parra y Julieta Lemaitre, ambos pertenecientes a la Sala Reconocimiento de Verdad, la acreditación de 914 víctimas en el macrocaso 11. El reclutamiento forzado que sufrió Ligia por parte del ELN quedó por fuera de las pesquisas de esa instancia de justicia transicional, pues su competencia aplica únicamente para investigar y juzgar a miembros de la extinta guerrilla de las FARC e integrantes de la fuerza pública. Sin embargo, la JEP sí le pondrá la lupa al abuso que sufrió por parte de uniformados en Arauca.
Aunque el macrocaso 11 fue el último que se abrió desde la JEP, más precisamente el 27 de septiembre de 2023, la Sala de Definiciones Jurídicas, luego de analizar el caso y determinar los aportes de verdad y reconocimiento de responsabilidad de los uniformados, podría imponer las sanciones en contra de sus agresores que serían de hasta ocho años en el componente restaurativo. Sin embargo, el camino es largo, pues la JEP aún no ha establecido las fechas para las primeras sentencias. Además, detalla Ligia, al firmar el documento que le pidieron en el Batallón de Saravena, nunca pudo interponer una denuncia formal y el nombre de los uniformados que abusaron de ella sigue sin conocerse. “Es difícil, pero estoy haciendo el deber de confiar en la JEP”, añadió Ligia.
En diálogo con este diario, Ligia asegura que no solo se siente víctima de violencia sexual, sino también de reclutamiento. De hecho, señala haber pasado por diferentes hogares de paso, en los que conoció excombatientes que atravesaban situaciones similares. Así nació el proyecto Hitos de Paz, fundado por ella y otras víctimas —que conoció en los hogares de paso—, quienes en 2020 la llamaron para proponerle crear un grupo que reuniera diversos testimonios que fueran acreditados ante la JEP como víctimas de ese crimen. No obstante, el caso de Ligia no prosperó ante la Jurisdicción, pues el reclutamiento del cual fue víctima estuvo orquestado por el ELN. “Es algo fuerte para uno que le digan que si usted no estuvo en la guerrilla, entonces no vivió o no le dolió el conflicto”, precisa.
Ante la negativa de la JEP para investigar su caso de reclutamiento, Ligia se ha dedicado a ampliar las voces de las víctimas de ese flagelo a través del proyecto que aún lidera. No se ha quedado atrás, pues, en compañía de quienes conforman Hitos de Paz, han buscado capacitarse para dar conferencias y llevar una denuncia colectiva en favor de todos los jóvenes que durante el conflicto fueron reclutados de manera forzada. “Que nos escuchen porque siempre es bonito participar en estos eventos, que nos tengan en cuenta, pero más bonito sería poder hablar del reclutamiento forzado”, anota Ligia. De hecho, las denuncias sobre este crimen siguen latentes desde Hitos de Paz, pues han mencionado en repetidas ocasiones que el reclutamiento sigue presente en el campo colombiano.
Pese a que el reconocimiento del reclutamiento para Ligia es fundamental, no ha dejado a un lado su preocupación por las víctimas de violencia sexual. Para ella, el proceso de reparación de las mujeres que sufrieron este tipo de agresiones durante la guerra debe ir acompañado de cambios sociales, como derribar la normalización de la violencia de género. “La mayoría de las mujeres que están acá tienen parejas que las maltratan diariamente, entonces eso ya está bueno”. Testimonios como los de Ligia demuestran que, antes de un suceso de abuso sexual, existen factores de riesgo, como en su caso huir del reclutamiento forzado, que, asegura, deben ser tenidos en cuenta para las garantías de no repetición.
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