Mujeres trans, víctimas de biopolímeros, un problema de salud pública sin cifras

El primer síntoma fue la perdida de cabello. Pasó de tenerlo largo y lacio a utilizar un turbante para cubrir los estragos de los biopolímeros. Después vinieron los moretones y los dolores intensos que solo pudo calmar con el medicamento Tramadol. Finalmente, una celulitis infecciosa la llevó a una EPS, con revictimización constante por haberse inyectado 16 litros de silicona líquida en sus glúteos y piernas. Así resume su historia Darla Gónzalez, una mujer trans de Pasto Nariño (Nariño), quien pasó de los efectos mortíferos por el uso de sustancias artesanales y la falta de atención en salud, a los pasillos judiciales a defender sus derechos. Darla fue la primera mujer trans que llevó su controversia hasta la Corte Suprema de Justicia y, a través de una contundente sentencia, quedó en evidencia la falla sistemática del Estado para enfrentar este problema de salud pública.

El primer síntoma fue la perdida de cabello. Pasó de tenerlo largo y lacio a utilizar un turbante para cubrir los estragos de los biopolímeros. Después vinieron los moretones y los dolores intensos que solo pudo calmar con el medicamento Tramadol. Finalmente, una celulitis infecciosa la llevó a una EPS, con revictimización constante por haberse inyectado 16 litros de silicona líquida en sus glúteos y piernas. Así resume su historia Darla Gónzalez, una mujer trans de Pasto Nariño (Nariño), quien pasó de los efectos mortíferos por el uso de sustancias artesanales y la falta de atención en salud, a los pasillos judiciales a defender sus derechos. Darla fue la primera mujer trans que llevó su controversia hasta la Corte Suprema de Justicia y, a través de una contundente sentencia, quedó en evidencia la falla sistemática del Estado para enfrentar este problema de salud pública.

En abril de 2024, el alto tribunal aportó el precedente jurídico que en adelante se convirtió en la hoja de ruta para las mujeres trans que aún no resuelven sus dilemas de salud por las afectaciones de los biopolímeros. Durante diez años Darla tuvo que cubrir sus gastos y acudir a clínicas privadas con costos superiores a los $60.000.000 millones. En 2023, la ley 2316 ordenó que los regímenes contributivos y subsidiados deben brindar “diagnóstico, tratamientos, rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas”. Pero en el caso de Darla González fue una obligación que no se cumplió, pues el mismo año en que fue sancionada la Ley de Biopolimeros, un juez de primera instancia dispuso que, pese al amparo en salud a través de la EPS Sanitas, su caso particular no debía incluir una atención integral.

Lo invitamos a leer la primera entrega de este reportaje: El biopolímero que consume sus vidas, pero les permitió ser mujeres

Darla González no se rindió y llevó su caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que le dio un plazo de 30 días a Sanitas para iniciar el proceso de rehabilitación médica. El alto tribunal recordó que las IPS y EPS tienen la obligación de garantizar el derecho en salud de todos los afectados, y ese deber incluye también la asistencia médica por el uso de sustancias modelantes. Desde que la ley se expidió los avances de protección son mínimos y el caso concreto de Darla González lo demuestra. En 2021, cuando ella inició su batalla jurídica a través de un derecho de petición a la EPS Comfamiliar de Nariño, —un año después liquidada por una deuda superior a $177.700 millones—, Sanitas, la entidad que recibió su caso ni siquiera le permitió identificarse como mujer trans. El derecho de petición que radicó para iniciar su pelea lo tuvo que firmar como si fuese un hombre.

Aunque el DANE comenzó a hacer censos poblaciones de la población LGBTIQ+ desde 2020, en el sistema de Salud no se registran aún muchos avances en esta caracterización. En el caso particular de Sanitas, solo se sabe que entre agosto de 2023 y abril de 2024 se dieron 139.522 reclamos, 84.019 de ellos interpuestos por mujeres, pero sin claridad respecto a si alguna de ellas hace parte de la población trans. Un total de 9.710 de esos reclamos siguen pendientes de fallo judicial. Entre tanto proliferan los reclamos ante juzgados y tribunales. En el caso de Darla, ella es beneficiaria de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que además obligó a la EPS, en un tiempo máximo de tres meses, a cubrir gastos de viáticos (estadía, alimentación, pasajes) para que pueda ser atendida en ciudades distintas a Pasto, en caso de que falten especialistas para su tratamiento.

La sentencia reconoció que Darla es una mujer trans que no cuenta con capacidades económicas para cubrir los gastos que requiere este tipo de tratamientos. Un resaltado que constituyó un espaldarazo jurídico a otras pacientes en las mismas condiciones de marginalidad. Muchas de ellas en el barrio Santa Fe (Bogotá), donde pasan sus días ejerciendo el trabajo sexual con hambre y viven en alquileres diarios de $50.000. Un panorama desolador que, en palabras del ex superintendente de salud, Juan Carlos Leal, no se solucionaron porque no quedó ni siquiera un protocolo sobre cómo implementar la Ley de Biopolímeros, ni cómo garantizar los derechos de la población LGBTIQ+. Desde décadas atrás su protección ha sido posible a través de fallos de la Corte Constitucional, lo demás son supuestos y expectativas de protección.

En 2023 Darla González conformó la primera Red de Víctimas de Biopolímeros en Colombia. Recolectó información para demostrar las vulneraciones a los derechos en salud de este tipo de pacientes y, en junio de 2024, su insistencia recibió respuesta en la Corte Constitucional, que garantizó su derecho a la salud y a una vida digna. La sentencia evidenció que las EPS Sura, Compensar, Coosalud y Salud Total S.A., negaron tratamientos a seis mujeres con complicaciones por el uso de las sustancias descritas. Les fue negada la atención bajo la excusa de que las cirugías estéticas no estaban incluidas en el PBS, pese a que ya existía la ley. El alto tribunal instó a las EPS a no inventarse barreras para eludir sus deberes de prestación en salud.

Más allá de su caso, la decisión judicial constató que otras mujeres trans en el país viven dilemas similares. Según su información, más de 300 pacientes han interpuesto tutelas a las EPS por no ser garantes de los derechos a la salud. Sin embargo, la Supersalud carece de una caracterización. La EPS Sura, por ejemplo, cuenta con 124.638 quejas interpuestas por hombres y mujeres, pero a la fecha no hay una caracterización de la población LGBTIQ+. Igual sucede con la Nueva EPS, que tiene 203.496 quejas y Compensar con 59.282. Según la Supersalud, en la actualidad existe una página web para que los usuarios registren sus peticiones. Sin embargo, no existe información que permita establecer que personas con efectos por cirugías artesanales necesitan prioridad.

(Vea aquí la segunda entrega de este reportaje: Los relatos de mujeres trans víctimas de biopolímeros)

La implementación de la ley no es labor directa de la Supersalud. La norma, en cambio, obliga al Ministerio de Salud, a través del INVIMA, a expedir un listado con las sustancias modelantes permitidas. Sin embargo, aún no se sabe cuáles sustancias estéticas están permitidas para ser usadas en el cuerpo humano. Este diario acudió a varios establecimientos de la Calle 13 (Bogotá), para establecer cuál era el protocolo de venta de los productos que suelen inyectarse las mujeres trans y primero constató que la compra y distribución es libre. En ninguno de los negocios preguntaron para qué era la parafina, la silicona o el cemento óseo. Sin embargo, en uno de los negocios la vendedora se atrevió a comentar: “si se van a inyectar silicona necesitan utilizar una aguja de ganado”.

Norma Hurtado, senadora y autora de la ley, aseguró que, a pesar de que la norma crea el tipo penal de las lesiones personales por la aplicación de sustancias modelantes no permitidas, a la fecha no se han registrado capturas de personas que realicen estas prácticas. Se han recibido denuncias de lugares donde se desarrollan procedimientos con sustancias ilegales, pero no hay reportes concretos de las autoridades judiciales o de la Policía. “Es un problema silencioso al que nadie le ha puesto la atención que merece”, agrega Darla. El Ministerio de Salud debía publicar los mecanismos de consulta, así como el listado de instituciones y profesionales habilitados para la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. Pero a la fecha esas medidas brillan por su ausencia.

A su vez, la Secretaria de Salud de Bogotá informó a este diario que tiene programada una auditoria para verificar la atención en salud que brindan las EPS, pero no existe una fecha para realizarla. “La falta de reglamentación por parte del Minsalud para que las entidades territoriales y demás actores del sistema actúen en la misma línea, constituye una de las grandes barreras para regular la ley de biopolímeros”, admite la entidad. La Red de Víctimas de Biopolímeros ha propiciado tres encuentros con instituciones para conocer las medidas de implementación de la ley. La ausencia de Minsalud y Supersalud ha sido notoria. Jonathan Espinosa, delegado de PQR de la Supersalud, aseguró no tener conocimiento de esta mesa de articulación, aunque referenció la emisión de una Círcular Trans.

El documento fue lanzado en septiembre de 2024 y obliga a las entidades de salud territoriales a brindar y garantizar los servicios especificados en la ley. Sin embargo, la realidad es más compleja que la circular y desborda los alcances de la normativa. Pese a que no hay cifras, la Liga de Salud Trans manifiesta que en 2024 se han registrado más de 100 mujeres muertas. La Liga, junto a otros colectivos LGBTIQ+, radicó el 31 de julio en el Congreso el proyecto de Ley Integral Trans Ya, una iniciativa legislativa para mejorar la calidad de vida de las personas con identidades diversas. Un proyecto que busca, entre otras cosas, que las mujeres trans puedan acceder a tratamientos de afirmación de género hormonales, y de esta manera prescindan de la inyección de biopolímeros.

(Ve aquí una galería de fotografías de las víctimas de los biopolímeros: GALERÍA: Que la TRANSición no les cueste la vida)

Las afectaciones son silenciosas. En casos como el de Darla, las consecuencias de la silicona inyectada fueron visibles solo diez años después. Desde que buscó ayuda médica, han sido años de critica a su condición de mujer trans que voluntariamente acudió a procedimientos artesanales para reafirmar su identidad de género. El fallo de la Corte Suprema que protegió sus derechos tuvo enfoque de género, pero tanto Darla como las demás mujeres trans que compartieron sus testimonios para este reportaje, saben que continúan las dificultades desde la solicitud de una cita hasta la negación de atenderlas por su identidad de género. En la EPS Capital Salud, institución que hace parte del régimen subsidiado y brinda atención a poblaciones vulnerables, actualmente hay 368 afiliados que se autoidentifican como trans, con 24 tutelas interpuestas por malos procedimientos.

Las cifras no revelan la extrema realidad social de las personas trans y probablemente la principal razón obedezca a falta de educación y a los prejuicios que prevalecen en muchas instituciones de salud. Muchas de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la zona de tolerancia del Santa Fe no tienen siquiera estudios de bachillerato. Han modificado sus cuerpos para reafirmar una identidad que la salud les ha negado. Solo disponen de una sentencia judicial para defender sus derechos y una ley que todavía no demuestra en la práctica que el Estado esté dispuesto a asumir sus responsabilidades en la regulación de los derechos de la comunidad trans. Al menos Darla González ya sabe cuál es la ruta que debe seguir transitando para no declinar en la pelea.

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