“Muñecas de la mafia”: FLIP rechaza señalamientos de Petro a las periodistas
El 30 de agosto el presidente Gustavo Petro se refirió a las periodistas como “muñecas de la mafia” durante la ceremonia de posesión de la primera mujer Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en Nuquí (Chocó). La FLIP rechazó estas declaraciones al ser conductas que generalizan, estigmatizan y perpetúan los estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien el pasado 30 de agosto, se refirió a algunas periodistas del país como “muñecas de la mafia”, durante la ceremonia de posesión de la primera mujer Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en Nuquí (Chocó). Luego, en su cuenta en X, Petro afirmo que: “cuando hablo de periodistas del establecimiento, me refiero a quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino a quienes trabajan para poderes oscuros”. La FLIP consideró que calificar a las periodistas como “muñecas de la mafia” y asegurar que están al servicio de “poderes oscuros” son conductas que generalizan, estigmatizan y perpetúan los estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas.
Desde el pronunciamiento de este discurso “se han publicado múltiples mensajes en redes sociales que hacen eco de las palabras del presidente, para emitir contenidos violentos o que reproducen estereotipos de género contra las mujeres periodistas. En ocasiones, usan hashtags como #MuñecasDeLaMafia”, declaró la FLIP, que entre 2023 y 2024, ha documentado 171 casos de agresiones contra periodistas, de las cuales 43 han sido amenazas. La Fundación evidencia que hay un fenómeno de acoso digital que afecta especialmente a las comunicadoras.
Lea también: Corte Constitucional pide protección a periodistas por ataques en redes sociales
Ese tipo de apelativos por parte de una autoridad política fueron las que obligaron a la Corte Constitucional a tomar cartas en el asunto en mayo de 2023, cuando emitió una sentencia de tutela para proteger a las mujeres periodistas de ataques en redes sociales. Tal fue la desprotección evidenciada por la alta corte, que le pidió a los partidos y movimientos políticos que adopten en sus códigos de ética directrices para sancionar hechos o incitación a la violencia en línea, y ordena al Gobierno nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) presentar un proyecto de ley para la regulación de la violencia digital.
El 6 de octubre de 2020 las periodistas Vicky Dávila, Camila Zuluaga, Lina María Peña, Lariza Pizano, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Guristatti, Máryuri Trujillo y Cecilia Orozco, presentaron una tutela debido a los diferentes ataques en línea de naturaleza misógina y de contenido sexualizado, que buscaban, en concepto de las comunicadoras, infantilizar su oficio y censurarlas.
Las denuncias de las periodistas
La sentencia tuvo en cuenta varios hechos para evidenciar el patrón de violencia contra las periodistas, y demostrar que los ataques en redes tienen origen en la acción de actores y grupos políticos. Uno de estos fue la publicación de un video de la llegada de Gustavo Petro y Carlos Caicedo (gobernador del Magdalena) a un evento en ese departamento, por la periodista Vicky Dávila. “A Gustavo Petro y a Carlos Caicedo los recibieron con huevos en Ciénaga-Magdalena”, decía el trino, el cual Petro respondió: “No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de un caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana”.
El tweet de respuesta del presidente alcanzó casi 10.000 interacciones en la red social, “con el cual pretendió desacreditar la labor periodística por razones ajenas a su ejercicio profesional, manipulando los vínculos familiares”, indica la sentencia. A partir de la publicación del jefe de Estado, se generaron hashtags como #VickyNueraParaca; varias repuestas mencionaron su condición de madre. También se promovió un movimiento para bloquear de manera masiva a la periodista, además, se sumó el gobernador Caicedo respondió a la periodista que “su parcialidad con los clanes del Magdalena no la haga perder el equilibrio y la precisión, esta no es la noticia”.
Otro caso fue el de la periodista María Jimena Duzán, quien había realizado el 5 de septiembre de 2020 una columna de opinión titulada “Uribe, el fascista”. Duzán habló en la columna sobre la campaña de desprestigio del partido Centro Democrático y del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe en contra de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados, en razón del proceso judicial en contra del expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal, que hoy lo tiene en juicio. Luego de esta publicación, la periodista denunció que fue víctima de diversas agresiones, amenazas y estigmatización a su trabajo periodístico, y en la cadena de respuestas de este tweet se pudieron ver varios mensajes con un lenguaje estigmatizante y misógino.
Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se refirió en estos términos a una recomendación de Valeria Santos a la columna de Duzán: “La empleada de Odebrecht, defensora de los ‘guardabosques’ que siembran minas —no árboles—, recomienda leer periodismo de odio. Qué falta les hacen los viajes a mundiales con la plata de las coimas”.
La Corte Constitucional consideró conveniente avanzar en la protección y emitir una serie de órdenes que protejan a las periodistas mientras se adopta la legislación correspondiente. Para lograr esto, en primer lugar, ordenará a los Ministerios de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que inicien las gestiones correspondientes para presentar un proyecto de ley dirigido a la regulación de los ecosistemas digitales para prevenir la violencia contra las comunicadoras del país.
El reconocimiento de la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres y en particular de las mujeres periodistas, es uno de los parámetros exigidos por la corte. También, la implementación de las herramientas investigativas que permitan a las mujeres víctimas denunciar los hechos de violencia, de manera que exista claridad sobre los mecanismos de protección y las etapas del proceso. Asimismo, la inclusión de las autoridades y particulares que tienen la obligación de atender casos de violencia y/o discriminación contra las mujeres por motivos de género, en este caso, la violencia digital o en línea.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien el pasado 30 de agosto, se refirió a algunas periodistas del país como “muñecas de la mafia”, durante la ceremonia de posesión de la primera mujer Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en Nuquí (Chocó). Luego, en su cuenta en X, Petro afirmo que: “cuando hablo de periodistas del establecimiento, me refiero a quienes no están al servicio de la ciudadanía, sino a quienes trabajan para poderes oscuros”. La FLIP consideró que calificar a las periodistas como “muñecas de la mafia” y asegurar que están al servicio de “poderes oscuros” son conductas que generalizan, estigmatizan y perpetúan los estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas.
Desde el pronunciamiento de este discurso “se han publicado múltiples mensajes en redes sociales que hacen eco de las palabras del presidente, para emitir contenidos violentos o que reproducen estereotipos de género contra las mujeres periodistas. En ocasiones, usan hashtags como #MuñecasDeLaMafia”, declaró la FLIP, que entre 2023 y 2024, ha documentado 171 casos de agresiones contra periodistas, de las cuales 43 han sido amenazas. La Fundación evidencia que hay un fenómeno de acoso digital que afecta especialmente a las comunicadoras.
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Ese tipo de apelativos por parte de una autoridad política fueron las que obligaron a la Corte Constitucional a tomar cartas en el asunto en mayo de 2023, cuando emitió una sentencia de tutela para proteger a las mujeres periodistas de ataques en redes sociales. Tal fue la desprotección evidenciada por la alta corte, que le pidió a los partidos y movimientos políticos que adopten en sus códigos de ética directrices para sancionar hechos o incitación a la violencia en línea, y ordena al Gobierno nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) presentar un proyecto de ley para la regulación de la violencia digital.
El 6 de octubre de 2020 las periodistas Vicky Dávila, Camila Zuluaga, Lina María Peña, Lariza Pizano, Andrea Dávila Claro, María Jimena Duzán, Claudia Guristatti, Máryuri Trujillo y Cecilia Orozco, presentaron una tutela debido a los diferentes ataques en línea de naturaleza misógina y de contenido sexualizado, que buscaban, en concepto de las comunicadoras, infantilizar su oficio y censurarlas.
Las denuncias de las periodistas
La sentencia tuvo en cuenta varios hechos para evidenciar el patrón de violencia contra las periodistas, y demostrar que los ataques en redes tienen origen en la acción de actores y grupos políticos. Uno de estos fue la publicación de un video de la llegada de Gustavo Petro y Carlos Caicedo (gobernador del Magdalena) a un evento en ese departamento, por la periodista Vicky Dávila. “A Gustavo Petro y a Carlos Caicedo los recibieron con huevos en Ciénaga-Magdalena”, decía el trino, el cual Petro respondió: “No Vicky, sé el daño que quisieran hacer tus palabras, pero la noticia no es así, en medio de un caluroso recibimiento, un grupo pagado por el clan Cotes aliado al clan Gnecco trato violentamente de sabotear la manifestación de Colombia Humana”.
El tweet de respuesta del presidente alcanzó casi 10.000 interacciones en la red social, “con el cual pretendió desacreditar la labor periodística por razones ajenas a su ejercicio profesional, manipulando los vínculos familiares”, indica la sentencia. A partir de la publicación del jefe de Estado, se generaron hashtags como #VickyNueraParaca; varias repuestas mencionaron su condición de madre. También se promovió un movimiento para bloquear de manera masiva a la periodista, además, se sumó el gobernador Caicedo respondió a la periodista que “su parcialidad con los clanes del Magdalena no la haga perder el equilibrio y la precisión, esta no es la noticia”.
Otro caso fue el de la periodista María Jimena Duzán, quien había realizado el 5 de septiembre de 2020 una columna de opinión titulada “Uribe, el fascista”. Duzán habló en la columna sobre la campaña de desprestigio del partido Centro Democrático y del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe en contra de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados, en razón del proceso judicial en contra del expresidente por manipulación de testigos y fraude procesal, que hoy lo tiene en juicio. Luego de esta publicación, la periodista denunció que fue víctima de diversas agresiones, amenazas y estigmatización a su trabajo periodístico, y en la cadena de respuestas de este tweet se pudieron ver varios mensajes con un lenguaje estigmatizante y misógino.
Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se refirió en estos términos a una recomendación de Valeria Santos a la columna de Duzán: “La empleada de Odebrecht, defensora de los ‘guardabosques’ que siembran minas —no árboles—, recomienda leer periodismo de odio. Qué falta les hacen los viajes a mundiales con la plata de las coimas”.
La Corte Constitucional consideró conveniente avanzar en la protección y emitir una serie de órdenes que protejan a las periodistas mientras se adopta la legislación correspondiente. Para lograr esto, en primer lugar, ordenará a los Ministerios de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que inicien las gestiones correspondientes para presentar un proyecto de ley dirigido a la regulación de los ecosistemas digitales para prevenir la violencia contra las comunicadoras del país.
El reconocimiento de la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres y en particular de las mujeres periodistas, es uno de los parámetros exigidos por la corte. También, la implementación de las herramientas investigativas que permitan a las mujeres víctimas denunciar los hechos de violencia, de manera que exista claridad sobre los mecanismos de protección y las etapas del proceso. Asimismo, la inclusión de las autoridades y particulares que tienen la obligación de atender casos de violencia y/o discriminación contra las mujeres por motivos de género, en este caso, la violencia digital o en línea.
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