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Musa Besaile será condenado por “parapolítica”. El exsenador, quien en el pasado representó las banderas del Partido de la U, aceptó cargos ante la Corte Suprema de Justicia y pronto conocerá el tiempo que pasará en prisión. La teoría del caso establece que negoció con paramilitares de la talla de Salvatore Mancuso para hacer campaña a la Cámara de Representantes, entre 2001 y 2002. Ahora, después de aceptar cargos, se encuentra a la espera de la lectura de su condena.
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Al exsenador se le imputó el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. Esto, por haber participado en una alianza paramilitar junto con el Bloque Córdoba de las autodefensas, dirigido por Salvatore Mancuso. Específicamente, por haber recibido apoyo de los paramilitares para llegar al Congreso, para esto llegó al punto de entregar dos secretarías departamentales de Córdoba a personas cercanas al excomandante paramilitar.
Este proceso contra Besaile reposaba en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el 2019, cuando el exsenador se sometió al tribunal de paz. Dos años después, la Sección de Apelación de la JEP decidió devolver el expediente a la Corte Suprema de Justicia debido a que Besaile no hizo aportes relevantes, y sus versiones denotaban “falta de seriedad y compromiso”. La jurisdicción consideró que Besaile incumplió con el régimen de condicionalidad que suscribió cuando se sometió a la JEP.
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“En específico, el procesado habría asistido a varias reuniones hacia los años 2000 y 2001, así como la campaña al Congreso del año 2002, en desarrollo de las cuales, se habría concertado con el grupo paramilitar de manera precisa con el comandante del bloque Córdoba, Mancuso Gómez y Cobos Téllez, alias Diego Vecino, con el fin de acordar las coaliciones políticas que le permitieran acceder al Congreso”, aseguró el fallo de la Corte Suprema.
Como lo contó este medio, el reconocido abogado de Besaile, Víctor Mosquera, quien ha defendido a personalidades como el exministro Andrés Felipe Arias, el expresidente Álvaro Uribe, y el empresario condenado Carlos Mattos, acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU a denunciar que la Corte Suprema investigó a su cliente sin tener competencia, que ordenó su detención en 2017 sin que se hubiera condenado por esos hechos y que llevan 14 años en medio del proceso sin definir la situación jurídica de Besaile Fayad.
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Sobre esto, el magistrado de la Corte Suprema, César Reyes, le envió un documento a la Cancillería en respuesta a las denuncias de Mosquera. El magistrado afirmó que el abogado intentó inducir en error al Comité de la ONU al presentar a Musa Besaile como una víctima en estado de indefensión jurídica, cuando en realidad, según la misiva, se le han dado todas las garantías procesales y no ha habido ninguna dilación injustificada. “Una vez abierta la instrucción, la defensa pudo tener acceso a la actuación y ejercer a plenitud su derecho de defensa”, afirmó el magistrado.
Finalmente, la Sala logró afirmar que “los elementos probatorios aludidos dan cuenta del alto nivel de injerencia e influencia del cabecilla del Bloque Córdoba (Mancuso) en los asuntos públicos del departamento de Córdoba, conforme al cual los actores políticos, regionales y nacionales, incluyendo a Besaile como representante a la Cámara, clamaban (casi mendigaban) por su neutralidad o imparcialidad frente a los certámenes electorales y, él, a cambio de su supuesta ecuanimidad, recibía cuotas burocráticas ungiendo a sus alfiles, comodines, mandaderos o correveidiles de turno”.
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