Naciones Unidas y Unidad de Búsqueda piden garantías para prevenir la desaparición

Graffiti "Desaparecidos ¿Dónde están?", frente a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y el Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos se unieron, en un comunicado, para solicitarle al Estado garantías para la prevención y protección de las personas frente a la desaparición, en el contexto de Paro Nacional que ya va a cumplir un mes. Solicitan el urgente registro de las personas privadas de la libertad por la Policía Nacional.

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“El Estado colombiano ha realizado importantes acciones para brindar respuesta a las alegaciones sobre desapariciones ocurridas en el marco de las protestas pacíficas, que comenzaron el pasado 28 de abril. No obstante, y en consideración al contexto actual, recomendamos que se refuercen las medidas adoptadas hasta ahora con el fin de consolidad un registro unificado de las privaciones de la libertad, que contribuya al universo de personas sobre las que se alega su desaparición”, explicaron.

Además, ambas instituciones solicitan que se inicie la búsqueda y localización de manera inmediata de las personas que habrían desaparecido durante las jornadas de protestas. De acuerdo con el último informe de la Fiscalía, a corte de hoy 24 de mayo, a través de un trabajo conjunto con la Defensoría han sido encontradas 290 personas desde el pasado 28 de abril, pero se mantiene mecanismo de búsqueda urgente por 129 casos.

Incluso, la Fiscalía tiene registro de una denuncia por desaparición forzada, que corresponde a un posible crimen contra una persona en Zaragoza (Antioquia), que data del pasado 4 de mayo. Asimismo, el ente investigador asegura que conoce de 17 muertes que están conectadas con el Paro Nacional, la mayoría de ellas en Cali -ocho casos-. “Adicionalmente, hay siete muertes en proceso de verificación”, agregó la Fiscalía.

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Por su parte, la Unidad de Búsqueda, entidad creada tras los Acuerdos de Paz para buscar las personas dadas por desaparecidas en el conflicto armado, puso de presente que el deber del Estado es proteger a las personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica. Por tanto, todo procedimiento que implique limitar el derecho a la libertad personal tiene una “naturaleza excepcional”.

“Los estándares internacionales establecen límites y criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a la limitación del derecho a la libertad personal en contextos de manifestaciones. Es esencial que el Estado garantice que las privaciones de libertad, cualesquiera que sean las formas jurídicas que revistan, se realicen con el estricto cumplimiento de los límites y garantías contenidas en las normas de derecho internacional”, agregaron las entidades.

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Por ejemplo, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en una reciente observación general sobre el derecho de reunión pacífica, quedó claro que la prisión preventiva de personas, para evitar que participen en reuniones, puede constituir una privación arbitraria de la libertad. Y aún cuando el derecho interno en Colombia lo permita, solo se podría practicar en los casos más excepcionales, por un periodo no superior a los estrictamente necesario y cuando haya pruebas de una intención violenta por parte del ciudadano.

A pesar de que Colombia está adscrita a ese pacto, específicamente sobre el derecho a la reunión pacífica, los números que dejan las tres semanas y media de protestas hablan de un inexistente registro institucional en cuanto a detenciones. Mientras en su más reciente informe la Fiscalía solo habla de 49 medidas de aseguramiento contra personas que habrían incurrido en actos vandálicos, Temblores ONG tiene una estadística de 1.264 detenciones arbitrarias. La Campaña Defender la Libertad tiene una cifra de 1.645.

Según el abogado Rubén Darío Acosta, director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos, en una reciente entrevista con El Espectador, los policías no estarían capturando personas como tal, pues los mismos manifestantes en muchas oportunidades no llegan ante un juez de garantías para que legalice esa aprehensión en vía pública. Lo que en realidad estaría sucediendo, según el defensor, es que los policías podrían estarse amparando en la figura de “traslado por protección”, descrita en el artículo 155 de Código de Policía.

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Captura y detención no significan lo mismo. “La captura se da en el marco de un proceso penal que requiere la autorización de un juez, la llamada legalización de captura. Cuando se hace la captura, tienen que llevar a la persona de inmediato ante el juez de control de garantías y ahí el juez debe verificar que la captura se haya hecho de acuerdo a la protección de derechos. Que no se le haya maltratado. Que se le hayan declarado los derechos que tiene. Que la persona haya sido puesta de manera en el menor tiempo posible ante la autoridad judicial”, agregó Acosta.

Por tal razón, tanto la Unidad de Búsqueda como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas pidieron se ejerza el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. En una observación al artículo 9, sobre libertad y seguridad personales, está escrito que cuando la Policía detiene a una persona, sin miras a un proceso penal, hay un gran riesgo de que haya privación de la libertad arbitraria. Por tanto, es urgente que las autoridades colombianas cuenten con registros actualizados sobre las personas privadas de la libertad, para esclarecer con mayor precisión el conteo de desaparecidos.