“Necesitamos una política criminal humanista”: ministro de Justicia
Ante la plenaria del Senado, el ministro Néstor Osuna dio pistas de lo que será el proyecto de ley que radicará para intentar confrontar la sostenida emergencia penitenciaria. Estos son los puntos clave, entre los que se encuentra la eliminación de delitos.
La plenaria del Senado escuchó, este martes 8 de noviembre, distintas voces que desde su experiencia dan rostro a la crisis del sistema penitenciario. Desde las denuncias de internos que describieron la masiva violación de derechos humanos verificada por la Corte Constitucional, desde 1998, hasta la voz activista Johana Bahamón, que sigue presentando su proyecto de segundas oportunidades a favor de la población. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, tuvo un espacio para presentar detalles de lo que podría ser una de sus más importantes propuestas para el 2023.
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“Necesitamos una política criminal humanista. Que reivindique la resocialización. Que tenga en cuenta que las personas que han cometido un delito tienen que pagar la pena, pero que siguen siendo seres humanos. El éxito de una política penitenciaria no es tener mucha gente en la cárcel, sino un menor índice de delitos en la calle. Que la ciudadanía se sienta tranquila. Nada de eso está logrando el sistema penitenciario actual”, explicó el ministro de Justicia.
Para empezar, Osuna señaló que su proyecto de ley con respecto al sistema penitenciario será presentado a más tardar en marzo de 2023, e incluye cambios en la política criminal y en el Código Penal. Habló de un “uso racional de la cárcel”, dado que en las prisiones del Inpec permanecen casi 100.000 personas en un espacio destinado para 81.000. Del universo completo de personas privadas de la libertad en Colombia, el 55% ha sido declarada culpable por un juez de la República. Las demás, no tienen definida su situación judicial.
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Por tanto, el ministro de Justicia señaló que planea hacer ajustes al Código Penal para que existan penas más cortas, que permitan que la idea de resocialización y reincorporación a la sociedad sea un éxito. Intentar que se apliquen los subrogados penales, como los permisos de 72 horas o la libertad condicional cuando se cumple determinado tiempo en prisión. Asimismo, Osuna se comprometió a ofrecer espacios de educación y trabajo más potentes para que los prisioneros salgan con un oficio a desarrollar luego de su paso en la cárcel.
Entre otras propuestas, Osuna mencionó que el denominado año rural de los psicólogos, médicos o trabajadores sociales puede realizarse en las cárceles, y así disminuir las miles de tutelas que por años llegan contra las cárceles por falta de atención. Además, negociar con el Ministerio de Salud un cambio en el sistema de contratación, en el cual sea el Gobierno el que acuerde directamente con las IPS, los hospitales y las farmacéuticas, de tal forma que cese la intermediación de terceros.
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Entre los datos alarmantes que mostró Osuna está el número de detenidos en estaciones de Policía a lo largo del país. Un total de 22.000 personas, en espacios destinados solo para 8.300. Por tanto, espera concertar con Asocapitales una propuesta para que las entidades municipales, departamentales y nacionales asuman con mayor orden la retención momentánea de sindicados por delitos. La Defensoría del Pueblo denunció, por ejemplo, que en la estación de Policía de Riohacha hay un hacinamiento que supera el 1.000%.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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“Necesitamos una política criminal humanista. Que reivindique la resocialización. Que tenga en cuenta que las personas que han cometido un delito tienen que pagar la pena, pero que siguen siendo seres humanos. El éxito de una política penitenciaria no es tener mucha gente en la cárcel, sino un menor índice de delitos en la calle. Que la ciudadanía se sienta tranquila. Nada de eso está logrando el sistema penitenciario actual”, explicó el ministro de Justicia.
Para empezar, Osuna señaló que su proyecto de ley con respecto al sistema penitenciario será presentado a más tardar en marzo de 2023, e incluye cambios en la política criminal y en el Código Penal. Habló de un “uso racional de la cárcel”, dado que en las prisiones del Inpec permanecen casi 100.000 personas en un espacio destinado para 81.000. Del universo completo de personas privadas de la libertad en Colombia, el 55% ha sido declarada culpable por un juez de la República. Las demás, no tienen definida su situación judicial.
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Por tanto, el ministro de Justicia señaló que planea hacer ajustes al Código Penal para que existan penas más cortas, que permitan que la idea de resocialización y reincorporación a la sociedad sea un éxito. Intentar que se apliquen los subrogados penales, como los permisos de 72 horas o la libertad condicional cuando se cumple determinado tiempo en prisión. Asimismo, Osuna se comprometió a ofrecer espacios de educación y trabajo más potentes para que los prisioneros salgan con un oficio a desarrollar luego de su paso en la cárcel.
Entre otras propuestas, Osuna mencionó que el denominado año rural de los psicólogos, médicos o trabajadores sociales puede realizarse en las cárceles, y así disminuir las miles de tutelas que por años llegan contra las cárceles por falta de atención. Además, negociar con el Ministerio de Salud un cambio en el sistema de contratación, en el cual sea el Gobierno el que acuerde directamente con las IPS, los hospitales y las farmacéuticas, de tal forma que cese la intermediación de terceros.
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Entre los datos alarmantes que mostró Osuna está el número de detenidos en estaciones de Policía a lo largo del país. Un total de 22.000 personas, en espacios destinados solo para 8.300. Por tanto, espera concertar con Asocapitales una propuesta para que las entidades municipales, departamentales y nacionales asuman con mayor orden la retención momentánea de sindicados por delitos. La Defensoría del Pueblo denunció, por ejemplo, que en la estación de Policía de Riohacha hay un hacinamiento que supera el 1.000%.
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