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En medio del escándalo judicial y político que involucra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, no paran las noticias. Ahora, se conoció que el miembro de la familia presidencial enfrentará su proceso penal en libertad. Así lo definió el juzgado 74 de garantías de Bogotá, después de rechazar la solicitud que hizo la Fiscalía que pidió enviar al hijo del presidente Gustavo Petro a casa por cárcel, mientras sigue la investigación en su contra.
(Siga aquí los detalles de la audiencia)
Además, el juzgado definió dejar en libertad a Daysuris del Carmen Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien también fue capturada, junto con el hijo del presidente, el pasado 29 de julio en Barranquilla. Ella es investigada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, y Nicolás Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ambos ya están en un proceso de colaboración con la Fiscalía para recibir beneficios judiciales en la investigación en su contra.
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La decisión se conoció hacia las 10 de la noche del viernes 4 de agosto, luego de que la Fiscalía expusiera las pruebas que tiene en contra de ambos y las consideraciones que llevaron al ente investigador a capturar y vincular formalmente a Petro y Vásquez a un proceso penal. Chats, contratos, audios, fotografías y testimonios hacen parte del expediente en su contra. La diligencia, que duró más de nueve horas, tuvo una revelación que cambió el rumbo de este expediente.
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Durante los primeros minutos de esa audiencia, el fiscal que lleva el caso, Mario Burgos, explicó que, después de haber escuchado en interrogatorio a Nicolás Petro, después de que él mismo decidiera colaborar con la investigación, el hijo del presidente reveló un hecho que desde la Fiscalía desconocían. Dentro de los secretos que destapó el investigado está el supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña que llevó a su padre a la Presidencia.
¿Qué dijo Nicolás Petro sobre su papá, Gustavo Petro?
Según expuso el fiscal Burgos, Nicolás Petro “aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía acerca de la pasada campaña presidencial del actual presidente Gustavo Petro Urrego”. Los datos que habría dado el hijo del presidente, según el ente investigador, dan cuenta de dineros “que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley, y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales”.
(En contexto: Esto fue lo que Nicolás Petro dijo sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro)
El fiscal Burgos manifestó que dentro de la colaboración que acordaron con Nicolás Petro, él mismo les aseguró que “sí recibió altas sumas de dinero por parte del señor Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro; del señor Gabriel Hilsalca Acosta, hijo del polémico Alfonso El Turco Hilsalca; y del Óscar Camacho, un poderoso empresario de Cúcuta. Una parte de los dineros, según Nicolás Petro, se los habría quedado para incrementar su patrimonio y el de su esposa Day Vásquez.
Ambos, dijo el fiscal, trataron de darle apariencia de legalidad a esos dineros que nunca reportaron y del que sacaron provecho propio. Aunque la Fiscalía no dio detalles de cuánta plata entró a la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, lo que sí señaló es que, a los bolsillos de Petro y Vásquez, fueron a parar $1.050 millones que no pudieron justificar. Según lo que Petro le aseguró al fiscal Burgos, el procesado tiene pruebas y puede precisar de cuánto fue el aporte ilegal a la campaña, así como las personas que estuvieron detrás de los pagos.
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¿Qué sigue ahora en el caso de Nicolás Petro?
Ahora, la Fiscalía, los procesados y sus abogados entran a un proceso de negociación para definir qué tan valiosa puede ser la colaboración de Nicolás Petro y Day Velásquez. De eso depende qué sigue en el caso. Una vía es la del preacuerdo, en la que los investigados ayudan a la investigación, a cambio de la rebaja en su pena y otros beneficios, como no ir a la cárcel. Y la otra, la del principio de oportunidad, en la que la Fiscalía puede suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, es decir, puede frenar la investigación.
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