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Este lunes estaba previsto que fuera acusado Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los cuales habría cometido cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico y era una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica.
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Sin embargo, la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro presento un conflicto de competencia. Es decir, plantearon que el juzgado de Barranquilla, donde se iba a adelantar el juicio, no era el competente para adelantar el resto del proceso, pues los hechos que se investigan sucedieron en varios lugares del país y no solo en la capital del Atlántico.
Sin embargo, para la Fiscalía, esta maniobra de la defensa de Nicolás Petro es un planteamiento que solo pretende dilatar el caso y evitar que el caso avance. El cuestionado fiscal Mario Burgos señaló que la mayoría de los hechos que se investiga sucedieron en Barranquilla y que los planteamientos de los abogados de Petro no tienen ningún peso jurídico. Argumentos que también fueron esgrimidos por la Procuraduría.
“Según la ley, en caso de que la investigación arroje que los delitos se cometieron en varios lugares, la Fiscalía tiene la potestad de realizar la acusación en donde ella crea pertinente”, señaló la procuradora del caso. Como era previsto, el juez del caso dijo que era una medida superflua y negó la solicitud y señaló que en caso de que el proceso otra vez recaiga en su despacho, luego de que un la Corte Suprema analice la colisión de competencias, compulsará copias contra los abogados de Nicolás Petro.
El caso contra Nicolás Petro
El llamado a juicio, que no se pudo adelantar, tiene que ver con el fracaso de las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía, que tuvieron acercamientos durante la audiencia de imputación, en la que Nicolás Petro señaló que contaría “la verdad”. El acusado renunció a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad, aportando información de interés de la Fiscalía, y ahora tendrá que presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.
La investigación revela que Nicolás Petro presuntamente incrementó injustificadamente su patrimonio en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica, legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”, dice la acusación.
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