Nicolás Petro Burgos le dio un giro inesperado al caso que adelanta la Fiscalía en su contra. En medio de la audiencia en la que se iba a resolver su medida de aseguramiento decidió colaborar con el ente investigador para esclarecer hechos de corrupción, la entrada de dinero a campañas políticas y quiénes participaron de este presunto entramado ilegal. El impensado anuncio del hijo mayor del jefe de Estado se dio después de que se le imputaran los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Él mismo aseguró que su colaboración con la justicia es motivada por el hijo que espera con su nueva pareja, Laura Ojeda, que está por nacer.
Hasta el momento no hay certeza si finalmente hubo dineros que permearon la campaña política a la Presidencia de su padre, Gustavo Petro, pero la sorpresiva decisión del diputado de la Asamblea del Atlántico deja la expectativa sobre cómo cooperará con la Fiscalía. Sin embargo, fuentes cercanas al caso le contaron a El Espectador que el miembro de la familia presidencial revelaría información sobre una supuesta red corrupta en la contratación en la Asamblea del Atlántico que envuelve a grandes clanes políticos de la costa Caribe.
Este nuevo giro en el caso, que se presenta en aparente armonía entre las partes, llega después de los choques entre el ente acusador y la defensa de Petro Burgos, que desde el primer momento alegó que la Fiscalía de Francisco Barbosa no le ofrecía garantías. Ahora, el hijo del presidente seguirá la línea en la que viene avanzando su aún esposa Daysuris Vásquez, quien, a pesar de denunciarlo públicamente en marzo de este año por supuestamente quedarse con los dineros que iban para la campaña, también fue imputada por enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.
Según la Fiscalía, este último delito lo habría cometido antes de la denuncia, por perfilar y acceder a todos los datos del teléfono de Laura Ojeda, para comprobar desde cuándo su esposo sostenía una relación sentimental con ella. Aun así, Day Vásquez, quien no aceptó cargos, viene colaborando con el ente investigador. En audiencia pública, el fiscal que lleva el caso, Mario Burgos, debido a información que ha entregado la esposa de Nicolás Petro, no descarta investigarlo por otros delitos, como tráfico de influencias y contratación sin los requisitos legales.
Además, fuentes cercanas a Vásquez le aseguraron a este diario que, aunque en marzo de este año ella dijo públicamente que el dinero de exnarcos nunca entró a la campaña de Gustavo Petro, realmente sí habría sido utilizada para pagar gastos logísticos, un rubro que normalmente no entra en las cuentas oficiales de campaña, pues se usa para alquiler de sillas y otros asuntos por el estilo. Lo que sí está claro para la Fiscalía es que Petro no tiene cómo explicar de dónde salió el dinero con el que se costeaba una vida de lujos, como señaló el fiscal Burgos.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía insistió en más de una oportunidad en que, para vivir como lo venía haciendo Nicolás Petro, tendría que ganar $200 millones mensuales y su salario como diputado es de $25 millones. Además, el fiscal Burgos explicó que, al menos durante un año, la pareja intentó lavar el dinero que habrían recibido irregularmente, a través de familiares de Day Vásquez, en especial de un tío que apareció comprando un carro de alta gama en nombre de ellos y un bien inmueble en Barranquilla.
Aunque el ente investigador asegura tener un arsenal de pruebas en contra del diputado Petro Burgos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el sorpresivo anuncio del hijo del presidente de querer colaborar con la justicia hizo que se frenara, al menos por ahora, la petición de mantenerlo preso. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino. Muchas gracias, señor juez”, señaló Nicolás Petro Burgos.
El desarrollo de este proceso judicial permea también el panorama político del país, pues la captura de Nicolás Petro y de Day Vásquez el pasado sábado, día en que se cerraban las inscripciones para las elecciones regionales de octubre, tuvo repercusiones. Por ejemplo, Colombia Humana le retiró su aval a Máximo Noriega, quien era el candidato a la Gobernación del Atlántico y estaba apadrinado por Petro Burgos. Y, por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien está a seis días de cumplir su primer año en el poder, decidió guardar distancia del caso, deseándole a su hijo “suerte y fuerza” para que pueda aprender “de sus propios errores”.
La decisión de si Nicolás Petro y Day Vásquez deben quedar recluidos en una cárcel mientras se investigan sus posibles delitos se definirá el próximo jueves 3 de agosto. La defensa de Petro Burgos busca a como dé lugar tenerlo fuera de prisión, pues, como lo dijo su abogado David Teleki, “es nuestro interés proteger la libertad del señor Nicolás Petro”. Mientras se conoce el desenlace de este capítulo de la historia, el ente investigador pidió medidas de protección para Vásquez y Petro, para poder escuchar sus declaraciones, que prometen revelar nuevos hechos y atizar el fuego de este escándalo político y judicial.