Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, irá a juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En la mañana de este lunes, a las nueve de la mañana, está previsto que la Fiscalía lo acuse formalmente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, los cuales habría cometido cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico y era una de las fichas claves de la campaña de su padre en la Costa Atlántica.
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El llamado a juicio se da luego de que fracasaran las negociaciones entre el acusado y la Fiscalía, que tuvieron acercamientos durante la audiencia de imputación, en la que Nicolás Petro señaló que contaría “la verdad”. El acusado renunció a la oportunidad de suscribir un acuerdo que le permitiese quedar en libertad, aportando información de interés de la Fiscalía, y ahora tendrá que presentar pruebas y testimonios que lo libren de toda culpa en un juicio penal.
La investigación revela que Nicolás Petro presuntamente incrementó injustificadamente su patrimonio en un total de $1.053 911.056 millones. Tal cantidad de dinero no sería “producto de su labor como diputado, y, al no haber reportado, ni encontrado, otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reputan como un incremento patrimonial injustificado, y lo es, porque éstos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos clandestinos de dinero desde mayo de 2021 hasta finales del año 2022, recibidos en efectivo”, dice la acusación.
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Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía encontró que la única fuente de ingresos de Nicolás Petro era su labor como diputado. De hecho, en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021, reportó únicamente rentas de trabajo. No reportó tener obligaciones financieras, ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado.
Tampoco tiene inversiones en fondos o reportó haber recibido donaciones durante los últimos años. Y, por si fuese poco, no aparece como propietario de ningún bien mueble o inmueble. De tal manera que, en los últimos tres años, solo tendría que haber tenido en sus cuentas poco más de $314 millones por sesiones ordinarias y poco más de $251 millones por pagos netos.
Sin embargo, el ente investigador descubrió pagos verdaderamente ostentosos en relación con los que se podía dar. Entre ellos, el pago de un arriendo en el Edificio Balcones del Parque, de Barranquilla, que le costó $23 millones. En julio de 2022, también arrendó una casa de condominio en Puerto Colombia, por $86 millones.
En noviembre de ese año, pagó otro arriendo en Barranquilla, el Altos de Bonavista, por $38 millones. Incluso, la Fiscalía tiene mapeado el pago inicial de una casa en Tubará, por $334 millones, y la compra de un Mercedes Benz por $200 millones. De tal manera que, según la Fiscalía, en los últimos tres años, solo tendría que haber tenido en sus cuentas poco más de $314 millones por sesiones ordinarias y poco más de $251 millones por pagos netos.
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