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Este 15 de febrero, comenzó el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leyva, en Procuraduría, por cargos relacionados con la fallida licitación de pasaportes de 2023, que el ministro declaró desierta y que, si no fuera por él, hubiese sido adjudicada a la firma Thomas Greg and Sons. Aunque Leyva no se presentó a la Procuraduría, su abogado presentó un recurso para sacar del caso al procurador Ernesto Jesús Espinosa.
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Se trató de un recurso de recusación, por lo que el abogado Yefferson Dueñas consideró una “enemistad grave” entre el procurador Espinosa y su defendido, el canciller Álvaro Leyva. Cuando los periodistas presentes en la audiencia preguntaron Dueñas a qué se refería exactamente, respondió: “porque el ministro Leyva es parte del Gobierno”. Con el desarrollo de la audiencia se conoció que el procurador Espinosa publicó opiniones y dejó conocer su posición negativa frente al movimiento que actualmente gobierna Colombia, durante 2019, 2020 y 2021.
Luego de una hora, el procurador Espinosa respondió que “no todo escrúpulo o incomodidad del juzgador basta para sacarlo del conocimiento de un asunto”. Agregó que no se le puede tildar de “enemigo del Gobierno” por sus opiniones, las cuales, en todo caso, emitió antes de ser miembro de la Procuraduría. Asimismo, invocó el artículo 20 de la Constitución, que permite a todos los ciudadanos expresar sus opiniones libremente. Y, como prueba reina, el procurador Espinosa aseguró que nunca se refirió directamente al canciller Leyva.
La entidad dirigida por Margarita Cabello tiene en juicio al ministro de las relaciones exteriores por haber declarada desierta la “licitación sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Leyva, no obstante, se ha defendido asegurando que, si no declaraba desierta la licitación, hubiese quedo en manos del único contratista que, al final, presentó una oferta formal ante la Cancillería.
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Aun así, Leyva gestionó un contrato de urgencia manifiesta para no dejar a los colombianos sin pasaporte, que se acordó con la misma firma Thomas Greg, la cual durante los últimos años se encargó de ese servicio para la Nación. Sin embargo, la Procuraduría le reprocha haber decretado “la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.
Cuando la Procuraduría llamó a juicio a Leyva, además, lo suspendió de su cargo durante tres meses, sin derecho a remuneración. Aseguró que era una medida proporcional para evitar un peligro futuro, dado que según las pruebas recaudadas, Leyva actuó contrario a lo que le pedía su propio comité de contratación, la Contraloría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No obstante, esta semana el suspendido canciller presentó una tutela por su derecho al debido proceso y al trabajo, que está en el conocimiento de un juzgado, con el objetivo de volver al puesto.
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