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La procuradora general Margarita Cabello no se apartará, como jefe de la entidad, de la investigación disciplinaria por el caso MinTIC, la posible pérdida de $70.000 millones luego de que el ministerio entregara un anticipo en un billonario contrato para internet rural en las zonas más alejadas del país. La Procuraduría Delegada para Contratación Estatal negó una recusación, con la cual se pedía relevar del expediente a Cabello. Se precisó que es esa delegada la que está a cargo de la pesquisa, y no Cabello.
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El pasado 24 de agosto, la Red de Veedurías Ciudadanas Bien Común envió vía electrónica una solicitud de recusación contra Cabello, pues consideró que era cercana a la ministra de las Tecnologías Karen Abudinen, quien en diciembre del año pasado firmó el contrato por $1,07 billones con la unión temporal Centros Poblados. La red explicó que “es de publico conocimiento que compartieron altos cargos públicos en el presente gobierno del excelentísimo señor presidente Iván Duque”.
Sin embargo, la Procuraduría de Contratación Estatal frenó esa solicitud de recusación, pues en su consideración, solo los sujetos procesales de la indagación preliminar, abierta el pasado 27 de julio, pueden solicitar que la procuradora Cabello se aparte del caso. Así estaría amparado en el antiguo Código Disciplinario Único, reemplazado este año por la “Ley Disciplinaria”. Además, la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal es la encargada exclusiva de la indagación preliminar.
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“Podrían intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo Superior (hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial) o en el Congreso contra los funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitucional (ministros, gobernadores y congresistas)”, citó la Procuraduría delegada.
Por tanto, “el peticionario carece de la condición de investigado o defensor y, consecuentemente, no ostenta la calidad de sujeto procesal, lo que es insuficiente para dar trámite a la recusación que formuló en sede electrónica”, aseguró la delegada para la Contratación Estatal. Así entonces, la entidad de control negó la solicitud hecha por el veedor Henry Anata, quien había denunciado presuntas irregularidades de Cabello.
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Según la red de veedurías, Cabello y Abudinen “coinciden en haber ejercido públicamente en el partido Cambio Radical, como públicamente se conoce son coterráneas de la misma ciudad: Barranquilla, lo cual generaría un conflicto de intereses sobre el asunto y al existir una amistad muy especial”.
“Fuentes cercanas nos informan exactamente de por lo menos una reunión realizada en su apartamento del norte de Bogotá, donde la visitó la señora ministra de las Tics, Karen Abudinen, el día primero de agosto lo cual genera rumores y sospechas en los ciudadanos, afectando gravemente la credibilidad del proceso sobre todo por las decisiones que debe emanar de su despacho”, agregó la veeduría por otro lado, sin embargo, la misma Procuraduría no acogió sus argumentos.
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Por el casi MinTIC la Procuraduría está en indagación y la Fiscalía considera que pudo ser un escenario de “corrupción”. Lo último que se sabe es que el Juez Octavo Civil de Barranquilla estudia una tutela con la cual la unión temporal Centros Poblados exige que la justicia tumbe una decisión clave de la ministra Abudinen: caducar el billonario contrato de internet rural y embargar las cuentas de los socios del polémico contratista, el cual habría entregado pólizas falsas cuando fue seleccionado.
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