No fue solo Argos: a 17 empresas les reclaman tierras despojadas en Montes de María

Una reciente entrega de títulos por parte de la Agencia Nacional de Tierras a víctimas de la guerra en los Montes de María generó, de nuevo, agenda pública sobre un hecho innegable: la presencia de empresas en tierras despojadas a víctimas del conflicto. El presidente Gustavo Petro apuntó a la reconocida cementera Argos, a la cual señaló de haber ocupado terrenos de desplazados en El Carmen de Bolívar, donde en los años 2000 se vivieron masacres que obligaron al desplazamiento de miles de víctimas. Y, aunque el presidente está en lo cierto, pues el Grupo Empresarial Argos ha perdido en 18 sentencias de restitución de la región, el recuento histórico del mandatario se quedó corto en comparación con lo que realmente se le acusa al empresariado de los Montes de María.

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Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), así como Argos y sus filiales, existen 17 empresas privadas señaladas como compradores masivos de tierras en la zona, en su mayoría constituidos como opositores en procesos judiciales de restitución. “Utilizaron figuras como los usufructos y constitución de patrimonios autónomos para consolidar el acaparamiento de tierras en fenómenos de despojos jurídicos”, se lee en un informe de la URT conocido por El Espectador. Las empresas pertenecen a acaudalados negociantes que vieron, según sus dichos, una gran oportunidad en los Montes de María para la inversión agropecuaria, a través de una invitación que supuestamente les hizo el Estado en 2008. Así, por ejemplo, le respondió Argos al presidente.

Sin embargo, de acuerdo con el informe, otras 17 empresas como Argos habrían comprado tierras despojadas a víctimas del conflicto sin comprobar su pasado, y además, a precio de huevo. Las compraventas y acumulaciones masivas por parte de esos particulares sumarían más de 12.000 hectáreas. Por ejemplo, la sociedad Tierras de Promisión, representada por Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, acumuló desde finales de los 2000 un total de 4.405 hectáreas. Le siguen la Agropecuaria El Génesis SAS con 3.022 hectáreas y Agropecuaria Carmen de Bolívar con 2.604 hectáreas, representadas por Manuel Medina Muñetón. Luego de ellos, los compradores más potentes son: Invercampo S.A., de Manuel Guillermo Berrío, y Agropecuaria Tacaloa, de Elkin de Jesús Sierra.

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Entre las otras empresas mencionadas y que estarían en procesos adversariales por restitución de tierras están Inversiones Agropecuaria El Caney, también de Medina Muñetón; Agropecuaria Montes de María, de Raúl Andrés Mora Pérez; Agropecuaria Vélez Arango, de Fabio Alberto Arango Londoño, y la Agropecuaria El Central, que concentró 265 hectáreas a favor del corrupto excongresista Otto Nicolás Bula, condenado como uno de los lobistas de Odebrecht para repartir sobornos en Colombia. En cuanto a Argos, dice la URT, aunque no reportó la cifra total de tierras acumuladas, explicó que, por orden judicial, ya restituyó a las víctimas más de 5.182 hectáreas.

Todos estos nombres fueron reseñados en el informe conocido por este diario a partir de los Documentos de Análisis de Contexto elaborados por la URT, que soportan testimonial y documentalmente las solicitudes de restitución. Las fuentes son las mismas víctimas de despojo. En cuanto a las personas que concentraron más tierra está el empresario Álvaro Ignacio Echeverría quien, solo a su nombre, registra 3.614 hectáreas en los Montes de María. Es decir, el 65 % de las compraventas a nombre propio. Cabe mencionar que, asimismo, es el representante de la empresa que concentró más hectáreas: Agropecuaria Tierras de Promisión.

Durante la conmemoración de los 20 años de la Masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y 20 de febrero de 2000 y en la que fueron asesinadas más de 100 personas, Echeverría contó lo que pasó. Reconoció, por ejemplo, haber comprado a $300.000 la hectárea de tierra que podía cotizarse a $2 millones, aunque aclaró que “el precio de una tierra lo maneja la ley de oferta y demanda. Las tierras allá no valían nada. Una tierra vale lo que den por ella”, dijo a este diario. A cierre de este septiembre de 2023, según la Unidad de Restitución de Tierras, Echevarría y Tierras de Promisión tienen en su contra 162 solicitudes de restitución.

Para Paula Villa, directora jurídica de la URT, las solicitudes y el desarrollo de los casos permitirían evidenciar que el objetivo de las empresas fue cambiar el uso del suelo e, incluso, “la forma organizativa que venía dándose en regiones como los Montes de María, Magdalena Medio y el Urabá, donde la economía campesina venía ganando pulsos. Había un interés de arrasar la organización de la zona. El ciclo comenzaba con la presencia de actores armados. Luego venían las amenazas a campesinos, que terminaban con las masacres y desplazamientos forzados. Fue entonces cuando llegaron los comisionistas que compraron a precios irrisorios y luego las tierras terminaron concentradas en esas empresas”.

En contexto: “Confundieron a Argos con desalojadores de tierras”: Álvaro Uribe responde a Petro

Por otro lado, la información contenida en el informe de la URT sostiene que los Montes de María son apenas uno de los lugares donde empresas privadas se aprovecharon para comprar tierras abandonadas. Hay registro por 614 casos en los que empresas se constituyeron como opositores o terceros intervinientes en el trámite. Las regiones con más casos son el Urabá (224), Magdalena (197), Magdalena Medio (81) y Cesar y La Guajira (68). En el caso del Grupo Empresarial Argos, tiene 18 sentencias en contra en las que no se le reconoció haber adquirido sus predios de buena fe. Es decir, que no hizo la debida diligencia por verificar si donde iba a poner un pie, era suelo manchado con sangre. Por si fuera poco, se están defendiendo en otros tres juicios y la URT les prepara una nueva demanda.

Una reciente entrega de títulos por parte de la Agencia Nacional de Tierras a víctimas de la guerra en los Montes de María generó, de nuevo, agenda pública sobre un hecho innegable: la presencia de empresas en tierras despojadas a víctimas del conflicto. El presidente Gustavo Petro apuntó a la reconocida cementera Argos, a la cual señaló de haber ocupado terrenos de desplazados en El Carmen de Bolívar, donde en los años 2000 se vivieron masacres que obligaron al desplazamiento de miles de víctimas. Y, aunque el presidente está en lo cierto, pues el Grupo Empresarial Argos ha perdido en 18 sentencias de restitución de la región, el recuento histórico del mandatario se quedó corto en comparación con lo que realmente se le acusa al empresariado de los Montes de María.

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Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), así como Argos y sus filiales, existen 17 empresas privadas señaladas como compradores masivos de tierras en la zona, en su mayoría constituidos como opositores en procesos judiciales de restitución. “Utilizaron figuras como los usufructos y constitución de patrimonios autónomos para consolidar el acaparamiento de tierras en fenómenos de despojos jurídicos”, se lee en un informe de la URT conocido por El Espectador. Las empresas pertenecen a acaudalados negociantes que vieron, según sus dichos, una gran oportunidad en los Montes de María para la inversión agropecuaria, a través de una invitación que supuestamente les hizo el Estado en 2008. Así, por ejemplo, le respondió Argos al presidente.

Sin embargo, de acuerdo con el informe, otras 17 empresas como Argos habrían comprado tierras despojadas a víctimas del conflicto sin comprobar su pasado, y además, a precio de huevo. Las compraventas y acumulaciones masivas por parte de esos particulares sumarían más de 12.000 hectáreas. Por ejemplo, la sociedad Tierras de Promisión, representada por Álvaro Ignacio Echeverría Ramírez, acumuló desde finales de los 2000 un total de 4.405 hectáreas. Le siguen la Agropecuaria El Génesis SAS con 3.022 hectáreas y Agropecuaria Carmen de Bolívar con 2.604 hectáreas, representadas por Manuel Medina Muñetón. Luego de ellos, los compradores más potentes son: Invercampo S.A., de Manuel Guillermo Berrío, y Agropecuaria Tacaloa, de Elkin de Jesús Sierra.

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Todos estos nombres fueron reseñados en el informe conocido por este diario a partir de los Documentos de Análisis de Contexto elaborados por la URT, que soportan testimonial y documentalmente las solicitudes de restitución. Las fuentes son las mismas víctimas de despojo. En cuanto a las personas que concentraron más tierra está el empresario Álvaro Ignacio Echeverría quien, solo a su nombre, registra 3.614 hectáreas en los Montes de María. Es decir, el 65 % de las compraventas a nombre propio. Cabe mencionar que, asimismo, es el representante de la empresa que concentró más hectáreas: Agropecuaria Tierras de Promisión.

Durante la conmemoración de los 20 años de la Masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y 20 de febrero de 2000 y en la que fueron asesinadas más de 100 personas, Echeverría contó lo que pasó. Reconoció, por ejemplo, haber comprado a $300.000 la hectárea de tierra que podía cotizarse a $2 millones, aunque aclaró que “el precio de una tierra lo maneja la ley de oferta y demanda. Las tierras allá no valían nada. Una tierra vale lo que den por ella”, dijo a este diario. A cierre de este septiembre de 2023, según la Unidad de Restitución de Tierras, Echevarría y Tierras de Promisión tienen en su contra 162 solicitudes de restitución.

Para Paula Villa, directora jurídica de la URT, las solicitudes y el desarrollo de los casos permitirían evidenciar que el objetivo de las empresas fue cambiar el uso del suelo e, incluso, “la forma organizativa que venía dándose en regiones como los Montes de María, Magdalena Medio y el Urabá, donde la economía campesina venía ganando pulsos. Había un interés de arrasar la organización de la zona. El ciclo comenzaba con la presencia de actores armados. Luego venían las amenazas a campesinos, que terminaban con las masacres y desplazamientos forzados. Fue entonces cuando llegaron los comisionistas que compraron a precios irrisorios y luego las tierras terminaron concentradas en esas empresas”.

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Por otro lado, la información contenida en el informe de la URT sostiene que los Montes de María son apenas uno de los lugares donde empresas privadas se aprovecharon para comprar tierras abandonadas. Hay registro por 614 casos en los que empresas se constituyeron como opositores o terceros intervinientes en el trámite. Las regiones con más casos son el Urabá (224), Magdalena (197), Magdalena Medio (81) y Cesar y La Guajira (68). En el caso del Grupo Empresarial Argos, tiene 18 sentencias en contra en las que no se le reconoció haber adquirido sus predios de buena fe. Es decir, que no hizo la debida diligencia por verificar si donde iba a poner un pie, era suelo manchado con sangre. Por si fuera poco, se están defendiendo en otros tres juicios y la URT les prepara una nueva demanda.