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La Fiscalía General acaba de tomar una decisión clave sobre la investigación que adelantaba contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por su presunta participación en tres asesinatos. La fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema, Mónica Jiménez, decidió precluir la investigación en su contra al “subsistir dudas” de su supuesto rol en los homicidios y al vencerse el tiempo que contempla la ley para investigar los hechos.
Caicedo era investigado por los asesinatos del estudiante de la Universidad del Magdalena Hugo Maduro en el año 2000; del vicerrector Julio Otero, en 2001; y del decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002. Los tres, así como otros estudiantes y funcionarios del plantel que resultaron muertos, al parecer eran críticos de la gestión de Caicedo. Sin embargo, ahora la Fiscalía dice que cerrará el expediente al no encontrar pruebas en su contra.
“Finalmente, ante el vencimiento del término de instrucción (investigación) y la subsistencia de dudas, estas deben resolverse a favor de Caicedo, profiriendo resolución de preclusión (...) no obra prueba nueva ni diferente que indique responsabilidad del acusado”, dice el documento de 183 páginas firmado por la fiscal Mónica Jiménez.
Carlos Caicedo aterrizó en la Universidad del Magdalena como rector encargado en 1997. Los jefes anteriores del plantel -incluyendo al destacado sociólogo Alfredo Correa de Andréis- habían renunciado después de cortos períodos y el entonces gobernador, Jorge Caballero, envió a Caicedo de manera provisional y luego lo nombró en propiedad ese mismo año.
El gobernador inició un proceso de “refundación” de la universidad, como la llama él mismo, y su trabajo logró que para el año 2000 fuera reconocida por el Ministerio de Educación como una de las mejores instituciones de educación superior del país. Mientras tanto, los paramilitares cercaban el Caribe.
Varios de los testigos del caso han entregado versiones contradictorias. Los hermanos Rojas, conocidos en esta zona del país por haber liderado un grupo paramilitar, señalaron a Caicedo como determinador de los asesinatos, luego dijeron a las autoridades que un abogado de Luis Miguel Mello Cotes les pagó para que incriminaran a Caicedo. En declaraciones de Justicia y Paz, los Rojas también han dicho que el nombre de Caicedo estaba en las listas de personas por asesinar.
Por su parte, José Gelves Albarracín, alias el Canoso, comandante político del bloque Norte de los paramilitares, ha dicho que convenció a Jorge 40 de no matar a Caicedo y hacer una alianza con él para llenarse los bolsillos con todos los contratos que les podría otorgar a dedo. En el supuesto pacto también le habrían entregado contratos a su gente para hacer las instalaciones eléctricas de la universidad y un programa de higiene oral.
No obstante, él se desdijo de sus acusaciones contra Caicedo y señaló en 2017 a Noticias Uno que este no participó en los asesinatos, que se trató de un montaje del DAS y que el Clan Cotes estaba detrás del supuesto plan para incriminar al gobernador. Esta hipótesis, que señala a la poderosa familia a la que pertenecen la exgobernadora del Magdalena Rosa Cotes y sus hermanos, los Mellos, también ha sido ratificada por otros ex “paras”.
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