No hay perdón hasta que reconozcan lo que pasó en la Comuna 13

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Cada vez que lo hace Gloria Holguín, madre de Carlos Emilio Torres Holguín, una de las víctimas de desaparición forzada, mira detenidamente el lugar de las excavaciones que adelantan miembros del CTI de la Fiscalía y la embarga la misma incertidumbre. No lo sabe explicar pero la invade día a día. Entiende que es el dolor de pensar que puede estar parada sobre su hijo, pero su esperanza es encontrarlo después de 13 años de sufrimiento. Por eso asiste al campamento tres veces a la semana.

 

Su drama comenzó el 29 de noviembre de 2002. Ese día, mientras se desarrollaba la llamada Operación Orión, su hijo Carlos Emilio desapareció. Hacia las ocho de la mañana, él le dijo que iba a salir de casa en el barrio Robledo y que iba a ir a visitar a unos familiares al sector de San Javier, en la Comuna 13. Antes, fue a la casa de su novia en la misma zona, hasta donde llegaron desconocidos a preguntarlo. Ella les dijo que estaba dormido, pero él se levantó y salió a atenderlos.

 

A las nueve de la noche llegaron a la casa de Gloria Holguín a decirle que lo habían asesinado. Después corrió el rumor de que sucedió hacia las cuatro de la tarde y que lo habían enterrado junto a tres o cuatro hombres más en las lomas de San Javier. Desde ese día ella empezó a buscarlo. Al día siguiente acudió a la comuna y en la vía hacia La Escombrera lo primero que encontró fue un retén del Ejército: ‘Había de todo. Paramilitares, militares, Policía, Fiscalía”, recuerda hoy.

 

Cuando le pidió a uno de los muchachos del barrio que le entregaran el cuerpo de su hijo, la respuesta negativa llegó acompañada de una excusa insólita: “estamos en tregua navideña”. Después de preguntar a unos y otros, sin rastro alguno de su hijo, llegó a las puertas de Madres de la Candelaria, una organización de Medellín que integra a víctimas del conflicto. Entonces supo que familiares de las víctimas de la Comuna 13 se reunían cada 15 días en el convento de la Madre Laura.

 

 

 

La Comuna 13, situada al occidente de Medellín, constituye un asentamiento de 19 barrios y unos 135.885 habitantes, la mayoría de estrato socioeconómico bajo. El Plan de Desarrollo Local (2010-2020) señala que el 70,73% de sus viviendas pertenece a esta condición y, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el asentamiento comenzó a formarse desde finales de los años 40 como resultado de procesos migratorios desde distintas regiones del país. Además de la búsqueda de opciones económicas llegaron muchas familias huyendo de la violencia. 

 

En esta dinámica de exclusión social y de marginalidad creciente, desde los años 80 empezaron a consolidarse en la zona diversas organizaciones sociales y comunitarias, que suplieron las funciones de una institucionalidad que siempre estuvo ausente y que, además de ahondar la brecha de la desigualdad, incumplió con garantías mínimas para una vida digna. Este liderazgo ciudadano hizo de la Comuna 13 de Medellín un modelo de convivencia en el que la gente fue protagonista.

 

Sin embargo, como lo detalló el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, al tiempo que se agudizaron los problemas sociales en la comuna, también en esa misma década comenzaron a aparecer grupos armados ilegales denominados como “combos” o “bandas”, inicialmente para ofrecer servicios ilegales de «protección violenta» en la zona y luego para ejercer hegemonía territorial. En respuesta, algunos habitantes del sector optaron por enfrentarlos con mano propia.

 

En ese contexto, agravado por el acoso del narcotráfico, se fueron legitimando milicias populares como los Comandos Armados del Pueblo, que terminaron siendo la antesala para la incursión de milicias de las Farc o del Eln. No obstante, a pesar de la influencia creciente de estos grupos en la Comuna 13 en los años 90, los espacios organizativos populares no fueron totalmente cooptados. Incluso algunos grupos juveniles culturales se constituyeron en auténtico ejemplo de resistencia pacífica.

 

Con la llegada del siglo XXI se recrudeció también la confrontación armada en la Comuna 13. Aunque los grupos de autodefensa ya tenían asiento en Medellín y desde los tiempos de Pablo Escobar Gaviria tuvieron violento protagonismo en la ciudad, desde finales de la década de los 90 consolidaron su presencia a través de estructuras derivadas del movimiento Autodefensas Unidas de Colombia. Primero a través del Bloque Metro y luego por intermedio del Bloque Cacique Nutibara.

 

 

En 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia de Colombia, la Comuna 13 era un campo minado. Los milicianos de las Farc y el Eln libraban una lucha territorial con el paramilitarismo. En medio del fuego cruzado, las organizaciones sociales y populares resistían a los violentos. Sin embargo, recién posesionado y bajo la premisa de la Seguridad Democrática, el nuevo mandatario concluyó que la manera de erradicar el problema era la confrontación armada.

 

En esa decisión no importó vincular a la población civil al conflicto, no solo reduciendo o limitando derechos y garantías de los pobladores, sino utilizándolos como informantes de la fuerza pública. Hoy, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos que ha evaluado el impacto de la aplicación de esa política en la Comuna 13 entre 2002 y 2003, acogiendo informes de Fiscales Especializados de Medellín, ha confirmado que la Policía usó civiles como informantes para desarrollar acciones de guerra.

 

Fueron 20 operaciones militares para retomar el control territorial en la Comuna 13. Primavera, Violeta, Otoño, Mariscal, Contra-fuego, Otoño II, Marfil, Prisma, Águila, Horizonte, Azabache, Horizonte II, Transparencia, Potestad, Náufrago, Antorcha, Orquídea, Turquesa, Saturno y Orión son los nombres de acciones en las que el Estado desconoció obligaciones recogidas en el Derecho Internacional Humanitario en temas como protección al derecho a la vida e integridad personal de los civiles.

 

El saldo de víctimas fue de al menos 92 desaparecidos, 88 homicidios, 370 detenciones arbitrarias y 80 civiles heridos, entre ellos un bebé de pocos meses de edad. Y lo que es peor, no solo existen testimonios que prueban acciones conjuntas de miembros del Estado con integrantes de las autodefensas, sino que buena parte de los desaparecidos, fueron enterrados en el sector de La Escombrera, un botadero de materiales en los límites de la omuna 13 con el corregimiento de San Cristóbal.

 

La resistencia la representó un grupo de hombres y mujeres que, portando pañuelos blancos, empezó a reunirse en el convento de la Madre Laura, entre ellos estuvo el líder social Jaider Ramírez, asesinado años después por paramilitares. También Gloria Holguín, siempre buscando a su hijo desaparecido y participando en múltiples talleres de apoyo sicosocial o actos simbólicos, plantones y vigilias, para ayudar a otras mujeres como ella a sobrellevar el dolor y a seguir denunciado en voz alta los crímenes cometidos contra la población civil no combatiente. 

 

En el año 2006, fueron ellas quienes convocaron a la primera movilización masiva hacia el sector de La Escombrera, exigiendo su cierre para seguir buscando a sus hijos desaparecidos. Seis años después, en 2012, crearon la Comisión Internacional de Esclarecimiento, a través de la cual cuatro comisionados internacionales y dos nacionales lograron documentar varios casos significativos. Entre ellos el de Carlos Emilio Torres Holguín, el hijo de Gloria Holguín.

 

Hace dos años, las Mujeres Caminando por la Verdad inauguraron el Salón Tejiendo Memoria en el Convento de la Madre Laura, su sitio de encuentro. Y ese mismo año 2013, su lucha las llevó a participar en la remoción de escombros que se inició el pasado 5 de agosto del 2015 en La Arenera, un sector específico de La Escombrera, en la Comuna 13. El 9 de septiembre recibieron el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría ‘Experiencia colectiva del año’.

 

Hoy, el caso Carlos Emilio Torres Holguín tiene algunos avances. Gloria Holguín ha sido reconocida como víctima y fue reparada económicamente. Sin embargo ella insiste en que “la verdadera reparación es la verdad”. Por eso, asistió a una audiencia de Justicia y Paz realizada en Estados Unidos contra el excomandante del bloque Cacique Nutibara, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, hoy condenado a 31 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

 

En dicha diligencia judicial, Gloria Holguín le preguntó personalmente a Don Berna por su hijo. En 2009, ya había confesado que él planeó la operación Orión junto al general Mario Montoya Uribe, en esa época comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y del coronel Leonardo Gallego, comandante de la Policía en Medellín. 

 

En esta ocasión, el postulado aportó poco al esclarecimiento del crimen y en cambio denunció una campaña en su contra para silenciarlo. Según Don Berna, con su extradición a Estados Unidos, sus duras condiciones de reclusión, las dificultades para comparecer virtualmente ante la justicia colombiana o las amenazas contra su bancada de defensa, se dificultó su posibilidad de aportar la verdad de lo sucedido en la Comuna 13 y en otros lugares de Antioquia. Sin embargo, uno de sus secuaces, Juan Carlos Villada, alias Móvil 8, declaró que a Carlos Emilio Torres lo asesinaron y lo enterraron en La Escombrera.

 

Móvil 8 confesó que lo hicieron por “llevar información de las autodefensas a la Policía” y que fue sumado a la cifra de 300 cuerpos enterrados. Este paramilitar que estuvo en el bloque Cacique Nutibara no se encuentra en Justicia y Paz y está condenado a 49 años de prisión. Aparte de su declaración, poco se sabe sobre Carlos Emilio Torres y demás desaparecidos enterrados en la Escombrera. Es más, ni siquiera se conoce la cifra exacta de las víctimas ni su ubicación en terreno.

 

En pocas palabras, la verdad de La Escombrera, 13 años después continúa enterrada sobre toneladas de escombros que falta por remover. Pero Gloria Holguín no pierde la esperanza y persiste en su reclamo a las autoridades o a los procesados para que alguno le diga dónde está el cuerpo de su hijo para enterrarlo como corresponde. Entre tanto, cuando se refiriere a los responsables manifiesta sin esguinces: ‘Que los perdone mi Dios porque yo no los voy a perdonar’.

 

*Este trabajo se construyó en el marco de un programa especial de asesoría a periodistas regionales en Colombia, liderado por Consejo de Redacción (CdR) y su iniciativa de Plataforma de Periodismo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

 

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Cada vez que lo hace Gloria Holguín, madre de Carlos Emilio Torres Holguín, una de las víctimas de desaparición forzada, mira detenidamente el lugar de las excavaciones que adelantan miembros del CTI de la Fiscalía y la embarga la misma incertidumbre. No lo sabe explicar pero la invade día a día. Entiende que es el dolor de pensar que puede estar parada sobre su hijo, pero su esperanza es encontrarlo después de 13 años de sufrimiento. Por eso asiste al campamento tres veces a la semana.

 

Su drama comenzó el 29 de noviembre de 2002. Ese día, mientras se desarrollaba la llamada Operación Orión, su hijo Carlos Emilio desapareció. Hacia las ocho de la mañana, él le dijo que iba a salir de casa en el barrio Robledo y que iba a ir a visitar a unos familiares al sector de San Javier, en la Comuna 13. Antes, fue a la casa de su novia en la misma zona, hasta donde llegaron desconocidos a preguntarlo. Ella les dijo que estaba dormido, pero él se levantó y salió a atenderlos.

 

A las nueve de la noche llegaron a la casa de Gloria Holguín a decirle que lo habían asesinado. Después corrió el rumor de que sucedió hacia las cuatro de la tarde y que lo habían enterrado junto a tres o cuatro hombres más en las lomas de San Javier. Desde ese día ella empezó a buscarlo. Al día siguiente acudió a la comuna y en la vía hacia La Escombrera lo primero que encontró fue un retén del Ejército: ‘Había de todo. Paramilitares, militares, Policía, Fiscalía”, recuerda hoy.

 

Cuando le pidió a uno de los muchachos del barrio que le entregaran el cuerpo de su hijo, la respuesta negativa llegó acompañada de una excusa insólita: “estamos en tregua navideña”. Después de preguntar a unos y otros, sin rastro alguno de su hijo, llegó a las puertas de Madres de la Candelaria, una organización de Medellín que integra a víctimas del conflicto. Entonces supo que familiares de las víctimas de la Comuna 13 se reunían cada 15 días en el convento de la Madre Laura.

 

 

 

La Comuna 13, situada al occidente de Medellín, constituye un asentamiento de 19 barrios y unos 135.885 habitantes, la mayoría de estrato socioeconómico bajo. El Plan de Desarrollo Local (2010-2020) señala que el 70,73% de sus viviendas pertenece a esta condición y, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, el asentamiento comenzó a formarse desde finales de los años 40 como resultado de procesos migratorios desde distintas regiones del país. Además de la búsqueda de opciones económicas llegaron muchas familias huyendo de la violencia. 

 

En esta dinámica de exclusión social y de marginalidad creciente, desde los años 80 empezaron a consolidarse en la zona diversas organizaciones sociales y comunitarias, que suplieron las funciones de una institucionalidad que siempre estuvo ausente y que, además de ahondar la brecha de la desigualdad, incumplió con garantías mínimas para una vida digna. Este liderazgo ciudadano hizo de la Comuna 13 de Medellín un modelo de convivencia en el que la gente fue protagonista.

 

Sin embargo, como lo detalló el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, al tiempo que se agudizaron los problemas sociales en la comuna, también en esa misma década comenzaron a aparecer grupos armados ilegales denominados como “combos” o “bandas”, inicialmente para ofrecer servicios ilegales de «protección violenta» en la zona y luego para ejercer hegemonía territorial. En respuesta, algunos habitantes del sector optaron por enfrentarlos con mano propia.

 

En ese contexto, agravado por el acoso del narcotráfico, se fueron legitimando milicias populares como los Comandos Armados del Pueblo, que terminaron siendo la antesala para la incursión de milicias de las Farc o del Eln. No obstante, a pesar de la influencia creciente de estos grupos en la Comuna 13 en los años 90, los espacios organizativos populares no fueron totalmente cooptados. Incluso algunos grupos juveniles culturales se constituyeron en auténtico ejemplo de resistencia pacífica.

 

Con la llegada del siglo XXI se recrudeció también la confrontación armada en la Comuna 13. Aunque los grupos de autodefensa ya tenían asiento en Medellín y desde los tiempos de Pablo Escobar Gaviria tuvieron violento protagonismo en la ciudad, desde finales de la década de los 90 consolidaron su presencia a través de estructuras derivadas del movimiento Autodefensas Unidas de Colombia. Primero a través del Bloque Metro y luego por intermedio del Bloque Cacique Nutibara.

 

 

En 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia de Colombia, la Comuna 13 era un campo minado. Los milicianos de las Farc y el Eln libraban una lucha territorial con el paramilitarismo. En medio del fuego cruzado, las organizaciones sociales y populares resistían a los violentos. Sin embargo, recién posesionado y bajo la premisa de la Seguridad Democrática, el nuevo mandatario concluyó que la manera de erradicar el problema era la confrontación armada.

 

En esa decisión no importó vincular a la población civil al conflicto, no solo reduciendo o limitando derechos y garantías de los pobladores, sino utilizándolos como informantes de la fuerza pública. Hoy, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos que ha evaluado el impacto de la aplicación de esa política en la Comuna 13 entre 2002 y 2003, acogiendo informes de Fiscales Especializados de Medellín, ha confirmado que la Policía usó civiles como informantes para desarrollar acciones de guerra.

 

Fueron 20 operaciones militares para retomar el control territorial en la Comuna 13. Primavera, Violeta, Otoño, Mariscal, Contra-fuego, Otoño II, Marfil, Prisma, Águila, Horizonte, Azabache, Horizonte II, Transparencia, Potestad, Náufrago, Antorcha, Orquídea, Turquesa, Saturno y Orión son los nombres de acciones en las que el Estado desconoció obligaciones recogidas en el Derecho Internacional Humanitario en temas como protección al derecho a la vida e integridad personal de los civiles.

 

El saldo de víctimas fue de al menos 92 desaparecidos, 88 homicidios, 370 detenciones arbitrarias y 80 civiles heridos, entre ellos un bebé de pocos meses de edad. Y lo que es peor, no solo existen testimonios que prueban acciones conjuntas de miembros del Estado con integrantes de las autodefensas, sino que buena parte de los desaparecidos, fueron enterrados en el sector de La Escombrera, un botadero de materiales en los límites de la omuna 13 con el corregimiento de San Cristóbal.

 

La resistencia la representó un grupo de hombres y mujeres que, portando pañuelos blancos, empezó a reunirse en el convento de la Madre Laura, entre ellos estuvo el líder social Jaider Ramírez, asesinado años después por paramilitares. También Gloria Holguín, siempre buscando a su hijo desaparecido y participando en múltiples talleres de apoyo sicosocial o actos simbólicos, plantones y vigilias, para ayudar a otras mujeres como ella a sobrellevar el dolor y a seguir denunciado en voz alta los crímenes cometidos contra la población civil no combatiente. 

 

En el año 2006, fueron ellas quienes convocaron a la primera movilización masiva hacia el sector de La Escombrera, exigiendo su cierre para seguir buscando a sus hijos desaparecidos. Seis años después, en 2012, crearon la Comisión Internacional de Esclarecimiento, a través de la cual cuatro comisionados internacionales y dos nacionales lograron documentar varios casos significativos. Entre ellos el de Carlos Emilio Torres Holguín, el hijo de Gloria Holguín.

 

Hace dos años, las Mujeres Caminando por la Verdad inauguraron el Salón Tejiendo Memoria en el Convento de la Madre Laura, su sitio de encuentro. Y ese mismo año 2013, su lucha las llevó a participar en la remoción de escombros que se inició el pasado 5 de agosto del 2015 en La Arenera, un sector específico de La Escombrera, en la Comuna 13. El 9 de septiembre recibieron el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría ‘Experiencia colectiva del año’.

 

Hoy, el caso Carlos Emilio Torres Holguín tiene algunos avances. Gloria Holguín ha sido reconocida como víctima y fue reparada económicamente. Sin embargo ella insiste en que “la verdadera reparación es la verdad”. Por eso, asistió a una audiencia de Justicia y Paz realizada en Estados Unidos contra el excomandante del bloque Cacique Nutibara, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, hoy condenado a 31 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

 

En dicha diligencia judicial, Gloria Holguín le preguntó personalmente a Don Berna por su hijo. En 2009, ya había confesado que él planeó la operación Orión junto al general Mario Montoya Uribe, en esa época comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y del coronel Leonardo Gallego, comandante de la Policía en Medellín. 

 

En esta ocasión, el postulado aportó poco al esclarecimiento del crimen y en cambio denunció una campaña en su contra para silenciarlo. Según Don Berna, con su extradición a Estados Unidos, sus duras condiciones de reclusión, las dificultades para comparecer virtualmente ante la justicia colombiana o las amenazas contra su bancada de defensa, se dificultó su posibilidad de aportar la verdad de lo sucedido en la Comuna 13 y en otros lugares de Antioquia. Sin embargo, uno de sus secuaces, Juan Carlos Villada, alias Móvil 8, declaró que a Carlos Emilio Torres lo asesinaron y lo enterraron en La Escombrera.

 

Móvil 8 confesó que lo hicieron por “llevar información de las autodefensas a la Policía” y que fue sumado a la cifra de 300 cuerpos enterrados. Este paramilitar que estuvo en el bloque Cacique Nutibara no se encuentra en Justicia y Paz y está condenado a 49 años de prisión. Aparte de su declaración, poco se sabe sobre Carlos Emilio Torres y demás desaparecidos enterrados en la Escombrera. Es más, ni siquiera se conoce la cifra exacta de las víctimas ni su ubicación en terreno.

 

En pocas palabras, la verdad de La Escombrera, 13 años después continúa enterrada sobre toneladas de escombros que falta por remover. Pero Gloria Holguín no pierde la esperanza y persiste en su reclamo a las autoridades o a los procesados para que alguno le diga dónde está el cuerpo de su hijo para enterrarlo como corresponde. Entre tanto, cuando se refiriere a los responsables manifiesta sin esguinces: ‘Que los perdone mi Dios porque yo no los voy a perdonar’.

 

*Este trabajo se construyó en el marco de un programa especial de asesoría a periodistas regionales en Colombia, liderado por Consejo de Redacción (CdR) y su iniciativa de Plataforma de Periodismo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).